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El caso Lockheed

Cid Cebrián: "Los dos procesamientos sólo son la punta del iceberg"

El abogado Miguel Cid Cebrián, que en su día presentó querella criminal ejercitando la acción popular por los supuestos delitos que se hubieran podido cometer en el caso de la Lockheed, manifestó ayer a los periodistas que la actual situación del caso -con el procesamiento de dos militares- no es «más que la punta del iceberg de un escándalo de corrupción que representa la de otros numerosos casos que durante cuarenta años se han venido practicando en nuestro país de forma normal-, y el Gobierno puede dar ahora la medida de su interés en tirar de la manta de toda esa corrupción». El motivo de la rueda de prensa -celebrada en la sede de Sábado Grafico- fue informar que la jurisdicción civil le había rechazado su querella a causa de haber pasado el sumario a la jurisdicción militar.

El abogado Cid Cebrián hizo notar que los dos procesados, el general Luis Rey y el coronel Carlos Grandal, están acusados en base al artículo 198 del Código Penal. Este señala: «La autoridad o funcionario público que, prevaliéndose de su cargo, ejerciere alguna profesión directamente relacionada con la esfera de sus atribuciones oficiales o interviniere directa o indirectamente en empresas o asociaciones privadas con móvil de lucro, incurrirá en la pena de inhabilitación especial y multa de 10.000 a 500.000 pesetas.» El abogado precisó que esto significa «que no se les juzga por presunto delito de soborno y a todo lo que este asunto puede quedar reducido es a una pequeña multa y, a lo sumo, quitarles los cargos militares que ostentan los dos procesados».«En cuanto a los regalos hechos en Navidad por la Lockheed a empleados de Iberia o de Construcciones Aeronáuticas, SA, como éstos no son funcionarios, no se considera delito de cohecho», según refirió el señor Cid Cebrián comodato, que aportaba el informe del fiscal del Tribunal Supremo al Juzgado de Instrucción número 12.

«En consecuencia -estimó el abogado-, esas personas que recibieron regalos no sólo no sentirán la más mínima sanción sino que la opinión pública quedará sin saber quiénes son esos empleados de empresas públicas que aceptan tales dádivas.»

Durante la rueda de prensa el señor Cid Cebrián aclaró que su interés al presentar la querella fue triple: salir al paso de un tipo de delito que en España no se perseguía demasiado, poner en evidencia las lagunas de la legislación española en materia de sanción de estos delitos y demostrar que, lejos de otros países democráticos, España no disponía del esquema de partidos, parlamentario y de libertad de prensa suficiente como para poder trasladar a la opinión pública los detalles de una delincuencia asentada en la corrupción administrafiva. «Resultaba paradójico que, en el asunto Lockheed, la primera persona procesada fuese un periodista (el director de Sábado Gráfico) por haber publicado una lista de nombres de presuntos implicados en un affaire del que ni siquiera se señalaba su nombre.»

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