El sistema de subrogaciones de la ley de Arrendamientos debe conservarse
Los profesionales que integran un despacho de abogados especializado en la defensa de los inquilinos de las casas de renta antigua, han mostrado su total disconformidad con las declaraciones de los señores Navarro y Holguin, que hablaron en nombre del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliarla, y que se publicaron en EL PAIS el pasado 30 de diciembre.
En sus declaraciones, afirmaban la necesidad de derogar urgentemente la ley de Arrendamientos Urbanos, a la que consideran como perjudicial para los intereses de los propietarios de inquilinos de este tipo de casas. Por su parte, los abogados José Luis Pérez y Baldomero Rodríguez sostienen que esa derogación sólo beneficiaría al capital inmobiliario, que se haría con todo el centro de Madrid al poder desalojar a sus actuales habitantes.En su escrito, los abogados exponen que este sector de la población y pequeños comerciantes, pertenecientes a las clases baja y media baja, al no tener poder adquisitivo para comprar o alquilar otra vivienda en el centro, tendrían que retirarse hacia los barrios extremos, formando nuevos ghetos.
«Lo que el señor Holguin están representando con sus palabras son los intereses del capitalismo inmobiliario de Madrid, que tiene intención de tirar abajo toda la zona centro y casco antiguo, desde Cibeles hasta el Mazanares, para ampliar sus plusvalías con los solares obtenidos, obligando a esa población obrera urbana, que si vive todavía en el centro es gracias al sistema de subrogaciones contemplado en la ley de Arrendamientos, a emigrar a los poblados cercanos a la capital.»
El sistema de subrogaciones vigente concede derechos a los familiares de los inquilinos hasta el cuarto grado. Por ejemplo, si el titular del contrato de arrendamiento muere, sus familiares directos tienen derecho a quedarse con el piso en las mismas condiciones, lo que permite que viviendas situadas en el centro de Madrid paguen mensualidades de mil pesetas, cuando en las de renta libre alcanzan entre 15.000 y 40.000 como cantidades más comunes.
«Si el Gobierno -continúa el escrito- deroga la Ley de Arrendamientos Urbanos, actuará favoreciendo los intereses de un sólo grupo de presión, sin tener en cuenta ni la justicia ni los intereses de los trabajadores afectados.»
En unas declaraciones posteriores a EL PAIS, el abogado Baldomero Rodríguez expone que los propietarios de las casas de renta antigua lo que generalmente buscan es su declaración de ruina para poder desalojar a sus ocupantes y vender el solar. Menciona como ejemplo el caso de once familias del distrito de Arganzuela, que van a ser desalojadas por esta causa, a pesar de que en su día denunciaron ante al Ayuntamiento a su propietario por negarse a efectuar las mejoras necesarias.
Lo que se pretende realmente con la derogación de la ley es, entre otras cosas, derogar el sistema de subrogaciones, lo que permitiría dejar los pisos vacíos en pocos años, en los casos en que no se consiguiera la declaración de ruina para el inmueble.
A veces el propietario vende la casa con inquilinos incluidos, y aunque lo hace más barato que si vendiera directamente el solar, el beneficio que obtiene es también muy elevado. El nuevo propietario se compromete a respetar los derechos de sus habitantes, aunque los puede echar si su intención es construir otro edificio que albergue un tercio más del número de viviendas que tuviera el anterior. Teóricamente, a ellas deberían regresar los inquilinos desalojados.
Todas estas consideraciones no pueden ser más que generalidades, ya que la ley es muy compleja y contempla innumerables variantes, según las características de cada caso.
