Los corralillos

«El cementerio civil está cerca -escribió Eugenio Noel del de Sevilla-. Es muy pequeño, es la imagen del poder civil en España. » Pero quizás ha sido mucho más y de más significativa manera el símbolo de una intolerancia religiosa y filosófica, social y política que no sólo ha venido dividiendo con frecuencia enconadamente a los españoles en vida, sino que también los ha venido separando a la hora de la muerte. «Aquí yace media España, murió de la otra media», escribió, a su vez, Mariano José de Larra en el día de ánimas de 1836, pero ni siquiera la media España que moría de la otra media era enterrada en el mismo lugar y si el propio suicida Mariano José de Larra no fue a parar al corralillo o cementerio civil, verdadero muladar de muertos en la época, eso se debió a la piadosa o quizás solamente estratégica interpretación que un clérigo hizo de su muerte suicida en relación con los cánones de la Iglesia.La cuestión de un enterramiento religioso o civil está ciertamente en el centro no sólo del problematismo espiritual personal de cada español -como de cualquier otro ser humano- o de una decisión canónica de la Iglesia, sino en la médula misma de la convivencia civil del país, es decir, del problema de la libertad religiosa que en España, de un modo singular en todo el Occidente europeo, ha sido y es un problema esencialmente político, precisamente porque el ser español se ha constituido a partir de una profesión de fe religiosa y no como resultado de tensiones y decisiones puramente históricas y laicas como el ser inglés o italiano, pongamos por caso. En consecuencia, la sociedad y el Estado españoles han sido no sólo confesionalmente católicos, sino entitativamente religiosos, y la religiosidad y la fe no han tenido con frecuencia otro contenido o dimensión que socio-políticos o éstos han sido su contenido o dimensión primarios.

Todo esto significa que la decisión de enterrarse laicamente, consecuencia última de una opción religiosa o filosófica no católica, ajena a la «gens hispánica», ha sido aquí una decisión política y «anti-española ». Y lo mismo puede decirse de la sonoridad política de la negación por parte de la Iglesia a enterrar a alguien en sagrado o de la reclamación para que alguien fuera enterrado en sagrado. O la simple existencia de cementerios civiles en el ánimo de la «gens hispánica». Nunca, por eso mismo, las luchas político-religiosas fueron más dramáticas que en tomo a estos cementerios, en torno a la muerte civil o católica y a la sepul tura o no sepultura eclesiástica. Y cuando los cementerios civiles nacieron por exigencia de los tiempos y decisión del Estado se convirtieron desde el principio en algo así como el pródromo de una aciaga suerte en el más allá, por un lado -el católico-, y en desafío y negación de ese más allá, por el otro; pero también se convirtieron en un lugar apartadizo de «malos españoles», que, al renegar de su catolicidad constitutiva o no aceptar la negaban su españolidad igualmente. O en conventículos de «locos» o extrañas personalidades enfermas o rebeldes. La sociedad se deshace de ellos como de los delincuentes o de «los muertos en vida», recluyéndolos en aquella especie de «gehenna», en un corral maldito u olvidado al que se dirigen miradas de temor o de piedad o sólo de indiferencia, mientras el cementerio municipal y católico forma parte de la comunidad de los vivos y se siente como un lugar sagrado. El aspecto exterior mismo de esos cementerios civiles es lúgubre y siniestro, incluso en un país como el nuestro en el que el cuidado de los cementerios de la comunidad -los católicos- siempre dejó mucho que desear. El pueblo los bautizó con una palabra atrozmente decidera: «Los corralillos», y la insistencia de la ley para que esos lugares tuvieran una cierta dignidad se mostró siempre baldía. Tenía razón Eugenio Noel: eso era el símbolo del poder civil en España, pero, sobre todo, de la imposibilidad de una vida civil.

Muertos buenos y malos

Cien años hizo el pasado verano de que un pequeño libro titulado «Minuta de un testamento» apareció en los escaparates madrileños y planteó, desde un punto de vista. estrictamente religioso, el drama y el escándalo de ese apartamiento de muertos. «En el civil -se escribía allí- se da tierra a ateos, racionalistas, protestantes, judíos, a todos menos a los católicos: el cementerio de éstos es el de los buenos y piadosos; el otro, el de los malos y apestados. Por esto me repugna que mis huesos vayan a parar a él, pero más me repugna que vayan a parar al otro, si para ello he de morir mintiendo; y así, si continúan las cosas en el mismo estado, es mi voluntad que me entierren en el cementerio civil, poniendo sobre mi sepulcro una cruz y esta inscripción: «Amaos los unos a los otros». Y deseo vivamente que mis amigos católicos, sobre todo aquellos que amo con toda mi alma, como ellos me aman a mí, a pesar de mis creencias, porque son verdaderos y sinceros cristianos, sepan que al disponer esto pesan en mi ánimo por igual, y, tanto el dictado de mi conciencia que me manda declarar mi fe, como el que me ordena venerar la religión católica en que nací y me eduqué no consintiendo que vaya mi cuerpo a profanar ritos y ceremonias a que me asocié con espíritu sincero un día, que respetaré mientras viva y que quiero respetar después de muerto.» El autor de este libro, que quedaba oculto tras una inicial y unos puntos suspensivos -una «W»- era, sin embargo, un español muy conocido por sus tomas de postura políticas y religiosas y que, precisamente, había escrito ese libro, «Minuta de un testamento », durante su confinamiento en Cáceres ese mismo año de 1876: Gumersindo de Azcárate. Era uno de los krausistas, uno de esos católicos que habían vivido en su carne el desgarro de aquel atroz dilema de que había hablado sólo unos años antes en Malinas el conde de Montalembernt: «O Dios o la libertad, o la Iglesia o el mundo moderno.»

