Archivo cerrado

José Antonio Martínez Bara, funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos desde al año 1941, vicedirector del Archivo Histórico Nacional y vocal de la junta directiva.del Instituto de Estudios Madrileños, por las presentes líneas denuncia la inaccesibilidad, al menos desde octubre del pasado año, del Archivo del Instituto Nacional de la Vivienda, organismo autónomo del Estado -no privado, como se le ha dicho verbalmente- cuyos fondos documentales debe consultar para llevar a cabo un trabajo de investigación sobre las barriadas de Ciudad Jardín y la Prosperidad con sus colonias respectivas, con el fin de cumplimentar un contrato suscrito con la Editorial Espasa-Calpe para la edición de una Historia de Madrid, por- fascículos, próxima a aparecer, obra patrocinada porel excelentísimo Ayuntamiento y el Instituto de Estudios Madrileños, como conmemoración de sus bodas de plata de esta institución. En consecuencia, el interesado, ante la negativa de consulta de la documentación por parte de la directora del expresado Archivo -que cumplía, al parecer, órdenes superiores- en el mes de noviembre rogó, al comisario nacional subdirector general de Archivos que - oficiase, como lo hizo, al ilustrísimo señor director del susodicho Instituto recordándole la contravención cometida respecto a la accesibilidad de los Archivos del Estado, sin que hasta la fecha se haya dignado contestar, por lo que José Antonio Martínez Bara eleva esta petición públicamente al excelentísimo señor ministro de la Vivienda, para que urgente se le autorice la consulta de documentación requerida. Al propio tiempo, se reserva las acciones posteriores que pudieran surgir de una posible reclamación judicial por parte de la Editorial Espasa-Calpe contra el interesado por falta de cumplimiento del contrato suscrito el pasado 25 de octubre, al dicho efecto, y la difusión de esta carta en todos los medios de expresión. Expone en estas líneas, igualmente, infundado temor de que, con notorio incumplimiento de la ley de Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental, pueda sufrir este Archivo, como ha sucedido y sucede en otros organismos del Estado, una mengua sustancial de sus fóndos, en detrimento del Patrimonio Documental de la Nación.