La CEE aprueba un mandato negociador con España y prorroga el régimen pesquero transitorio

La tesis de una adaptación de las relaciones comerciales España-CEE en dos etapas, una jurídica, antes, del 1 de julio, y otra económica, para otoño, fue aprobada ayer, por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CEE, reunido a última hora de la noche en el centro europeo de Kirbreg, en Luxemburgo.Por otra parte, los ministros decidieron prolongar por tres meses, del 1 de abril al 30 de junio, el acuerdo provisional de pesca hispano-comunitario. Sin embargo, el acceso de barcos españoles a la zona comunitaria de doscientas millas marinas queda sujeto a licencias.

Los nueve darán licencias a 114 barcos españoles, a la espera de negociar un acuerdo definitivo pesquero entre España y la CEE.

La propuesta de una adaptación del acuerdo en dos etapas es contraria a las ideas del Gobierno de Madrid sobre el asunto. Naturalmente un Gobierno con pocos meses de vida, a la luz de las próximas elecciones, tenía pocas posibilidades de exigir otras alternativas a los comunitarios.

La primera etapa consistirá en una extensión del acuerdo España-CEE de los seis, en vigor desde octubre de 1970, a la realidad de la CEE de los nueve. Se trata de un problema jurídico intracomunitario y sólo habrá que aumentar los contingentes de algunos productos españoles (vinos, productos petrolíferos refinados y otros) a la CEE de los nueve. De todo ello se ocuparán próximamente en Bruselas los expertos del denominado Comité 113.

La segunda etapa prevé concesiones «mutuas », agrícolas e industriales. La CEE promete negociar la misma en otoño (es decir, con el Gobierno que salga después de las elecciones).

Las dificultades para España de obtener, en el momento presente, concesiones agrícolas suplementarias, radicó en la reserva italiana. Roma no quiere dar ninguna ventaja agrícola más a un país tercero, sin previas compensaciones por el daño que le causa el conjunto de preferencias agrarias CEE al abanico de países mediterráneos, unidos a la CEE por acuerdo que, en muchas ocasiones, tiene más ventajas que el español.

¿Cómo justificará la Administración española el fracaso de su intento negociador en la CEE? No cabe duda que habrá razones para dorar la píldora. Entretanto el problema de fondo quedará por resolver. Sólo podrá enfocarse -lo que no quiere decir solucionarlo- bajo la óptica de una demanda formal de adhesión española a la CEE. Para intentarlo, probablemente en septiembre u octubre, hay que celebrar primero elecciones generales.

En los medios políticos y diplomáticos presentes en Luxemburgo parece evidente que las capitales de los nueve quieren reservarse el gesto político de nuevas concesiones a España para el Gobierno de la democracia.