Antes

Unos años atrás, igualmente, dos de sus maestros, Julián Sanz del Río y Fernando de Castro, habían sido enterrados en una tumba laica o, mejor dicho, al margen de la liturgia católica, porque en realidad esos entierros fueron profundamente religiosos aunque en el espíritu de un cristianismo río eclesiástico ni dogmático y habían producido un enorme escándalo, sobre todo el de Fernando de Castro, que era sacerdote. Y, por esos mismos años en que Azcárate escribía, toda una trágica lucha civil y religiosa estallaba con harta frecuencia en torno a la cabecera de muchos moribundos y el ataúd de muchos muertos, y no faltó ni siquiera el macabro. trasiego de cadáveres desde donde estaban enterrados hasta donde debíap estar enterrados. La ley canónica prohibía la sepultura eclesiástica a paganosjudíos e infieles o no bautizados, a herejes y fautores de herejía, cismáticos y públicamente excomulgados y quienes se encontraran en entredicho nominal, a suicidas por desesperación o ira aunque no a los locos, a duelistas, homicidas y usureros y a los pecadores públicós que morían sin confesión, a los que no cumplían con el precepto pascual y no daban signos de arrepentimiento a última hora, y a los niños que morían sin bautizar y los casados sólo civilmente. Pero, en la praxis, se asimilaban, por ejemplo, a los herejes, los hombres pertenecientes a los partidos políticos o posturas filosóficas que sustentaban de manera pública los errores condenados en el «Syllabus» o los redactores de periódicos antielericales, así que no será necesario insistir demasiado en el drama que eso suponía para muchas familias, con frecuencia sinceramente católicas, y para la Iglesia misma, y en los problemas que nacían, para la Administración civil, de esta situación, cuando la Iglesia negaba sepultura eclesiástica, las familias acudían a la autoridad civil en demanda de ayuda jurídico-coercitiva para hacer cumplir lo que suponían un derecho ciudadano -la sepultura en tierra bendita-, pero, sobre todo, para huir de la nota infamante que tenían los cementerios civiles o «corralillos».

El Primer entierro civil de cierta relevancia que hubo en este país fue el del ex fraile José Joaquín Clara-Rosa, en 1822, y ya fue toda una perfecta escenificación de un triunfo o trágala contra la Iglesia y hasta una especie de demostración «in re» de la inexistencia de Dios, es decir, una contra-liturgia simétrica de la liturgia católica y disparada contra ella. Y, a partir de la Revolución de septiembre, las calles y plazas españolas verán desfilar con alguna frecuencia cortejos fúnebres, a veces muy serios y dramáticos, pero otras veces tan coloristas y bullangueros como el entierro del ex fraile Clara-Rosa, acompañados de música y discursos que tratan de desafiar la liturgia de los entierros católicos, desafiantes también muchas veces. La segunda República trató de resolver el problema de estos conflictos civiles, ordenando tirar las tapias divisorias del cementerio católico y del civil, pero el espíritu en que se hizo fue anticlerical y sectario y sólo sirvió para envenenar aún más las cosas. La post-guerra civil recogería estos frutos envenenados y en especial los cristianos no católicos españoles sufrieron a consecuencia de ella amargamente. Muchos hubiera querido entonces que los cuerpos de esos herejes fueran abandonados en el campo, como había ocurrido todavía a mediados del XIX con los protestantes extranjeros que entre nosotros morían. Sólo a partir del Vaticano II ha comenzado a abrirse camino un nuevo talante y las tapias divisorias de uno y otro cementerio han comenzado a caer. Frente a la lacerante expresión de Larra, eso debería ser el símbolo de que media España sabe que. tiene que vivir y morir abrazada a la otra media imaginar las cosas de otro modo o volver los ojos al pasado sólo sería para convertirnos en estatuas de sal y de muerte donde, desde luego, ni la sombra de la fe cristiana podría habitar jamás.