La ley antiterrorista seguirá en vigor
La ley antiterrorista con la que el Gobierno británico pretende mantener fuera del Reino Unido a activistas ligados al IRA provisional seguirá en vigor al menos un año más, a pesar de la oposición de la izquierda laborista, que quería ver abolidas estas medidas especiales. En una votación forzada por ese sector laborista, la intención del Gobierno de mantener la legislación obtuvo 140 votos, 125 más de los que consíguió la posición contraria.La ley antiterrorista le da a la policía poderes extraordinarios, que comprenden la detención sin cargos de sospechosos de terrorismo por un período no superior a una semana. Esta ley es una prolongación de las medidas que se introdujeron en noviembre de 1974, después de los atentados que causaron dos matanzas en sendos bares de Birmingham. El año pasado aquella legislación especial fue implementada y convertida en un texto legal cuyo carácter provisional obliga a su revisión anual. El propósito principal de la ley es mantener alejados del Reino Unido a activistas irlandeses que quieran prolongar en suelo británico la lucha que se mantiene en el Ulster, en cuya capital, Belfast, estallaron ayer tres bombas y un joven de dieciocho años fue asesinado cuando trataba de denunciar la presencia de otro artefacto.
La razón dada por el Ministerio del Interior para pedir la renovación de la ley antiterrorista, que expiraba el próximo 24 de marzo, es la persistencia de los motivos que la hicieron necesaria en 1974. Según Marlyn Rees, que es alyora titular de aquel Ministerio y que antes fue ministro encargado de los asuntos del Ulster, el IRA sigue existiendo y mantiene su convicción de que el único modo de expulsar a los británicos de Irlanda es incrementando el ejercicio de la violencia, tanto en territorio irlandés como en suelo británico.
Los laboristas, que se han opuesto a la renovación de las medidas, consideran que con la legislación común también se puede controlar la actividad terrorista. Ian Mikardo, uno de los parlamentarios que votó en contra de las intenciones del Gobierno, dijo en el curso del debate que había que estudiar a fondo si los beneficios obtenidos con la aplicación de la ley han sido suficientes «para compensar la erosión de las libertades públicas».
