Prohibir un error

EN ESTE país hace falta por encima de muchas otras cosas, sentido común. Ayer el señor Martín Villa, ministro de la Gobernación. ha dado un paso adelante en el camino de la sensatez. En su visita al País Vasco ha despenalizado la ikurriña. A partir de ahora no sera preciso ya movilizar fuerzas en persecucion de los portadores de ¡kurriñas o para retirarlas con peligro de los responsables del orden público. El señor Martín Villa, en suma, se ha limitado a prohibir un error. Ha utilizado el sentido común. No van a terminarse aquí los problemas en profundidad que afectan al País Vasco, pero sí finaliza una vieja terquedad que ha costado no pocos muertos. Si la ikurriña es bandera de todos los vascos o sólo de los militantes del PNV, ya lo dirán las urnas o el cotidiano ejercicio de la democracia. Si la ¡kurriña es una bandera inventada, ¡qué más da! Todas las banderas se inventan alguna vez. Lo que importa es si los vascos se identifican o no,con tal enseña.

Pero todo ello poco tiene que ver con la integridad del Estado español. Acaso el actual ministro de la Gobernación, tras su estancia como gobernador en Barcelona, ha calado en esos sentimientos genuinos, legítimos, hondamente populares, que en Euskalerría con o en Cataluña se expresan, entre otras maneras. en forma de bandera.

Insistimos en que es una medida de sentido común el advertir que no se puede perseguir echando mano de la fuerza una idea o una bandera. Son aspectos de la vida del hombre que, de ser combatidos, tendrán que serlo por sus iguales: por otras ideas y otras banderas. Y siempre en la convicción de.que en este país caben -como cupieron antaño- muchas banderas y muchas ideas, todas ellas en fecunda vida común.

Por otra parte, el Ministerio de la Gobernación ha anunciado el estudio de otras decisiones complementarias de ese sentido común al que aludíamos: tales como delimitar nuevamente las zonas urbanas de las rurales en las, que debe tener primacía la Guardia Civil para esvitar que esta fuerza se encuentre en la primera línea de actuación cara a posibles disturbios en ciudades. O bien dotar a la Guardia Civil del material antidisturbios del que ahora por reglamento y función no precisa. Reestructurar, en definitiva, las fuerzas de orden público con arreglo a la nueva situación políticay social del país.

Pueden los anteriores parecer datos menores. No son tal en tanto en cuanto se corresponden con un discurrir sensato y antidogmático. Y por venir de un Ministerio en el que el orden público parecía una materia anquilosada e imposible de ser enfocada desde puntos de vista más, flexibles que los utilizados en los últimos años. En este caso, cuando es el sentido común el que prevalece, sólo podemos mostrar nuestra aprobación.