Las navidades del 76

ESTE PAIS está necesitando algunas dosis de sensatez por todos lados, En la víspera de la Nochebuena nos encontramos con tal aluvión de malas noticias políticas que parece como si alguien hubiera decidido juntarlas todas para darnos un susto esta Navidad. Sin otro ánimo que el de poner un poco, los temas en su sitio vamos a referirnos a tres hechos, aparentemente desconexos entre sí, pero que se ven unidos por un hilo conductor: son las tres verdaderas y profundas preocupaciones del Gobierno y cada una de ellas, y por sí sola, podría provocar reacciones tales que acabaran con el presente y el futuro del Gabinete Suárez.Oriol

EL PRIMER hecho sigue siendo el secuestro del presidente del Consejo de Estado, que lleva ya casi dos semanas en poder de los GRAPO. Cada día suscita más sospechas la identidad de, estos extremistas de izquierda, a los que nadie conocía en la izquierda más extrema, y que en su paroxismo pretenden -hacer valer su palabra -en uno de sus comunicados' como garantia de que el señor Oriol será devuelto con vida si el Gobierno otorga la amnistía. ¿Cuánto vale la palabra de un terrorista? Nosotros creemos que nada. Pensamos, además, que es muy posible que los GRAPO sean una invención manipulada. Desde el asesinato del almirante Carrero hasta hoy, las actividades terroristas sobre nuestro suelo suscitan demasiadas preguntas sin contestación, y no es la menor de ellas -valga un ejemplo- saber quién puso la bomba de la calle del Correo.

Surgen y desaparecen grupos de este género -GARI, GRAPO, DRIL-, que secuestran, asesinan, amenazan, pero que no se sabe de dónde obtienen el dinero, las armas y, las complicidades. La sospecha de que hay organizaciones extranjeras interesadas en impedir la estabilización política de España es hoy ya más que una sospecha. Hay indicios. racionales de que servicios secretos, policías paralelas y pistoleros a sueldo se mezclan en toda esta historia. Lo grave es que en ellas se juega no sólo con la vida humana, sino con el futuro de todo un país. Por eso les haríamos simplemente a los secuestradores de Oriol esta reflexión: sí efectivamente-están por la normalización democrática española. deben poner en libertad a su rehén y aceptar la palabra del Gobierno de que una ampliación de la amnistía está en marcha. (Aunque habría que decir que estaba en marcha y que ha sido hábilmente paralizada por grupos ultraclerechistas que exhiben, claro, entre otras cosas, el tema del secuestro.)Devolver vivo al señor Oriol. en fechas tradicionalmente humanitarias como son las Navidades, sería devolver la tranquilidad no sólo a toda una familia, sino a los españoles deseosos de articular en paz su convivencia. Exigir en cambio al Gobierno acciones que le debíliten es atentar contra las propias posibilidades de la amnistía que los secuestradores dicen pedir. Nuestra posición a favor de la amnistía y de una salida inteligente, que evite sangre y tensiones, de todo este asunto no se contradice con nuestro deseo de que el Gobierno no merme su crédito con él. Y la acción policial, tan brillante en otros casos, no permite por el momento garantizar un éxito por esta vía en el asunto Oriol, lo que inevitablemente perjudica la imagen del Gabinete.

Carrillo detenido

MIENTRAS TANTO, en la tarde de ayer ha sido detenido en Madrid gantiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España. La medida es lógica, pues había sido ordenada su detención; como hubiera sido también lógica, y quizá más conveniente y gallarda, la decisión del interesado de personarséen el juzgado de guardia el mismo día en que las autoridades consideraron oportuno darse ofícialmente por enteradas de su presencia en España.

Lo importante ahora es que el Gobierno confirme ante la opinión pública nacional e internacional que vivimos realmente en un Estado de Derecho: La expulsión del señor Carrillo del país en el que nacióy cuya nacionalidad ostenta es un imposible jurídico. Sus hipotéticas respon sabilidades por actuaciones durante la guerra están pres critas. La ley de Amnistía cubre, igualmente, sus presuntos delitos anteriores a la fecha en que fue promulgada. Pendiente todavía la anunciada -y deseada- unidad jurisdiccional, es de presumir que el Juzgado de Orden Público reclame su com petencia en este caso. No queda sino esperar la decisión de los órganos de la justicia. En cualquier caso, conviene apuntar que el reajuste de las leyes y de su interpretación a la cambiante realidad española se ha venido realizando en los últimos meses a gran velocidad y en una dirección inequívocamente democratizadora. Se trata, en'última instancia, de un esfuerzo paralelo al que el actual Presidente del Gobierno emprendió bajo, el signo de «convertír en normal lo que en la calle es simplemente normal».

