¡Que conste!

El Gobierno se ha decidido a llevar adelante su proyecto de reforma democrática con el concurso de las instituciones del régimen franquista, creadas con el deliberado propósito de hacer imposible la democracia. El respeto a un mero formalismo externo -no sabernos si impuesto por determinadas fuerzas o nacido del convencimiento de que más vale cargarse de razón- ha aconsejado a don Adolfo Suárez seguir un camino erizado de obstáculos, que puede desembocar -todo es posible- en la necesidad de tomar a última hora el que en esas circunstancias sería el atajo del referéndum previo o de arbitraje.Hoy por hoy esto no es más que una posibilidad que, dicho sea entre paréntesis, sería tan legal como el procedimiento elegido por el Gobierno. Aplicado tarde y a destiempo no dejaría de ser una línea de retirada estratégica tras una derrota táctica que a nadie sorprendería.

¿Vencerá el Gobierno en este campo de batalla, que ha escogido para sacar adelante la reforma?

El primer encuentro en el Consejo Nacional del Movimiento, de resultado fácilmente previsible, no ha sido ciertamente alentador. Claro es que el Consejo, convencido de su inevitable desaparición, no podía desaprovechar esa última oportunidad que se le brindaba de hacer gala de su belicismo verbal e inoperante.

Los combates verdaderos van a darse en las denominadas Cortes que, si aún subsisten, es por pura condescendencia del Gobierno. ¿Cuál sera el resultado de los debates y de las rnaniobras que van a alimentar durante las próximas semanas la curiosidad del mundillo político y la inquietud, cada día, más perceptible, de los sectores responsables y conscientes de la sociedad española?

Nada más arriesgado que las profecías políticas, y no he de ser yo, después de recordarlo tantas veces, quien vaya a caer en la trampa de mi propia vanidad.

Hay, sin embargo, algo que no parece peligroso vaticinar. El proyecto gubernamental de reforma tan defectuoso en muchos puntos, no saldrá ciertamente mejorado de las deliberaciones de las Cortes. Los poderosos resortes de todo género de que dispone el Gobierno podrán tal vez evitar un rechazo puro y simple; pero con dificultad lograrán impedir que las sugestiones no vinculantes formuladas en la caverna del Consejo, rechazadas con buen sentido por el señor Suárez, se reproduzcan y aun se agudicen en un organismo cuyas decisiones son algo más que los desahogos estériles de los restos de la «cumbre» del paleolítico partido único.

Porque en el lapso de tiempo que separa las deliberaciones de los dos organismos ha surgido una nueva realidad: el conglomerado de figuras más o menos representativas, que tras tanteos y vacilaciones que la opinión ha seguido con cierto regocijo, han concluido por ponerse de acuerdo al amparo de un nombre, en el que el espíritu regocijado de los españoles ha introducido las más divertidas variantes.

Me sumo de corazón a quienes han saludado con alivio la aparición de ese aglomerado de personajes poco menos que inconciliables y cuyo único lazo de unión espiritual parece ser la promesa de hacer desde la oposición lo que no consiguieron realizar desde el Gobierno. Sentiría de veras que los nuevos paladines de la democracia rompieran su precaria unión antes de tiempo.

El que dudo que haya acogido el fenómeno con igual satisfacción es el Gobierno. Que la Alianza -o lo que sea- tiene como objetivo inmediato agrupar, reforzar y dirigir en las Cortes la masa de procuradores hostiles a la reforma, me parece una cosa indiscutible. ¿Para ganar una simple batalla parlamentaria o para tener preparada una solución de recambio en el caso de que el fracaso gubernamental sea suficientemente estrepitoso? Recordemos, con Silvela, que en España todo es posible y nada es probable. Pero reconozcamos que la hipótesis no es inverosímil, y que para tan tentadora misión se han aliado hombres cuya significación personal cubre los distintos frentes de la maniobra, desde el que exige un ímpetu biológico, que en todas las instancias resolutivas no resulta simpático, hasta el que acumula unas innegables dotes de amable insinuación, pasando por el proveedor de ideologías tan pasadas de moda que es preciso sacarlas al airé libre para que pierdan su perfume de alcanfor.

Pero sean cuales fueren las incidencias de que vamos a ser testigos, parece evidente que el Gobierno no puede permitirse en estos momentos librar el combate en dos frentes distintos, con una retaguardia económica cada día más débil y en posición cada hora más comprometida.

Si del torneo de las Cortes el proyecto de reforma sale empeorado, y si la pieza de negociación para conseguir una victoria pírrica en unas Cortes desahuciadas es poner en sus manos la elaboración de la ley electoral, el Gobierno se quedará sin baza alguna para la indispensable negociación con la oposición democrática.

Hay algo que el que manda no debe olvidar, aunque la posesión del poder, con todo lo que ella tiene de falazmente engañadora, le empuje muchas veces a desconocer. En un sistema democrático -y sin duda alguna en la preparación del mismo- la oposición de espíritu constructivo juega un papel de trascendental importancia.

Un proyecto de reforma que nazca con taras que lo conviertan en un nuevo disfraz de la dictadura. no contará no ya con el apoyo de la oposición democrática, pero ni siquiera con la complicidad que supondría tomar parte en una votación cuyos resultados estuvieran calculados antes de abrirse los colegios electorales.

En esa hipótesis la reforma se abriría paso a través de una maraña de ficciones, que pondrían en peligro hasta el respeto debido a las más altas instituciones.

Las Cortes así elegidas, con una o con dos Cámaras, con los 40 o los 50 de Ayete, con una corteza más o menos espesa de neocorporativismo fascista, podrán llamarse constituyentes, y hasta parecerá que se lo creen. Las verdaderas constituyentessin embargo, vendrán luego, cuando sean elegidas libremente, cuando hayan desaparecido los restos de un autocratismo defendido por los que de él se aprovechan. Pero esas Cortes serán tanto más radicalizadas y exigentes cuanto más tarden en constituirse.

Aún es tiempo de reflexionar. El Gobierno tiene ante sí el margen de actuación que le permiten unas Cortes moribundas, que su presidente -el presidente de todas las presidencias habidas y por haber- va a llevar desesperadamente, como ocurre con los enfermos en situación crítica, a la Unidad de Vigilancia Intensiva.

El señor Suárez tiene margen para negociar con la oposición democrática. Pero, entiéndase bien, para negociar, no para hablar, como hasta ahora ha ocurrido, y mucho menos para: recibir a última hora la comunicación de un ukase que se va a hacer público unas horas después.

Esa oposición -que no represento, pero cuya opinión creo conocer sobradamente- no pretende formular exigencias al Gobierno, cuyos fueros comprende y respeta, pero tampoco admite imposiciones desde una posición de mando.

Una negociación, y máxime cuando se quiere trazar el camino de la democracia, supone saber dialogar, mantener posiciones intangibles y ceder en lo que sea secundario. En una palabra, obtener fórmulas logradas por la concordia y no soluciones dictadas por la intransigencia.

La oposición democrática -y desde luego una fracción tan importante de la misma como es el Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español- quiere seguir ese camino. Si el intento fracasa, no será ciertamente por su culpa. ¡Que quede perfectamente claro a la hora de definir responsabilidades!