Deshacer el tinglado

EL ANTEPROYECTO de ley de reforma política implica, de alguna manera, la incoación de un proceso constituyente que habrá de tener tres hitos fundamentales el referéndum, las elecciones generales por sufragio universal y la elaboración de la nueva constitución por las Cortes que resulten elegidas. Las dos primeras etapas -referéndum y elecciones- revisten una importancia decisiva. Precisamente uno de los defectos de raíz que vicia el contenido, formalmente democratizador, del anteproyecto es la falta de garantías sólidas de que su aplicación o puesta en práctica vaya a transcurrir por vías sustantivamente democráticas. Los síntomas, a este respecto, no presagian nada bueno.En primer término, un proceso constituyente honesto requiere la neutralidad política del Gabinete, si lo que persigue es que el pueblo español exprese su voluntad libremente, es decir, si el propósito es instaurar un sistema democrático de instituciones por el que discurra el devenir de la sociedad política. Un Gobierno beligerante dispuesto a ganar las elecciones puede ser admisible en unas elecciones ordinarias, nunca en una consulta electoral de signo constituyente, tanto menos cuanto que el aparato del podermontado por el franquismo es un apéndice jerárquicamente subordinado al ejecutivo y seleccionado en función de su adscripción o lealtad a la ideología del Régimen a extinguir. Hacer una reforma para garantizar la continuidad en el mando de las fuerzas político- sociales que lo han detentado en monopolio durante los últimos cuarenta años sería un fraude que desembocaría en el caos político.

En segundo lugar, parece imprescindible la inmediata promulgación de una ley electoral, negociada con los partidos políticos, que recoja todas las garantías jurídicas inherentes a unas elecciones libres. Se dice que quien hace la ley hace la trampa para evadirla. Que, en este caso, no ocurra así es una imperiosa necesidad para que la oposición democrática acepte participar en las elecciones. Sin la presencia de la oposición democrática, la consulta electoral no pasará de ser una burda maniobra.

En tercer lugar, no cabe hablar de proceso constituyente, democráticamente entendido, si no funcionan debidamente las libertades públicas y muy particularmente las de reunión, asociación, manifestación e información. La regulación actual de estos derechos es restrictiva y permite su manipulación discrecional por las autoridades públicas. El régimen de autorizaciones previas para su ejercicio debe concluir y los medios de comunicación social -sobre todo la radio y la televisión- deben ponerse al servicio de los partidos y difundir una información honesta y veraz. El sectarismo de RTVE en beneficio del Gobierno y de las fuerzas del sistema no es sólo antidemocrático, sino irritante. Hay que decir que en las últimas semanas la parcialidad informativa de Televisión ha aumentado además de modo alarmante.

Finalmente, en el orden judicial, debe ponerse Fin con carácter inmediato a la existencia del tribunal de Orden Público y la vigencia de normas político-represivas como el decreto-ley Antiterrorismo y ciertas disposiciones de la propia ley de Orden Público.

Tales son algunas de las condiciones mínimas que pueden dar credibilidad democrática a la aplicación del anteproyecto de ley de reforma política. De no tomarse medidas como las aquí expuestas y otras similares, podrá decirse -como recordaba Jacinto Benavente en Los intereses creados-: «He aquí el tinglado de la antigua farsa ... » Un tinglado y una farsa que impedirán la resolución adecuada de los problemas del país.