Un pacto económico de emergencia

No se puede esperar hasta octubre para iniciar una política económica para salir de la crisis. Porque antes de octubre puede extenderse una situación de quiebra generalizada. No hay otra salida que pactar un conjunto de medidas a medio plazo que sean respetadas por todas las fuerzas políticas y sociales durante el período de aplicación de este plan de emergencia: tres años.Un importante columnista -Luis Apostúa- decía hace unos días que en el ámbito económico, tan preocupante o más que el político, ha habido una toma de posición importante: el presidente de Banesto -primer banco de España- y el profesor Tamames, -miembro del PCE- coinciden abiertamente a favor de un plan para reactivar la economía española.

En contraste con esta toma de posición de los dos extremos políticos -dice Apostúa- está el sepulcral silencio del Gobierno en materia económica.

El actual Gobiemo español, no puede permanecer callado por más tiempo. El Gobierno no debe esperar el resultado de las próximas elecciones para fijar una política económica. Es más, el Gobierno qué saldrá de los próximos comicios no tendrá capacidad de decisión - es decir, no estará organizado políticamente- hasta bien entrado el otoño y nuestro país no puede contemplar pasivamente cómo, día a día, se va deteriorando su economía.

Además, las medidas que deben tomarse en materia económica, no deben seguir siendo coyunturales como hasta ahora -simples paños calientes para ir tirando- pero sí medidas a medio plazo, que requieren un esfuerzo y una tenacidad constantes. El Gobierno actual tiene la obligación de iniciar una política económica que deberá ser ratificada y continuada, en sus líneas generales,por el próximo o próximos Gobiernos que salgan de las urnas.

El esfuerzo que todos los españoles estamos obligados a realizar; tiene que encuadrarse, desde ahora, en un marco de decisiones económicas, que va más allá de la inmediata coyuntura política.

Todos los ciudadanos españoles, tienen la obligación y el derecho de saber cuál es, exactamente, nuestra situacion economica. No hay que tener miedo -me refiero al miedo electoral- de informar detallada y machaconamente del grave deterioro de nuestra economía.

El Gobierno tiene la obligación de utilizar todos los medios de comunicación a su alcance, -sobre todo la televisión- para, primero, explicar al país la gravedad del momento y, segundo, dar cuenta de manera clara y sencilla de las medidas a medio plazo que se propone tomar.

Insisto en que las decisiones que deben adoptarse no pueden ser coyunturales. Hay que programar un paquete coherente de medidas, sabiendo de antemano que su desarrollo necesitará un período de tiempo que, en ningún caso, podrá ser inferior a tres años, es decir, que su ámbito de aplicación necesariamente rebasará la vida del actual Gobierno.

Es, quizá, esto último, lo que frena o hace titubear a los responsables de nuestra política económica. ¿Cómo dictar medidas a medio plazo cuándo estámos en vísperas de una confrontación electoral? ¿De qué manera las decisiones tomadas hoy, serán ratificadas mañana,

Si éste es el único temor -y no el próximo resultado de las elecciones- de nuestros gobernantes, creo que las manifestaciones públicas de los señores Aguirre y Tamames, clarifican enormemente la situación. Si un conspicuo representante de la derecha y un eminente abanderado del Partido Comunista coinciden en la necesidad de elaborar un plan de reactivación de nuestra economía, fácil le debería ser al Gobierno negociar y pactar con todas las fuerzas políticas, económicas y sindicales del país, un programa económico de aplicación inmediata y cuyo desarrollo, también pactado, debería abarcar un período de tiempo lo suficientemente amplio y al margen de las normales y lógicas vicisitudes políticas de nuestro próximo futuro.

El Gobierno, que parece dispuesto a pactar con las distintas fuerzas de la Oposición democrática nuestro futuro político debe, sin más demora, iniciar las negociaciones de nuestro futuro económico.

Estoy seguro que, ante la gravedad de la situación, todas las fuerzas democráticas de nuestro país están dispuestas a estudiar, negociar y pactar con el Gobierno, un conjunto de medidas económicas de rápida aplicación y, lo que es más importante, tomar el firme compromiso ante el propio Gobierno y ante la opinión pública, de mantener a medio plazo su aplicación sea cual fuere el resultado de las elecciones.

El silencio sepulcral del Gobierno en estos temas, no es solamente gravísimo para nuestra economía, pero, y sobre todo, muy peligroso para el devenir democrático de nuestro país.