"El Estado no puede entrar en la legislación sobre el matrimonio

Bajo el titulo El divorcio y la opinión pública, el obispo de Orihuela-Alicante, monseñor Pablo Barrachina, ha publicado una exhortación pastoral en la que afirma que «si las objeciones que ve presentan contra el sacramento del matrimonio se opusieran a los contratos humanos, nada se podría pactar entre los hombres y la palabra dada, aunque fuera de notario, no tendría después ningún valor».

El prelado señala que «no podemos ni debemos callar» ante las campañas actualmente existentes en nuestro país que, al utilizar los medios de comunicación social, intentan introducir el divorcio en nuestra legislación. Sin embargo monseñor Barrachina dice: «hemos de proclamar, por exigencias de justicia, y lo hacemos con toda satisfacción, que existen escritores, periodistas y actores verdaderamente ejemplares, que saben sustraerse a las influencias sociales de todo género; que luchan contra el tiempo para informar oportunamente; que se encuentran muchas veces ante imperativos contrarios de conciencia, sin saber si hablar o callar, de una manera o de otra».Por lo que se refiere a los partidarios del divorcio, el obispo de Orihuela-Alicante indica que se sirven de la propaganda de la imagen, de la propaganda de los sentimientos y de la propaganda de las ideas.

Frente a esto, monseñor Barrachina hace un estudio sobre la indisolubilidad del matrimonio en el magisterio de la Iglesia, con abundante profusión de textos conciliares y de diferentes papas. Más adelante el obispo de Alicante subraya que la indisolubilidad del matrimonio es de derecho natural y lo apoya en afirmaciones del Génesis, Santo Tomás y aportaciones papales. Además destaca que el Estado no puede entrar en la legislación sobre el matrimonio, dado que éste y la familia son anteriores al mismo y obligación suya es reconocer la verdadera naturaleza de ambas, protegerlas y ayudarlas.

«A la luz de esta doctrina -añade monseñor Barrachina- se comprende que el Estado no puede establecer como norma oficial que es soluble el matrimonio. Y los magistrados tampoco tienen competencia jurídica para en concreto hacer nulo un matrimonio que sea válido. Si un Estado o unos magistrados se comportaran así, demostrarían desconocer la naturaleza del matrimonio y del propio Estado, y se arrogarían un poder absoluto o soberano, que no poseen ni pueden poseer. Y destruirían la moral pública, atentarían contra el bien común y se harían reos de esa sociedad.

El prelado alicantino recuerda más adelante que «el matrimonio no es diverso o múltiple según las legislaciones, sino uno y el mismo: el instituido y conformado por Dios, con propiedades que son de derecho natural. Que después fue elevado por Cristo a la dignidad de sacramento Y no hay otro. No existe otra vía, esperanza «legítima» en un Estado separado de la Iglesia. La entidad jurídico-social del matrimonio no es cambiante, no es cuestión de relaciones Iglesia-Estado, como muy bien ha dicho estos días una revista católica. Las propiedades del matrimonio, uno e indisoluble, son columnas sobre las que se apoya la bóveda del edificio familia y sociedad ».

Tras resaltar que la Iglesia y la institución matrimonial tienen una gran función social y política que realizar en estos tiempos, invita a todos a que «nuestra conformación con la doctrina evangélica y el magisterio de la Iglesia debe desdeñar y desmontar el pernicioso error, tan extendido, de que los deberes morales están a merced de lo que dictamine una posible ley de Estado. Una norma positiva no destruye una ley natural o divino-positiva, que es anterior a aquélla. Todas las leyes no las hace el Estado, porque también éste tiene instancias superiores que respetar y obedecer».