Los movimientos de trabajadores organizan la resistencia contra Pinochet
Dentro del esfuerzo general para crear su propia institucionalidad, la Junta Militar se propone regular en 1976 las relaciones laborales de forma estable. Desde finales del pasado año sometió a discusión entre «expertos laborales y dirigentes sindicales» un proyecto de Código de Trabajo que sería definitivamente aprobado a mediados de este año. Tal proyecto levantó una oleada de críticas (se presentaron a las autoridades más de 800 enmiendas sustanciales) incluso entre los «sindicalistas» más próximos a la Junta, siendo rechazado públicamente por la Iglesia Católica y la Democracia Cristiana, quienes lo consideran esencialmente corporativista.La decisión de promulgar el Código por encima de todas esas críticas guarda relación con el propósito que la JM tiene de consolidarse ahogando cualquier tipo de oposición. Así, en los meses pasados una importante cantidad de sindicatos locales que aún conservaban personalidad jurídica han sido disueltos por órdenes directas del Gobierno; entre ellos se encuentran sindicatos mineros, fabriles y profesionales (Sindicato Profesional de Manufacturas Sumar, Sindicato de Dueños de Carnicería de Antofagasta. etc.).
La burocracia sindical de la Junta
En general, la situación sindical de los trabajadores chilenos es bastante compleja. Como es sabido, desde el mismo 11 de septiembre de 1973 la Junta puso fuera de la ley la Central Unica de Trabajadores (CUT). persiguiendo también a los dirigentes de los sindicatos de rama y locales que eran considerados más peligrosos. La dirección de estos sindicatos de rama fue a continuación ocupada, bien por dirigentes democristianos o bien por aquellos hombres que colocara directamente la JM. Estos «dirigentes» y los correspondientes a los gremios de pequeños propietarios han dado forma a una especie de burocracia sindical, única intermediaria entre el Gobierrit de Pinochet y el mundo del trabajo. Sin embargo. es importante seguir la evolución reciente de esta «burocracia»: si en los meses que siguieron al golpe ofrecieron su total apoyo a la Junta (realizando incluso viajes al exterior en ese sentido), desde finales de 1974 comenzaron a enfriarse en tal apoyo, pasando más bien a una «colaboración a distancia», para, últimamente -una vez sentidos los efectos del tratamiento económico de shock- iniciar, junto a los sectores empresariales afectados, una serie de críticas abiertas y públicas a la política económica de la Junta.
Respecto a la actividad sindical, existirían entre los trabajadores chilenos hasta mediados del pasado año dos actitudes contradictorias, según los análisis de la izquierda chilena que actúa dentro del país. Una de ellas, bastante considerable, afirmada en los sectores de trabajadores seriamente politizados durante el período de gobierno de la Unidad Popular, tendería a la recuperación de la actividad sindical y política; la otra actitud, de sentido contrario, se manifestaría entre los amplios sectores de trabajadores drásticamente afectados por las condiciones miserables de vida y por el miedo a la represión, quienes presentarían indiferencia e incluso rechazo a la
actividad sindical organizada. Siguiendo dichos análisis, la actitud crítica de la «burocracia intermediaria» frente al tratamiento económico de shock vendría a favorecer la reactivación reivindicativa general y abriría en tal terreno mayores posibilidades de actuación a los partidos de izquierda.
