"La autonomía universitaria es inseparable de una gestión democrática

El Ministerio de Educación y Ciencia estudia en estos momentos un proyecto de decreto que regule la autonomía universitaria, desarrollando la ley General de Educación. Esta autonomía, reivindicada por amplios sectores de la Universidad, se considera piedra, angular para un auténtico cambio que adapte la institución a las nuevas necesidades sociales.

A la hora de sacar a. la luz unas normas que regulen la autonomía universitaria, surgen muchas preguntas sobre si aquélla va a ser, todo lo más, una autonomía otorgada desde la Administración o si el Ministerio piensa contar realmente con todos los estamentos implicados. Las autoridades ministeriales han anunciado que repartirán próximamente una encuesta entre el profesorado para que se pronuncie al respecto. Sin embargo, según fuentes del Departamento consultadas por EL PAIS, la participación de los alumnos podría dejarse en otro escalón, a otro nivel de consulta, que podría ser el de la elaboración de los estatutos universitarios.Las cuestiones principales que se está planteando el Ministerio al estudiar el decreto son la autonomía económica, la selección del profesorado y la elaboración de estatutos y planes de estudios. Por lo que respecta a la autonomía económica, existen, al parecer, varios problemas, entre ellos, los cauces administrativos y la intervención de otros departamentos, principalmente el de Hacienda, y otros jurídicos, en parte derivados de los anteriores. «No podemos cambiar la ley de presupuestos..»

Junto a los problemas que puedan trascender el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia, las universidades se preguntan, por ejemplo, quién fijará los presupuestos para ellas, y cuáles serán los criterios de distribución de los mismos.

Con respecto a la selección del profesorado, el Ministerio piensa que quede en manos de las universidades «una vez que ese profesorado pertenezca a los cuerpos estatales», según fuentes oficiales. En este caso habría que precisar si la contratación del profesorado no numerario, que es más del 70% de los docentes de Universidad, se mantendría según los criterios establecidos hasta ahora, es decir, a propuesta de los distintos departamentos de las facultades y con el visto bueno de los respectivos rectorados, y hasta qué punto los distritos serían autónomos para establecer con este profesorado las formas de contratación que creyeran más convenientes, de no variar a este respecto los esquemas existentes hasta ahora, y contra los que va, principalmente, la huelga de profesores no numerarios en petición de contrato laboral.

El Ministerio, dentro de este mismo campo, daría también cierta participación a la universidades en lo que se refiere a traslados y adscripción de profesores.

Con respecto a la elaboración de los estatutos, caben también varias preguntas. Amplios sectores coinciden en que los estatutos pueden ser elaborados por los claustros universitarios. Pero en este caso, hay que fijar quiénes componen ésos claustros y cuál ha de ser la forma de acceso a los mismos de los representantes estudiantiles, si se acepta la presencia de los estudiantes; de no aceptarse, convierte esos claustros en antidemocráticos para gran parte de universitarios, profesores y alumnos. En la idea del Ministerio parece que se sitúa a este nivel de los estatutos la participación del alumnado.

Educación y Ciencia piensa también que la autonomía tendría que estar controlada, por ejemplo, en materia de planes de estudio, ya que una excesiva disparidad en los mismos podría perjudicar en caso de traslados de estudiantes a otros distritos.

A la hora de establecer los criterios de autonomía, habrá quizá, un punto conflictivo con respecto a quiénes son los estamentos que han de participar en el gobierno de la Universidad. En los últimos tiempos, el personal no docente, integrado por administrativos y subalternos, ha venido expresando. su deseo de tomar parte en la gestión universitaria y en esta petición le han apoyado parte del profesorado y alumnos.

EL PAIS ha realizado una encuesta en los distintos sectores sobre qué aspectos debería contemplar el decreto de autonomía universitaria que el Ministerio de, Educación tiene en estudio; cuáles serían las directrices de una auténtica autonomía económica, de selección del profesorado y de elaboración de normas propias y qué estamentos han de participar en la gestión de la Universidad.

CARMÍNA VIRGILI,

Decana de la facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense

Unos criterios mínimos de autonomía serían que la Universidad se dé sus propios órganos de gobierno, tenga sus medios propios para reclutar el personal, se de sus planes de estudio y defina sus títulos, decida sus normas de funcionamiento y, entre ellas, la administración del presupuesto económico. Ello no excluye ni una planificación general a nivel del país, ni una responsabilidad frente a la sociedad, representada por sus instituciones. La autonomía universitaria no debe sólo plantearse en relación con el Estado, sino también frente a los grupos de presión, tales como empresas, banca e Iglesia. Una Universidad privada estaría aún más lejos de la autonomía que nuestras universidades actuales. La autonomía universitaria es, además, inseparable de una gestión democrática. Por ello no creo que la autonomía pueda concederse por decreto, sino que debe conquistarse y exige no sólo un cambio en profundidad de las estructuras universitarias, sino también del entorno político del país.

