Los abogados guipuzcoanos denuncian interferencias de la policía

El Colegio de Abogados de Guipúzcoa ha enviado un escrito a los ministros de Justicia y Gobernación, así como al presidente del Consejo General de la Abogacía, en el que eleva su protesta por la intervención que la policía realiza en las conversaciones que el colegiado Juan Cruz Unzurrunzaga mantiene con su defendido, el preso José Mari Isasa. Isasa está internado en el hospital Primero de Octubre, de Madrid, después de haber recibido un impacto de bala dum dum en el brazo izquierdo, durante la fuga de Segovia.En su escrito, la junta del colegio manifiesta que «los hechos son de gravedad suficiente como para justificar una enérgica intervención de las autoridades, a fin de evitar esta intolerable falta de consideración hacia un letrado».

Refiriéndose a la imposibilidad de que la conversación del abogado con el preso pueda hacerse en euskera, la junta manifiesta que «el empleo de la lengua vernácula no sólo no está prohibido sino expresamente autorizado por las disposiciones vigentes». Según ha manifestado Juan Cruz Unzurrunzaga a EL PAIS, ya son cinco las veces que estos hechos le han ocurrido cuando ha acudido al hospital madrileño a visitar a su defendido. Este se encuentra en situación crítica, ya que tiene todo el día en su habitación a tres policías armados vigilando.

Isasa -guipuzcoano de Lasarte- había sido herido en marzo pasado en el Pirineo navarro cuando escapaba de Segovia. Como consecuencia de este impacto de la bala dum dum, de especiales características, Isasa tuvo una gangrena en el antebrazo y mano izquierda, que le hubo de ser amputada. A pesar de haber sido operado tres veces consecutivas, Isasa tiene el húmero destrozado y es posible que tengan que intervenirle nuevamente. Como su estado es critico -incluso en alguna ocasión se llegó a temer por su vida- hubo de ser trasladado del hospital de Carabanchel al Primero de Octubre, donde está internado.

La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Guipúzcoa ha enviado también una carta al director de la prisión de Burgos solicitando que anule la norma vigente en esta prisión de interrumpir la conversación entre abogado y preso durante tres horas del mediodía, «por considerar que perturba previamente la labor profesional de los abogados de fuera de la provincia». Alegan en la carta que esta medida es habitual en el resto de las prisiones españolas.