El Gobierno acepta la primera condición del "bunker" para la reforma

Entre los pactos que el Gobierno se ha visto obligado a realizar con el búnker afincado en las instituciones franquistas para sacar adelante la reforma política, el Gabinete Suárez y el propio presidente de las Cortes han cedido a las presiones de los sectores más inmovilistas de la Cámara. Según fuentes legislativas, ambos han aceptado que la deliberación sobre el proyecto de ley no se produzca directamente en el Pleno, sino que previamente sea dictaminada en la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno, que preside Gregorio López Bravo. En cambio, esto no supondrá retraso en la tramitación de la reforma política que, según las mismas fuentes, estará lista para el referéndum bastante antes de Navidad, de acuerdo con las previsiones del Gobierno para la realización de la consulta a la nación.Por el procedimiento de urgencia citado fueron aprobados los proyectos de ley sobre el derecho de reunión y manifestación; sobre el derecho de asociación política y sobre la modificación del Código Penal. Los procuradores que estimaron las disposiciones de urgencia contrafuero y que, posteriormente, se lamentaron de su aplicación, especialmente por lo que se refiere a la aprobación, el 9 de junio, del proyecto de ley que abría el camino a los partidos políticos, han forzado ahora sus influencias y han conseguido la oportunidad de deliberar en el seno de una Comisión legislativa.

Sin embargo, y aun cuando, en principio, la utilización de este trámite podría alargar considerablemente la aprobación del proyecto de ley, en medios legislativos se considera que las facultades reglamentarlas del presidente de las Cortes serán empleadas para atemperar la decisión mediante el acortamiento de plazos. La asignación de procuradores próximos a la línea del Gobierno, a la Comisión legislativa que estudie el proyecto de ley, servirá, por otra parte, para asegurar el dictamen favorable de la misma.

Al parecer y dado el carácter no vinculante del informe del Consejo Nacional, los procuradores de línea más conservadora se han despreocupado de este trámite, en el que sí se utilizará el procedimiento de urgencia, y sólo han puesto condiciones para la aprobación en las Cortes, en cuyo Pleno el Gobierno deberá contar con dos tercios del total de procuradores.