Las trece coIonias

Cuando después de la Declaración de Independencia de 1776 se reúnen, en la lengendaria Convención de Filadelfia de 1787, los representantes de las trece colonias que darán lugar a los Estados Unidos de América, su objetivo era claro: establecer un pacto por escrito que permitiera la convivencia política de todos los ciudadanos y asegurase un proyecto común de vida independiente, libre y democrática. El pacto cristalizaría en una constitución que, con todas las limitaciones que se quiera, sigue estando vigente casi dos siglos después de su redacción. Una de las razones de esta singularidad histórica, que convierte al texto americano en la primera y más antigua de las constituciones actualmente en vigor, salvo el peculiar caso británico, reside probablemente en el acierto de haber sabido encontrar en su momento una solución satisfactoria en los dos problemas más decisivos con que se enfrentaban los padres fundadores de la nación americana: la forma de Gobierno y la forma de Estado. El acierto llegó incluso hasta el límite de convertirse en una verdadera invención dentro del contexto de la época.Por una parte, se inventó la forma republicana, en sentido moderno, de Gobierno. En el mundo de ese tiempo lo predominante era la Monarquía y, sin embargo, se optó, excepto alguna tendencia minoritaria que preconizaba la conversión en rey de George Washington, masivamente por la firma republicana presidencial. Por otra, se inventó asimismo un sistema de Estado que reconocía la personalidad de cada antigua colonia por medio de la unión de todas ellas en un conjunto armónico: se alúmbró así el sistema del Estado federal. Desde entonces, con excepción de la única sombra de la crisis de la guerra de Secesión, ambas vertientes del sistema político americano se han consolidado de tal manera que se han convertido en parte del acervo esencial de la nación estadounidense. A partir de esa fecha se han sucedido muchas cosas en nuestro planeta: hubo revoluciones de todos los signos, se idearon técnicas que han permitido llegar al hombre a la Luna, la medicina dio pasos de gigante, la intercomunicación entre los países ha llegado a ser amplísima, se descolonizaron tierras que se convirtieron en Estados soberanos, se perfeccionó el arsenal jurídico de los pueblos, surgieron Estados socialistas, se fundó la Organización de las Naciones Unidas. En definitiva, aunque también con su lado sombrío repleto de tristes secuelas, el mundo dio muchas vueltas.

Pero he aquí que, en un pequeño país europeo, el cual precisamente fue el engendrador de la epopeya que dio lugar al nacimiento de las naciones en el Nuevo Mundo, se plantea, dos siglos después, un problema semejante al de las trece colonias americanas: es necesario crear un pacto que posibilite la convivencia pacífica de un pueblo que, tras cuarenta años de sumisión política, intenta acceder a su. independencia libre y soberana. En otras palabras, la hora de nuestro país es la misma que la de esas trece colonias de 1787. Nos encontramos ante la convocatoria de unas inmediatas elecciones a Cortes Constituyentes, cuya misión prístina es lograr una Constitución cimentada en un pacto nacional que sea susceptible de sacarnos definitivamente del vaivén histórico de pasos de borracho sufrido durante un período de casi dos siglos. Y, curiosamente también los dos puntos más decisivos con que nos enfrentamos hoy, dejando de lado, por supuesto, otros asimismo importantes, son los de la forma de Gobierno y la forma de Estado. El acierto americano consistió principalmente en que en el momento de llegar a la Convención de mayo de 1787 para emprender sus trabajos, los distintos representantes estaban ya tácitamente preparados para el acuerdo sobre ambas cuestiones, que todavía se presentaban difusas. El desastre español podría ser que los representantes que accedan a las Cortés, posteriormente a las elecciones de junio, no concurran con ese espíritu de concordia y comprensión mutua.

En efecto, podemos señalar ya que las fuerzas de centro -aunque no todas- y de derecha, en su inmensa mayoría, reivindican claramente la forma monárquica de Gobierno para el futuro español, mientras que las de izquierda todavía siguen haciendo bandera de su republicanismo. Al mismo tiempo, las izquierdas, casi en mayoría, y algunas centristas, desean la forma federal del Estado español para el porvenir, mientras que las fuerzas de derecha, y muchas de centro, no acaban de asimilar (en bastantes casos, habría que decir no empiezan) el «espantajo» semántico de la fórmula federal o similar. Existe, pues, un peligro tangible de que en caso de que no se llegue a un acuerdo o consensus sobre estas materias explosivas, las próximas Cortes se aproximen lo más posible a lo que fue la Torre de Babel.

La cuestión me parece clara: resulta absolutamente imprescindible la creación de un pacto constitucional mayoritario en el país, representado por las distintas fuerzas políticas, para contar en las Constituyentes con un camino trillado que facilite ponerse de acuerdo rápidamente sobre tan espinosos problemas. Una de las constantes de nuestra accidentada historia constitucional ha radicado en el deseo de imponer, mediante la fuerza, la visión política parcial de un sector de la sociedad a los restantes. Dicho de otra forma: nuestras Constituciones no han logrado arraigar en nuestro suelo porque no eran pactos, sino imposiciones repletas de una determinada coloración ideológica que se hacía literalmente «tragar» a los contrincantes. Pues bien, esto es justamente lo que hay que evitar a toda costa en esta evidente oportunidad histórica. Es ya un tópico indicar que el conjunto de nuestro pueblo no está por los extremismos y que, bien al contrario, desea un sistema democrático similar al de otros países occidentales. Así, si el marxismo manifiesta que para la aparición de la revolución es necesaria la concurrencia de condiciones objetivas, por un lado, y subjetivas por otro, podríamos servirnos de tal fórmula en lo que respecta a la democracia que se aspira entre nosotros.

Por lo pronto, debemos convenir en que por vez primera en nuestra historia, a pesar de coyunturales peligros económicos o conspiratorios, asistimos a la existencia de unas condiciones objetivas válidas y suficientes para implantar la democracia. Sólo quedan, por tanto, las subjetivas, cuya base decisiva pasa por el acuerdo, entre las distintas fuerzas políticas representantes del pueblo, sobre los dos puntos mencionados. Unicamente mediante el sentido común, las negociaciones y una actitud consistente en ceder cada uno en sus respectivas posiciones, será factible la consecución y consolidación de un documento constitucional aceptado y respetado por todos.

¿Cómo es posible arribar a este puerto, para algunos, utópico? Volvamos a uno y otro problema. Respecto a la forma de Gobierno, las izquierdas deberían aceptar sin discusión que, siempre que haya hechos demostrativos por parte de la Corona, la Monarquía es susceptible de cobijar un sistema plenamente democrático -y hasta limitadamente socialista- como ocurre en otros países europeos. Y las derechas, puesto que incluso reconocen ya mayoritariamente la necesidad del reconocimiento del hecho regional, deberían llegar al punto de perder ese miedo semántico a la palabra «federal», para empezar a hablar del mayor o menor alcance de su contenido, despojado de toda connotación emotiva, puesto que a la larga autonomía, regionalismo o federalismo significa sustancialmente lo mismo disfrazado con palabras diferentes. Unas y otras podrían basar esa mutua aceptación en el acuerdo de que en la futura Constitución se regulara, mediante procedimientos más o menos rígidos que fueran un freno a los cambios de humor políticos de futuros parlamentos, la posibilidad de cambiar, siguiendo la vía constitucional, tanto la forma de Gobierno como la del Estado, si así llegara a desearlo y solicitarlo el pueblo a través del referéndum. Quedan pocos meses ya para que se levante el telón: ¿será posible que en España, como ocurrió con las trece colonias americanas, podamos ver una Constitución de todos y para todos?