Malestar entre los encuestadores del Instituto de Estadística

Cuatrocientos empleados del Instituto Nacional de Estadística (la totalidad del personal encargado de las encuestas de población activa) pueden ir próximamente a la huelga legal en todo el país, si no ven satisfechas sus reivindicaciones laborales.El malestar existente entre estos trabajadores se debe a que vienen prestando servicios para el INE desde 1964, y hasta diez años más tarde no se les reconoció su categoría laboral al firmar el contrato de trabajo por el que se incorporaban a la plantilla del Instituto. Sin embargo, no se les reconoció la antigüedad de los diez años anteriores, petición que actualmente reivindican.

En el mencionado contrato se especificaba que las retribuciones se fijarían según la ordenanza laboral de oficinas y despachos, el convenio colectivo de este mismo sector o, en su caso, el laudo arbitral. Pese a ello, durante los dos primeros años de su vigencia, el INE pagó sus salarios según la ordenanza laboral, aunque los estipulados en el convenio eran superiores. El pago de la prima convenio de ambos años es, pues, otra de las peticiones de los encuestadores.

Otro de los problemas de este cuerpo es la falta de reconocimiento del Ministerio de Hacienda del contrato laboral firmado con Presidencia del Gobierno (entidad de la que depende el Instituto Nacional de Estadística), reconocimiento necesario para hacer efectivas las retribuciones de los dos años mencionados. Por otra parte, se estima un retraso de varios meses en el cobro de las primas del convenio desde que comenzaron a percibirlas en 1976. Presidencia del Gobierno alega que carece de fondos para abonar los atrasos, y el Ministerio de Hacienda, por su parte, no ofrece ese dinero porque no reconoce el contrato firmado en 1974, siendo, al menos éste, el argumento utilizado por el INE.

Ante esta situación, los citados trabajadores han intentado repetidas veces negociar con la Administración, sin que se haya llegado a ningún acuerdo. Para conseguir sus reivindicaciones, según informaron fuentes laborales a EL PAIS, están dispuestos a acudir a la huelga legal en cuanto tal decisión sea adoptada en todas las provincias españolas.