Injertos sindicales
Una valoración política del proyecto de ley sobre asociaciones profesionales enviado a las Cortes por el Gobierno Suárez, tiene que tener en cuenta que lo que con él se pretende no es ni más ni menos que una mera reforma parcial de la Ley Sindical de 1971. Esta afirmación no es mía, sino del preámbuIo del propio proyecto gubernamental.Sólo cuatro artículos de la Ley Sindical, los que regulan las asociaciones sindicales, viene a modificar por ahora el proyecto sindical del Gobierno. Los restantes 59 artículos siguen vigentes. Así de claras deben decirse las cosas, y más aún cuando el Gobierno calla al respecto.
Parece que son pocos los que dudan de que el aparato de la Organización Sindical sea un organismo prácticamente muerto que subsiste gracias al apoyo que le otorga el Gobierno. Consciente de ello el Gobierno Suárez se ha planteado su propia opción sindical. Entre la libertad sindical sin limitaciones y el reformismo sindical a partir de la Organización Sindical, el Gobierno ha optado por la segunda fórmula.
Algo nuevo
El reformismo sindical pretende injertar algo nuevo, las asociaciones profesionales, en un árbol sindical viejo y estéril, la Organización Sindical. A esta se le ha cambiado el nombre por el de Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, para que la operación reformista merezca mayor credibilidad. Injertando las asociaciones profesionales del proyecto gubernamental, en el sindicato oficial, se pretende revitalizar un aparato antidemocrático en su esencia y esclerotizado en su funcionamiento.
El éxito o el fracaso de la operación sindical oficial radica en el uso que los trabajadores hagan de las asociaciones profesionales, pero viene predeterminado por su propia naturaleza. De entrada parece claro que la savia que por esas asociaciones pueda circular no es precisamente la savia de la libertad sindical. Pero no basta con decirlo. Son los trabajadores quienes tienen que decidirlo. De momento las organizaciones sindicales representativas del movimiento obrero organizado ya han dado su no al reformismo sindical. La cada vez mayor implantación de estos sindicatos democráticos entre los trabajadores permite afirmar que no obstante las progresivas diferencias que entre estos sindicatos existen en cuanto a línea, estrategia y táctica sindicales, el injerto sindical oficial está abocado al fracaso.
El previsible fracaso será imputable en exclusiva al Gobierno. Habrá que achacarle no haber asumido en materia sindical el papel de Gobierno gestor de la transición que el Gabinete se atribuyó a sí mismo al constituirse. El Gobierno Suárez en materia sindical, no está siendo gestor de nada, sino implicador del camino hacia la libertad sindical. El Gobierno está construyendo un edificio de papel, sobre el papel del Boletín Oficial, sin el menor arraigo social, sin cimientos.
Piezas de museo
La Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, la ley sobre asociaciones profesionales, la reforma del Consejo de Economía Nacional y el decreto sobre derecho deseunión ahora, como el día de mañana la ley de huelgas o la nueva ley de convenios colectivos, son piezas de museo, sin ninguna conexión con lo que pasa en las fábricas. El Gobierno, en materia sindical, está legislando para fantasmas. Su desconexión de la reafidad laboral es clara y así se evidencia en las intervenciones de los ministros responsables de la materia.
Los próximos meses se encargarán de demostrar si la reforma sindical es o no viable. Tal vez entonces habrá algunos que desde el propio sistema reconozcan que la democracia no es posible cuando se ignora a los trabajadores. Lo malo es que el país no está para perder el tiempo.