Situación policial
Ahora bien, la situación en que se encuentran tales partidos no es extraordinariamente buena. Paralelamente a la puesta en marcha del tratamiento económico de shock, la policía política directamente a las órdenes de Pinochet, la DINA, ha sido dotada de los mejores medios para incrementar su acción. Durante el segundo semestre del pasado año, las agresiones a las estructuras partidarias de la izquierda se han multiplicado, y una serie de éstas, la llamada Coordinadora de Regionales (ala izquierda del PS), el MA/ U y la Izquierda Cristiana, han sido severamente desarticuladas. Sin embargo, el Partido Comunista ha sido el que ha recibido, entre junio del 75 y junio del 76, una atención especial de parte de la DINA (la que habría seguido un determinado plan de represión, tratando de destruir primero al MIR, después al PS y más tarde al PC, entre otras razones porque a su juicio, empezar por la ultra siempre provocaría menos solidaridad en el conjunto de la izquierda). Así, a mediados del pasado año, varios regionales importantes del PC fueron desarticulados, obligando a uno de sus dirigentes principales Jorge Insunza, a buscar refugio temporal en la embajada de Austria. A principios de este año, el PC pasó a su reorganización, logrando Insunza regresar nuevamente a la actividad clandestina. Recientemente, pocas semanas antes de la reunión de la OEA, la DINA ha logrado descargar un duro golpe sobre el PC: la nayoría de su núcleo dirigente (doce miembros) han sido detenidos, muerto uno de ellos. Víctor Díaz, viéndose obligado Jorge Insunza a pedir asilo en la embajada de Costa Rica.
El MIR ha seguido una evolución particular., dado que hasta mediados del año pasado ha sido la organización más perseguida. Después de la caída de su secretario general, Miguel Enríquez, en octubre de 1974, la Junta se lanzó a la ofensiva final que supuestamente destruiría totalmente tal organización. Consiguió dar una serie de golpes consecutivos que afectaron cuadros medios. regionales y parte de la Comisión Política. El MIR pasó al repliegue total y a la descentralización, y desde marzo de 1975, a la reorganización. No obstante, en octubre del pasado año sufrió un nuevo golpe -descubrimiento del alojamiento del nuevo secretario general, Andrés Pascal Allende, quien se vio obligado a abandonar Chile a través de la embajada de Costa Rica-, que, según el propio MIR, no por ser un golpe aislado es menos importante.
La eficacia de la represión ha atimentado con el progresivo oscurecimiento de la situación política en todo el cono sur de América Latina, y especialmente con el estrechamiento de las relaciones entre la policía chilena y la argentina. En tal sentido, los refugiados chilenos en Argentina han comenzado a sufrir toda suerte de atentados, entre los que destacan los secuestros en masa operados recientemente. Quizás sea el caso de Edgardo Enríquez, hermano del antiguo secretario general del MIR, el que mejor refleje esta situación. Detenido el 10 de abril en la ciudad de Buenos Aires, fue interrogado por la policía argentina hasta el 25 de ese mismo mes, fecha en la que desapareció, sin que el Gobierno argentino haya reconocido públicamente su detención (aunque el ministro de Relaciones Exteriores habría admitido el hecho ante un funcionario de la ONU, a quien habría dado garantías de que Edgardo Enríquez no sería entregado a la policía chilena). Posteriomente, el MIR ha denunciado que Enríquez ha sido entregado a la DINA el 27 de abril y trasladado a uno de sus centros de tortura en Chile, localizado en Monte Maravilla, a cien kilómetros de Santiago, en donde se encontraría en peligro de perder la vida.
Actividad de la oposición
A pesar de la intensificación de la represión, según la propia prensa chilena, los partidos han continuado desarrollando su actividad. Han aumentado las publicaciones partidarias y la extensión de la propaganda. Según El Mercurio, periódico conservador hoy defensor de la Junta, «la noche anterior al sábado primero de mayo aparecieron volantes con ofensas contra el Gobierno» en amplias zonas de Santiago y casi todas las poblaciones pobres, admitiendo también que «por lo menos una vez por semana las canchas de fútbol y las multicanchas de las poblaciones de San Miguel aparecen regadas de pequeños papeles mimeografiados que el viento (sic) se encarga de dispersar por las calles adyacentes». Recientemente, uno de los principales «dirigentes» sindicales de las minas de cobre afirmaba en una conferencia de prensa: «Sabemos que los marxistas están ahí, porque los sentimos moverse activamente entre las bases...»
