La Diputación de Vizcaya hipoteca el futuro urbanístico de la provincia

Ciento setenta y siete vecinos de los municipios vizcaínos de Munguía y Lemóniz han presentado sendos expedientes ante sus respectivos ayuntamientos para que adopten las siguientes resoluciones en tomo a la central nuclear que Iberduero, SA construye en terrenos de ambos municipios: declarar la clandestinidad e ilegalidad de las obras, ordenar la demolición de lo ya construido y denegar los permisos de instalación y obra.A esta acción privada, que debe ser resuelta en un plazo máximo de seis meses, se han sumado también la Hermandad de Labradores, la Cooperativa Agrícola de Lemóniz y la Cofradía de Pescadores de Erminza. En la actualidad se está elaborando un dossier de todo el tema para ejercitar, en nombre de la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no Nuclear, la acción pública que prevé la ley del Suelo.

Los argumentos empleados para demostrar la ilegalidad de las obras son de dos órdenes: uno, puramente administrativo, que hace referencia a las licencias y a los terrenos sobre los que se ubica la central, y otro, más técnico, en el que se abordan directamente las dudas que plantea la seguridad de la central.

Por lo que respecta al orden administrativo, he aquí algunas de las razones que a juicio de los afectados demuestran la ilegalidad de las obras: han sido ejecutadas al amparo de una licencia provisional, cuando se trata de construcciones definitivas; el suelo sobre el que se levantan está calificado parcialmente como rural y de parque; ni la autorización provisional de la Dirección General de Energía, ni la utilización de una zona marítimo-terrestre significan que pueda prescíndirse del permiso municipal.

Desde el punto de vista de la seguridad de las obras, cuestión de importancia al tratarse de una central nuclear, se subrayan las siguientes irregularidades: al haberse llevado a cabo gran parte de la construcción sin la autorización de la Dirección General de Energía, difícilmente puede haber existido un control que resulta por otra parte preceptivo; las obras no contaron hasta el pasado año ni siquiera con el visado técnico, que podía haberse obtenido por medio de los Colegios de Arquitectos o Ingenieros.

En virtud de todo ello, y aparte de las peticiones ya señaladas para que los dos ayuntamientos directamente afectados detengan las obras, los firmantes piden a la Dirección General de Energía que retire el permiso de construcción e inicie los trámites oportunos para que se solicite informe del caso a la Organización Internacional de Energía, que tiene su sede en Viena.

Ante este cúmulo de irregularidades, la Diputación vizcaína ha venido guardando hasta hace tan sólo unas semanas un riguroso silencio, pese a que entre sus actuales cometidos figura la ordenación urbanística de la provincia, que queda seriamente hipotecada por esta central nuclear.

Este silencio se ha mantenido pese a que la vecina Corporacion guipuzcoana se opuso a otro proyecto similar en Deva, basándose para ello en un estudio científico encargado a una cornisión norteamericana especializada. El informe de Dames and Moore basaba su negativa precisamente en razones de seguridad y de excesiva concentración demográfica en torno a la central. Es te último razonamiento se agrava en el caso de Lemóniz, situado a tan sólo dieciocho kilómetros del Gran Bilbao, con una población cercana ya al millón de habitantes.

El silencio de la Diputación vizcaína era, por otra parte, más cul pable teniendo en cuenta que en julio del pasado año más de sesenta entidades vizcaínas pidieron a la Corporación provincial que paralizase las obras; que el 29 de agosto se manifestaron en Plencia cerca de 50.000 personas con la misma petición; que durante los meses siguientes, la Comisión por una Costa Vasca no Nuclear ha denunciado un cúmulo de irregular¡dades jurídicas en la construcción de Lemóniz.

Pero la Diputación, no conforme con mantenere al margen, se acaba de pronunciar a favor del proyecto al aprobar en una sesión celebrada casi a escondidas, durante la pasada Semana Santa, el cambio de calificación urbanística de los terre nossobre los que se levanta la central. La calificación de rural y de parque ha sido cambiada por la de industrial para restar a los opositores del proyecto una. de sus armas más importantes.

Este cambio de calificación carece, por otra parte, de valor efectivo, hasta tanto no cuente con el visto bueno del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Estado, mecanismos ambos que el legislador puso en pie, precisamente, para impedir que por cualquier motivación especulativa pudieran modificarse las zonas verdes, que se consideran como un bien de toda la comunidad.

A todo esto se añade que con esta decisión, que supone en cierto modo dar el visto bueno a la central nuclear, la Diputación de Vizcaya hipoteca seriamente el futuro urbanístico de media provincia. Dadas las normas norteamericanas sobre población en las zonas próximas a las centrales nucleares, prácticamente media Vizcaya queda congelada desde el punto de vista demográfico. Esto queda patente en el mismo estudio que Iberduero, SA, presentó para obtener el permiso de construcción.

Según este estudio, en un radio de ocho kilómetros en torno a la central habitarán dentro de treinta años tan sólo 3 1.000 personas, cuando resulta que la propia Diputación vizcaína prevé en sus planes provinciales una población de 200.000 habitantes para la comarca de Plencia-Munguía dentro de sólo diez años.

Esta evidente contradicción no ha sido, sin embargo, obstáculo suficiente para que una Diputación que carece de representatividad alguna no tenga reparos en adoptar una decisión de consecuencias tan largas en el tiempo, y que contradicen tan flagrantemente su propia política.

Siguiendo con el estudio poblacional de Iberduero, SA, mientras que en Plencia-Munguía coloca tan sólo a 3 1.000 personas, acepta que en los municipios de Portugalete y Santurce puedan vivir para esa misma fecha nada menos que 940.000 habitantes, cuando resulta que hoy mismo ambos términos municipales se encuentran ya saturados con una población de tan sólo 120.000 personas.

En opinión de la mayoría de los urbanistas vizcaínos, se trata de un auténtico disparate.