Una partida difícil

EL PASADO 23 de diciembre el presidente Suárez recibió, al fin, a los señores Pujol y Tierno, que le hicieron entrega de la carta de la «Comisión de los Nueve», en la que formalmente se propone al Gobierno la apertura de negociaciones con la Oposición sobre un temario concreto. No se ha dado ningún comunicado de la entrevista, y hoy, al parecer, se reúne la citada comisión para conocer la respuesta del presidente, sin que por el momento se sepa cuál va a ser su reacción ante la ausencia forzosa de los comunistas (en la cárcel de Carabanchel).Entre la redacción y aprobación de la carta y su entrega transcurrieron casi quince días. El retraso se explica por la carga de acontecimientos de esas dos semanas: secuestro del señor Oriol, victoria gubernamental en el referéndum, manifestación de guardias civiles y policías armados, aparición ante la prensa y posterior detención, procesamiento y encarcelamiento del secretario general del Partido Comunista. Pero sólo este último suceso incide de manera directa e inmediata en el desarrollo de las negociaciones. ¿Cómo se concilia la participación comunista en la comisión negociadora con el procesamiento y encarcelamiento de sus representantes?

La inclusión del Partido Comunista en la comisión no necesita justificación. Futuro competidor del PSOE en la búsqueda de votos, la organización marxista-leninista de mayor fuerza y veteranía. Ahora bien, el PCE no se ha conformado con tener en la comisión un representante presumiblemente tolerable para el Gobierno, sino que ha exigido que su delegado sea Santiago Carrillo, si bien aceptando provisionalmente la fórmula de la suplencia en la persona de Simón Sánchez Montero. En principio, la razón no puede ser mantenerse en pie de igualdad con los demás partidos, ya que tampoco figuran en la comisión los hombres más significados de la democracia cristiana. De otro lado, era de prever que esa decisión aumentaría la crispación del Gobierno, para el que la presencia de los comunistas era ya un desafío.

Cada fuerza política tiene derecho a elaborar y aplicar su propia estrategia y a hacer las apuestas que considere convenientes. Ahora bien, en la partida hay varios jugadores, cada uno con sus propios objetivos y estrategia. Todos tienen igual derecho a tratar de imponer sus criterios y a esforzarse por conseguir ventajas. Lo que hay que exigir, a unos y a otros, es que en ningún momento olviden que lo que se halla en juego es la suerte del país entero. Ningún demócrata puede aceptar que se deje fuera de combate o en inferioridad de condiciones a las organizaciones comunistas que acepten formalmente el pluralismo político: y en este sentido, parece difícil concebir que las negociaciones de la «Comisión de los Nueve» con el Gobierno puedan reanudarse mientras Carrillo, Sánchez Montero y sus compañeros sigan en prisión. Pero tampoco los dirigentes del Partido Comunista deben tratar de imponer al resto de las fuerzas democráticas pretensiones hegemónicas o de vanguardia. Si el presidente Suárez, al parecer, ha dicho que en ningún caso aceptará como interlocutor directo a un representante comunista, el PCE no debe insistir en forzar la marcha y ha de abandonar cualquier tentación de protagonismo.

La democratización del país sigue en peligro. Sólo cabe desear que los envites demasiado audaces, vengan de donde vengan, y el achantamiento o ventajismo de los demás jugadores, no nos lleven a la bancarrota.