La ineficacia de una planificación inoportuna

La elección del momento para planificar el sector energético en España no pudo ser más desafortunada. Cuándo, con toda probabilidad, se cerraba un ciclo de la economía española caracterizado por una elevada tasa de crecimiento económico asociado a un todavía mayor crecimiento del consumo de energía, en ese preciso momento, se decide planificar el sector energético.El resultado es que se están llevando a cabo las inversiones previstas en el Plan Energético Nacional (PEN), aun cuando el crecimiento de la demanda de energía es, y se quisere que sea, muy inferior a las previsiones del PEN. Porque ni el PNB ha crecido un 6 por 100 en 1975, ni lo hará en 1976, ni es muy factible alcanzarlo en el resto del decenio. En consecuencia, tampoco la demanda global de energía ha crecido ni crecerá un 7,3 por 100 anual, ni el sector eléctrico debe crecer al 10 por 100, hipótesis todas ellas de partida en el programa de energía hoy vigente.

El Plan Energético Nacional (PEN) parte de un supuesto histórico de alto crecimiento de consumo de energía y para hacer frente a la de nada futura, considera que deberá abastecerse principalmente con energía eléctrica. Tras el encarecimiento de los crudos de petróleos y, por tanto, de las fracciones combustibles termoeléctricas, se va a la opción nuclear que era menos costosa en términos de combustible, pero mucho más elevada en inversión por kilowatio de nueva potencia en plantas de generación. De aquí que se embarque a la economía española en un excepcional programa de inversiones a largo plazo que, independientemente de su aceptación social, no parece que se justifique en la nueva coyuntura económica.

Porque si hay algo que ha puesto en evidencia el alza de los precios de la energía, esto ha sido sin duda la disminución de 14 potencialidad de nuestra economía en cuanto a la formación de capital, debido a que una parte de los recursos que anteriormente se ahorraba y servía para financiar inversiones interiores ahora es preciso transferirles a suministradores de crudos o endeudarse exteriormente. En consecuencia, hoy, cualquier decisión sobre una inversión tiene que ser mucho más cuidadosa y eficaz de cuanto lo haya sido en el pasado.

Y en cuanto al sector de la energía, lo anterior se traduce en que no se puede llevar adelante inversiones cuantiosas en centrales eléctricas, a menos que se tenga una plena certeza de una demanda futura asegurada. Y este es el caso que nos ocupa.

Ni las condiciones actuales ni las futuras justifican llevar adelante un Plan de Energía que hipoteca una buena parte de nuestros recursos actuales y futuros con una dudosa rentabilidad y supone al mismo tiempo, un compromiso excesivo para el conjunto del sistema financiero español. Y este último aspecto no es el menos importante. Las inversiones previstas del sector eléctrico para 1976 ascendían aproximadamente a 130.000 millones de pesetas. Las emisiones del sector eléctrico vienen oscilando entre 40-50.000 millones; esto significa que las compañías de electricidad tendrán que acudir al crédito público y privado y al mercado financiero exterior en busca de 80.000 millones de financiación adicional. Esta cifra crecerá en los próximos años, debido a que el plan de inversiones previstas en el PEN solamente para generación y distribución de electricidad supera 1,2 billones para el próximo decenio.

Si se lleva adelante este programa de inversiones, el efecto sobre el mercado de capitales puede ser extremadamente perturbador. Basta considerar que la inversión de los 130.000 millones del sector eléctrico supone el 43 por 100 del total valor de las emisiones nominales en Bolsa en el año 1975. Esto no quiere decir que el recurso al mercado fuese por esa cuantía, ya que existe una autofinanciación con amortizaciones de unos 20.000 millones y el resto, más de 100.00 0 millones deberán canalizarse vía crédito oficial a través de las acciones concertadas por las Cajas de Ahorros y con créditos de proveedor y mercado financiero exterior. La excepcional cuantía y su incidencia en el mercado de capitales debe llevar necesariamente a su urgente reconsideración. En conclusiónes preciso replantear el Plan Energético existente por dos razones básicas. Las hipótesis de crecimiento de la demanda no se van a cumplir en los años próximos y por otro lado, al nivel de los nuevos, precios de las tasas de crecimiento de la economía deben corresponderse con otras mucho más bajas de consumo de energía. En segundo lugar, el proceso de generación de electricidad elegido es financieramente el más costoso en términos de inversión y, aparte de su aceptación social, sería preciso revisar críticamente si no es hoy más aconsejable ir parcialmente a centrales convencionales de carbón y combustible líquido, con un coste de inversión por kilowatio muy inferior a las nucleares (60 %) y con mucha mayor flexibilidad ya que su plazo de construcción es mucho más breve.

Bases para una política energética

La experiencia de los tres dificiles años transcurridos desde que se presentó la crisis, creemos que dan pie para plantear una política del sector de coste bastante distinto al que se le ha seguido hasta ahora. De entrada es preciso decir que se ha producido una distorsión en los precios de las distintas formas de energía, cuyo resultado último ha sido que la elasticidad de la demanda como respuesta a la tremenda variación del precio, haya sido nula en términos de importaciones; es decir, tras más de triplicarse los precios de los crudos hemos mantenido el mismo o creciente nivel de demanda.

Es preciso tener en cuenta que la inflación interna ha erosionado la política de precios de la energía, pero en conjunto el consumo industrial no ha mostrado ninguna reacción contractiva ante los precios aplicados. De aquí una doble actuación sea precisa, tanto en cuanto a los precios como en la actuación directa sobre la demanda.