En otro orden de cosas, la actual dotación económica de las universidades en nuestro país, como todo el capítulo dedicado a educación e investigación, es completamente insuficiente. Creo que es necesario, por tanto, además de conceder una autonomía económica a las universidades, adecuar estas dotaciones y esto parece difícil sin una profunda reforma fiscal. Sería lamentable que volviera a producirse el error cometido al promulgar la ley de Educación, en la que, al suprimirse todo el capítulo de financiación de las reformas previstas, éstas se hicieron inviables.

Si hablamos de los principales obstáculos para la autonomía, creo que una Universidad autónoma y descentralizada sólo es posible en un contexto social y político que acepte la descentralización y la autonomía en todos los niveles. La Universidad Autónoma de Barcelona sólo fue posible con el Estatuto de 1932. Un obstáculo está en cuantos componemos la Universidad, en nuestra forma de concebir la autoridad. Creo que es necesario que quienes tenemos alguna autoridad académica caigamos en la cuenta de que debemos ser y actuar como representantes y delegados de. unos órganos de gobierno colectivos, democráticos y representativos en todos los componentes de la Universidad: alumnos, personal docente y no docente, unos órganos que puedan elegirnos y revocarnos y ante los cuales rindamos cuenta de nuestra gestión.

Sobre cómo puede controlarse la gestión de los catedráticos, podría decir que no tendría sentido salir del centralismo para caer en el caciquismo. Además, si se da una auténtica autonomía, cambiará la figura del catedrático. A una Universidad autónoma debe corresponder un estilo de profesorado en el que no tenga sentido el carácter de funcionario vitalicio; un profesorado que recupere plenamente su misión docente e investigadora, libre de responsabilidades administrativas y, sobre todo, dejando de actuar como guardián de un poder establecido y reproductor de un sistema.

Es a través de las facultades y departamentos, organizando unas prácticas o planificando un proyecto de investigación como debemos y podemos ir descubriendo las nuevas relaciones que permitirán un funcionamiento democrático. El estatuto es para mí la normativa que asegurará este fucionamiento. Y en su elaboración debemos intervenir todos cuantos, a cualquier nivel, trabajamos en la Universidad, buscando en nuestro entorno sugerencias y formulaciones. El estatuto debe contemplar la organización interna de la Universidad con el mismo criterio de descentralización de los órganos de decisión, es decir, debe darse autonomía a las facultades dentro de la Universidad y a los departamentos y equipos de trabajo dentro de las facultades. No creo, que esto signifique la atomización de esfuerzos s i esta autonomía se inserta en una planificación adecuada. .Descentraliza los órganos de gestión facilitaría la autonomía y la participación democrática, y al mismo tiempo, los agilizaría y simplificaría humanizando su comportamiento. No sé exactamente cómo deben redactarse unos estatutos que permitan todo esto, pero sé que entre todos llegaremos a hacerlos y a edificar una Universidad pública y autogestionada, cuyo control corresponda a instituciones que representen a la totalidad del pueblo.

JESUS HERMOSA

Delegado estudiantil de primer curso de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Valladolid.

Entiendo por autonomía universitaria, en cuya elaboración deben participar todos los estamentos, que la Universidad sea un organismo que garantice que los propios universitarios y sólo ellos, tengan el derecho y la responsabilidad de la gestión docente, cultural, académica, científica, administrativa y financiera.

A mi juicio, el estatuto de autonomía debería contemplar los siguientes puntos: 1) La Universidad tiene que ser un organismo de carácter cultural con funciones dirigidas a la mayoría de la población; 2) debe asumir los derechos y deberes que disponga la Constitución democrática del Estado; 3) debe reconocer todos los derechos y libertades (reunión, expresión, asociación); 4) debe tener derecho a participar en defensa de los intereses de los propios universitarios, en los órganos de poder del Estado.

Con respecto a la autonomía económica, considero que la Universidad, como servicio estatal que es, tiene que recibir fondos del Estado para su financiación, fondos que se completarán mediante otras fuentes, estudiadas, por una comisión económica de claustro (tasas académicas discriminatorias, donaciones, etcétera).

Por otro lado, creo que los departamentos son la unidad básica de docencia e investigación, y deben estar compuestos por el conjunto de profesores de la especialidad (numerarios y no numerarios), un número igual de estudiantes y la totalidad de docentes del departamento.

MANUELA PALAFOX

Representante del personal administrativo. Facultad de Económicas de la Universidad Complutense.

Entiendo la autonomía universitaria como el autogobierno de la comunidad universitaria por parte de todos los estamentos que integran la Universidad -personal docente, no docente y discente-, independientemente de la Administración ceniral, Esta autonomía se concretaría en los planes de estudio, contratación del personal (número y tipo de contrato), organización interna y fijación, distribución y gestión, del presupuesto.

El problema fundamental que plantearía la autonomía económica sería la posible insuficiencia de recursos, que podría provocar el incremento de las tasas académicas, con la consiguiente selectividad del alumnado en base a criterios puramente económicos. Ello impediría el acceso a la Universidad de las clases económicamente débiles.

Pensamos que cada centro universitario debe estar gobernado por una comisión gestora tripartita y paritaria de docentes, alumnos y personal no docente.