Las posiciones del MIR y del PC
Respecto a cómo desarrollar la resistencia existen diferentes posiciones entre los partidos de izquierda. La discusión, que está siendo protagonizada por el MIR y el PC fundamentalmente, gira en torno a las formas de lucha y a las relaciones con la DC. Según el MIR, «la lucha por el restablecimiento de las libertades democráticas y la defensa del nivel de vida de las masas» debe incorporar acciones armadas de progresiva amplitud, aunque recalca que éstas sólo podrán llevarse a cabo cuando así lo decidan los trabajadores que recuperan su actividad sindical y política. Por otra parte, el MIR se niega a la alianza con la actual dirección democristiana -Aylwin y Frei-, señalando su colaboración con Pinochet en el derrocamiento de Salvador Allende. El Partido Comunista, por el contrario, rechaza las acciones armadas y está dispuesto a llegar a un acuerjo con la DC como partido.
Esta última cuestión dividió el pasado año el Comité Unitario que integraba, además del MIR y todos los partidos de la Unidad Popular, los sectores de izquierda de la Democracia Cristiana (encabezados por Leighton y Fuentealba, ambos expulsados de su país). Se produjo una reacción en cadena: en sus intentos por establecer una alianza los sectores menos pinochetistas del Ejército, la DC encontraba que éstos le exigían como condición «sine qua non» la ruptura de todo contacto con los comunistas; ello llevaba a la actual dirección democristiana -apoyada intensamente por la DC alemana- a tratar de dividir la UP, extrayendo de ellas los sectores socialdemócratas, lo cual «empujaba» al PC a buscar la reconstrucción de la Unidad Popular como único frente de izquierdas, loq que concretamente significaba la exclusión y el aislamiento del MIR.
Sin embargo, en el interior de Chile la actividad cotidiana parece limar estas diferencias. En primer lugar, porque la prosaica realidad ha obligado al MIR a emplear sus mejores recursos en la actividad sindical y poblacional, no habiendo desarrollado en la práctica ninguna acción guerrillera clásica (las que se le han atribuido, como la del asalto al Banco antes de la muerte de Miguel Enríquez, han sido desmentidas por el MIR y el resto de la izquierda, incluido el PC). En segundo lugar, porque -dada la imposibilidad de lograr un acuerdo con la dirección DC- el PC en el interior no encuentra operatividad en tal esperanza y tiene que actuar con quienes están dispuestos a hacerlo en contra de la Junta. Por esta razón, a comienzos de junio parece haberse logrado un nuevo acuerdo unitario entre toda la izquierda y los sectores democristianos más radicales. Un primer fruto de este acuerdo ha sido el documento enviado por los presos políticos a los delegados de la OEA reunidos en Santiago, firmado por todos los partidos de la izquierda. Merecen destacarse de este documento la amplia documentación sobre los distintos lugares utilizados por la DINA como casas de torturas (las principales, situadas en la calle Londres, 38; en José Domingo Cauas; la «villa Grimaldi», en José Arrieta; «Cuatro Alamos», en la avenida Departamental, y la situada en el Monte Maravillas próximo a la capital). Sobre la existencia de un centro de experimentación de la tortura física y psicológica, (situado en el camino a las termas del Castillo, cerca de la localidad del Parral, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en una vieja colonia alemana Dignidad), la denuncia del creciente empleo de camiones cerrados para sacar a los presos más deteriorados cuando los organismos internacionales inspeccionan los centros de detención, así como la utilización de viejos y nuevos métodos de tortura (desde la picana eléctrica hasta el uso de perros amaestrados en la violación y la destrución de órganos genitales). Evidentemente, tal documento levantó en la prensa chilena auténticas expresiones de cólera.
Sobre las perspectivas de la situación, muchos observadores en Santiago coinciden en que la actual polarización entre el intento de Pinochet de consolidarse en el poder y el rechazo creciente que ello -o sus efectos- causa en amplios sectores de la población tenderá a agudizarse en lo que resta del presente año. ¿Conseguirá el dictador convertir su victoria del 11 de septiembre en un sistema jurídico-político de excepción a pesar sus actuales dificultades económicas y políticas? Esa es la ensombrecedora pregunta que hoy pesa sobre el pueblo chileno, incluso sobre aquellos sectores que en su día favorecieron la llegada de aquel luctuoso 11 de septiembre.