En cuanto al cuadro actual de precios se observa que el tradicional temor a las alzas de costes ha conducido a que el precio de la energía industrial tenga un trato muy favorable con respecto a los otros usos. De aquí que sería aconsejable, al igual que se ha hecho en otros países, elevar los precios de todas las formas de energía industrial. En esta dirección sería preciso actuar en primer lugar sobre el fuel industrial y especialmente el destinado a las centrales térmicas, trasladando su mayor coste a la energía eléctrica para uso industrial.

Esto no significa que el coste del fuel térmico tenga que ser el de salida de la refinería, es decir, el precio del crudo más su propio coste de refino. La política de precios en los casos de producción múltiple originada en una materia prima única no son tan elementales. En estos casos suele ser la relativa escasez y la demanda las fuerzas que determinan los precios en el mercado. Pero ya, sabemos que no es el caso, dado la fiscalidad y la intervención que gravitan sobre estos productos.

En el caso de España, creemos que el fuel térmico e industrial al representar un consumo de casi 15 millones de toneladas y por tanto aproximadamente el 40% de las importaciones de crudos, deben estar en el centro de la política de precios de la energía. Su cotización debe servir de referencia y medida de las restantes formas de energía; es decir, de los combustibles sólidos, de los restantes combustibles líquidos y sobre todo de la energía eléctrica, que obtenida básicamente del fuel debe trasladar. plenamente el coste de éste a los usuarios, ya sean privados o industriales. El gran fallo de la política energética en España ha sido el no asignar plenamente al precio del fuel-oil el papel de regulador de la demanda de energía y, por tanto, ésta se ha mantenido insensible al profundo cambio en las condiciones de suministro exterior.

No se trata de señalar aquí cuál sería su precio exacto, puesto que podría estar por encima o ser inferior al precio ex-refinería; la comparación con otros países debería llevar su precio medio en torno a las 5.500 ptas, siendo inferior, pero no excesivamente para el fuel térmico.

Las tarifas eléctricas

Sin embargo, es preciso decir rápidamente, que la traslación del aumento del precio del fuel a las tarifas eléctricas no puede ni debe hacersede una manera tansimpley arbitraria como se ha hecho en los dos últimos ahos, ni como al parecer se pretende seguir haciendo según las referencias de la prensa diaria.

En el sistema vigente de tarifas eléctricas, denominadas binornias, el coste del servicio es el resultado de dos sumandos: la potencia con tratada, es decir, la cantidad de energía, máxima o media que se va a demandar de la compañia suministradora en un momento dado, y un segundo sumando, resultado de aplicar el consumo total mensual por el precio de cada kilowatio. La primera parte obviamente es fija, y la segunda varía con el número de horas de utilización de energía.

Las tarifas vigentes de España se caracterizar, por un precio de potencia más alto para los usos domésticos (casi tres veces más elevado) que para los industriales. En cuanto al llamado «término de energía» o precio por kilowatio consumido, que es el segundo sumando, existente dos o tres bloques que hacen que el precio descienda considerablemente a medida que aumenta el consumo en horas de potencia contratada.

El resultado final de esta estructura de tarifas es que los precios por kilowatio consumido en España son mucho más elevados para el usuario doméstico que para el industrial, en una proporción de dos veces y, media superior para los usos no industriales.

Si se aprueba el proyecto de elevación de tarifas conforme se ex puso en EL PAÍS el pasado día 28 de septiembre, se alcanzarán dos resultados igualmente negativos: a) Un empeoramiento relativo del coste del kilowatio al consumidor frente al industrial y por tanto una mayor injusticia en la distribución de los costes. Según esa propuesta el consumo doméstico absorberá el 40% en tanto que solamente gasta el 25% de la total energía eléctrica consumida en España. b) El consumo industrial de la electricidad seguirá creciendo igual que hasta ahora, ya que el precio de esta energía sigue siendo mucho más barata que los restantes y el precio actual no está midiendo ni su escasez, ni su verdadero coste.

Creemos que el precio del fuel se debe elevar y su mayor coste pasarlo íntegramente a las tarifas eléctricas industriales. Inmediata mente después se deberían diseñar unas tarifas que recojan debida mente los costes de la energía y les trasladen convenientemente a los precios.

Actuar en otra forma no es solamente un parche, es una fuga de energía.

Ya se han apuntado las razones que por sí solas justifican no solamente la televisión del rigido sistema seguido en la opción nuclear casi total, y que tal como está planteado en el PEN, puede llevar a una arriesgada asignación de recursos. Por otra parte, dado el alto poder de decisión del Estado en esta materia y los fuertes intereses privados en el sector, los conflictos entre los objetivos privados y públicos si no se consigue una rentabilidad en las inversiones serán cada vez más frecuentes y de difícil solución. Por último; la importancia y el, apoyo al sector energético requieren una información estadística mucho más amplia y frecuente de la que hasta ahora disponemos. Los datos que se publican en la actualidad son insuficientes y la mayoría en base anual, lo que impide seguir la coyuntura de un sector vital para la economía española. Por otro lado como ya hemos dicho anteriormente el secreto domina en muchas internaciones. desde precios de adquisición de crudos, precios entre Monopolio y refinerías. hasta el mismo Plan Nacional de Combustibles y las Actas de Concierto que son actuaciones administrativas, no se publican. La administración debería considerar que la difusión de datos estadísticos sobre energía clarifican su actuación y, en último término, contribuyen a dar una mayor racionalidad al sector.