Malestar entre algunos miembros de la comisión de obras para el régimen especial

Cuatro miembros vizcaínos -tres vocales y un asesor- de la comisión que redactó el estudio del régimen administrativo especial para Vizcaya y Guipúzcoa han hecho conocer su disgusto porque el informe elevado al presidente del Gobierno omite el voto particular que formularon en uno de los últimos plenos de la comisión.

Este voto particular apoyaba el criterio de que una vez aprobada la ponencia de Gobernación, por la que se articuló la puesta en marcha de las juntas generales, fueran éstas las que después de unas elecciones democráticas negociasen con el Gobierno los aspectos concretos de la descentralización administrativa.Esta opinión fue sustentada por los vocales Enrique Guzmán, Luis Olarra, Martín Fernández Palacio, Miguel Muñoa, Ramón Vizcaino y Roque Arambarri, así como por los asesores Adrián Celaya y Alvaro Navajas. Todos ellos se abstuvieron de participar en nuevas reuniones de la comisión a partir de ese momento.

Los señores Guzmán, Olarra, Fernández Palacio y Celaya hacen constar ahora, en una nota facilitada ayer a la prensa, que «no acudieron al acto de presentación de dicho informe en Madrid para evitar que se interpretara como conformidad con el contenido de las conclusiones».

Añaden, asimismo, que «cuando el informe habla de unanimidad en las conclusiones debe referirse a unanimidad de los asistentes, porque los vocales informantes ni asistieron a las sesiones, salvo en lo relativo a la ponencia de Gobernación, posición que fue comunicada al presidente Suárez por escrito el día de la presentación del informe».

Esta discrepancia con los trabajos de la comisión no ha sido exclusiva de los ocho miembros mencionados. El procurador familiar por Guipúzcoa,Gabriel de Zubiaga, presentó su renuncia incluso antes de que se constituyese oficialmente la comisión, y su colega Manuel Escudero Rueda dimitió el 20 de octubre, por entender que los trabajos debían extenderse también a las provincias de Alava y Navarra. a fin de abarcar a toda la unidad regional vasca.

Con todo, la mayor discrepancia con los trabajos de la comisión ha surgido a nivel de los grupos políticos de la Oposición, que desde un primer momento cuestionaron la representatividad de los comisionados y la validez de sus trabajos, de los que se desentendieron en todo momento.

Desde todos los frentes políticos, incluso los más moderados, se ha considerado inviable tratar de dar una respuesta a los planteamientos vascos con un sistema que desconoce por completo una unidad regional, y se limita a conceder por separado pequeñas parcelas administrativas a cada provincia.

Unicamente el reconocimiento de unas juntas generales con poderes auténticos podría paliar, en parte, el fracaso de esta comisión, cuyos trabajos han interesado bien poco a nivel de la calle. Y lo curioso del asunto es que el tema de las juntas generales, con facultades que les colocan por encima de las diputaciones, fue sacado adelante precisamente por algunos de esos vocales que al final terminaron retirándose de la comisión.