Hace poco más de un año, Felipe González, primer secretario del PSOE, era perseguido y acechado; y hasta la reforma, en el pasado mes de julio, del Código Penal, en pura teoría debería haber sido procesado y encarcelado. A comienzos de la primavera, Simón-Sánchez Montero fue encarcelado en prisión incondicional una vez más en su vida; pero hace poco más de dos meses Gregorio López Raimundo -homólogo de Carrillo en el partido comunista catalán- fue puesto en libertad bajo fianza.

Del buen sentido y de la prudencia política del Gobierno cabe esperar que no adopte medidas administrativas jurídicamente improcedentes, y de la organización de la justicia española en sus diversas instancias cabe igualmente esperar una interpretación que adecue la letra de la ley al espíritu de los tiempos.

Carrillo encarcelado, o Carrillo expulsado, es un escandalo innecesario, una torpeza política y una amenaza para la credibilidad democrática interior e internacional del Gobierno.

La Policía se manifiesta

EN EL cargado ambiente de estos días, las manifestaciones que protagonizaron en Madrid el pasado viernes varios centenares de miembros de las fuerzas de orden público constituyen un nuevo e impórtantísimo factor de tensión. Hasta ahora, la información facilitada es confusa e incluso contradictoria.

Se dice que las reivindicaciones eran esencialmente profesionales y, sobre todo, económicas (aumento lineal de sueldos, pago de trienios). Parece, sin embargo, que algunas peticiones rebasaban el techo puramente corporativo para plantear cuestiones relacionadas con la forma de responder a los alborotos callejeros y tratar a los detenidos y con la naturaleza estatutaria y disciplinaria de las fuerzas de orden público. Pero esa interpretación no es congruente con los violentos incidente producidos ante el Ministerio de la Gobernación.

Dejando a un lado las cuestiones que entran en él marco de la disciplina militar, resulta preocupante la eventual aplicación de un tratamiento diferenciado a los manifestantes del otro día. De acuerdo con la ley de Reunión promulgada el pasado mes dejulio, actos como los realizados el viernes en Madrid por policías armados y guardias civiles requieren autorización expresa del Gobierno Civil. Y las autoridades siempre tienen a su alcance un medio para impedir que una manifestación no autorizada se lleve a cabo: precisamente utilizar los ser vicios de esas fuerzas de orden público que el viernes se manifestaron ilegalmente.

Independientemente de las dimensiones disciplinarias y militares del caso -que, al parecer, ya han sido tornadas-, ¿cómo es posible que unos funcionarios a los que la comunidad confla el uso de armas y cede la capacidad de dirimir los altercados de orden público lleven a cabo unos actos que, de ser realizados por otros conciudadanos, ellos mismos se encargarían de reprimir?

Lo ocurrido es muy grave y urge que se practique una encuesta para dilucidar las responsabilidades. Los ciudadanos tenemos derecho a una información puntual sobre este tema, desarrollado en plena calle y a la luz pública.

Pero volviendo al comienzo de este editorial: el Gobierno ha reaccionado autoritariamente en el caso de Oriol, rígidamente en el de Carrillo, desconcertadamente en el de la manifestación; silenciosamente en las tres ocasiones, por cuanto las contadas intervenciones del ministro de la Gobernación en RTVE no bastan para dilucidar los problemas.

Pues bien, pensamos que es hora de que el presidente Suárez aparezca ante los españoles no a pronunciar un mensaje ni a pedir un voto, sino a someterse a las preguntas que los españoles quieran hacerle, En una palabra, sabemos que el Gobierno está siendo atacado y está cometiendo errores. Sabemos también que es deseo general que este Gobierno presida el proceso electoral -pues no se concibe fácilmente que hubiera elecciones si hay una crisis-. Días atrás escribíamos sobre la necesidad de respeto hacia el Gabinete. Hoy es bastante visible que una gran maniobra de desprestigio del poder está siendo montada. Sin embargo, no consíderamos ni acertada ni conveniente esta política del avestruz. El presidente merece la ayuda de los españoles, pero éstos no deben dársela a ciegas.