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El Consejo Nacional se opone a la liquidación del régimen

Graves reticencias contra la reforma proyectada por el Gobierno Suárez fueron expuestas ayer en el seno de la Sección Primera del Consejo Nacional del Movimiento, que aceptó como base de discusión, e inició las deliberaciones sobre el informe redactado por la ponencia integrada por los consejeros Abella, Gutiérrez Rubio, Ortí, Navarro y Palomares. Especialmente fue condenado, por excesivamente liquidador de las instituciones vigentes, el preámbulo del proyecto de ley sometido a informe no vinculante de la llamada Cámara política

Presidida por Jesús Fueyo, la Sección -que volvió a reunirse de nuevo, tras las dos ocasiones anteriores, en mayo y junio, en que no llegaron a cristalizar los informes sobre la reforma Arias-, se inició con la intervención del ministro secretario general del Movimiento y vicepresidente del Consejo Nacional, Ignacio García López, quien se refirió al pluralismo prometedor que se ha desarrollado en las ideologías, en el trabajo y en nuestras propias Instituciones.Defendió las buenas intenciones gubernamentales al redactar el proyecto de ley para hacer factible una reforma que el Gobierno entiende -dijo- sencillamente necesaria, no fruto de ninguna presión, aunque tampoco es producto de la nada.

Contra los hábitos del Consejo Nacional, ni siquiera un tímido aplauso final mostró algún grado de aceptación de las palabras del ministro por parte de los consejeros nacionales.

Tampoco en las once intervenciones que siguieron -entre ellas, las de pesos pesados como Fernández de la Mora, López Rodó y Martínez Esteruelas, tres de las cinco cabezas de la coalición derechista en marcha-, se expresó la voluntad de asentimiento al proyecto de reforma política propugnado por el Gobierno. En cambio, sí resultó aceptado, como base de deliberación, el informe de la ponencia.

Tras la presentación del informe a cargo del ponente señor Abella, la sala del palacio de la Marina Española donde se celebraba la sesión volvió a escuchar -parecía el túnel del tiempo- argumentos y manifestaciones en contra de la modemización política.

Mónica Plaza declaró no poder se contener ante lo que está suce diendo en España -se refería a la amenaza de reforma política-, donde, tras la muerte de Franco los comandos campean por sus respetos y se pretende implantar, democra cia inorgánica en sustitución de la orgánica. Más tarde, en otra intervención, la señorita Plaza recordó con bastante exactitud no exenta de reproche: «Todos ustedes han defendido y cantado esa democracia, la democracia orgánica. ¿Era democracia, o no lo era, y todos decíamos que sí sólo por agradar al Jefe del Estado? ».

Utrera Molina, antiguo ministro secretarle. general del Movimiento, manifestó su disconformidad con el editorial de Arriba de ayer, en lo que se refiere a la sugerencia formulada a los consejeros para que renuncien a entrañables convicciones como prueba de patriotismo. En definitiva, se mostró fiel y leal al 18 de julio y a Franco, y contrario a que se altere el signo de la victoria de 1939.

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Los consejeros nacionales, contra la liquidación del Régimen

Viene de la primera Pág.Las intervenciones de los consejeros nacionales sobre el informe de la ponencia lo consideraron por lo general útil para iniciar el debate de la Sección Primera del Consejo Nacional sobre el proyecto de reforma política. La mayoría de ellos coincidieron también en oponerse al contenido del proyecto del Gobierno y, especialmente, al preámbulo del mismo.

Gonzalo Fernández de la Mora, en una intervención muy concreta y bien construida, aludió a la gravedad de la situación económica -no extrema, aunque sí grave, puntualizó- incrementada por los 70 millones de horas de trabajo perdidas en los últimos meses. En cualquier caso estimó el documento como válido para deliberar, aunque con el reparo de que el proyecto de reforma política es el prólogo para un período constituyente, sin plazo, que potenciará la fragilidad del Estado.

Julio García Ibáñez pidió que el presidente Suárez informe al Consejo Nacional ante la amenaza de que las próximas Cortes guillotinen al Movimiento Nacional, sin posibilidad de defenderse.

Tomás Garicano expresó la necesidad de que el Consejo Nacional informe favorablemente la reforma política, que, en su opinión, sólo plantea la sustitución de la legalidad vigente por otra análoga a la que existe en los países occidentales.

Laureano López Rodó -que al principio de la deliberación había pedido un volumen de las Leyes Fundamentales- aceptó el informe como documento a debatir, si bien expresó varios de los defectos principales que transforman a la reforma política en la apertura de un proceso constituyente.

Pilar Primo de Rivera mostró su preocupación porque puedan irsenos de las manos la unidad de España y el respeto a la dignidad y libertad humanas.

También Cruz Martínez Esteruelas -el tercero de lo s líderes de la gran coalición de derechas que intervino en el debate- estimó el informe de La ponencia suficiente para la discusión.

Brevemente contestó en nombre de la ponencia el señor Abella, y se aprobó por unanimidad aceptar como base de deliberación el informe de la ponencia. Seguidamente, y hasta cerca de las diez de la noche -la sesión se inició a las cinco y cuarto-, se aprobaron por unanimidad los primeros párrafos del informe citado.

El primer capítulo del informe se refiere a la legalidad vigente y su legitimidad como fuente y base de la reforma. Se alude al arranque del 18 de julio y al estado de derecho refrendado por el pueblo y que ha hecho posible -el informe decía capaz de hacer- el efectivo disfrute de los derechos políticos y la estabilidad política y ante el que la reforma se concibe cómo una nueva etapa para incorporar -el informe decía hacer frente a- las innovaciones que el bien de la nación demanda.

Los tres primeros párrafos del capítulo segundo, sobre la finalidad y alcance de la reforma fueron, asimismo, aprobados. Descriptivamente se alude al sufragio universal al sistema bicameral y electoral y al procedimiento de reforma de las Leyes Fundamentales.

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