Declaración del Gobierno y Pacto Democrático
Si algún día la Oposición llega a olvidar que fue el ministro Areilza el primero en promover desde el Poder la idea del pacto político, el olvido sería imperdonable.Siendo así, hemos de convenir que la llamada «Declaración programática del Gabinete Suárez», precisamente porque no contiene propiamente ningún programa político, sigue la línea entonces iniciada y puede ser considerada como el esquema de una propuesta de concordia, encaminada a hacer posible la pacífica convivencia de todos los españoles.
Pueblo, Gobierno v Fuerzas Armadas
En orden a tal postura, lo primero que llama la atención en la Declaración es la consideración del contenido político-funcional, atribuido en ella a tres elementos básicos: el Pueblo, el Gobierno y las Fuerzas Armadas.
El Gobierno promueve una reforma política, pero proclama que «la Soberanía reside en el Pueblo». Pretende ojear «un juego político abierto a todos los españoles» mediante «la instauración de un sistema político democrático, basado en la garantía de los derechos y libertades cívicas, en la igualdad de oportunidades políticas; para todos los grupos democráticos y en la aceptación del pluralismo real», lo que tendrá lugar en unas elecciones generales que se anuncian para antes del 30 de junio de 1977.
Si el papel del Gobierno es promover la instauración del sistema democrático, y el del Pueblo ejercer la Soberanía, es evidente que hay que conjugar con estas funciones el papel de un tercer instrumento: el de las Fuerzas Armadas, cuya función define el número 7 de la Declaración como «garantía de la independencia e integridad de la Patria», destinatarias, por ello, del «más firme apoyo por parte del Gobierno y de la Administración Pública», lo cual difiere, llamativamente, del texto del artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado, según el cual, las Fuerzas Armadas serían llamadas, además, a velar por la «defensa del orden institucional».
El Gabinete, del que forman parte muy calificados miembros de las Fuerzas Armadas, se muestra así rigurosamente congruente: Si el Pueblo, siendo Soberano, puede modificar las instituciones, es obvio que la defensa de las que deben ser modificadas no puede seguir atribuyéndose a unas Fuerzas cuya alta misión específica es muy concretamente la defensa de la independencia y de la integridad de la Patria.
El Pacto, que a partir de la iniciativa de Areilza muchos consideraban bilateral como Pacto Gobierno-Oposición, a través de la Declaración del Gabinete Suárez es preciso -concebirlo como Pacto trimembre. Esto parece que es esencial.
La responsabilidad de la Oposición: crear verdaderos partidos.
Sin embargo, establecer un pacto se dice demasiado pronto.
Es el problema de cómo «pueden surgir las mayorías que informen el futuro de la composición de las instituciones representativas », cuestión harto difícil, por no decir, imposible, de no lograrse la concreción unificadora de verdaderos y, auténticos partidos, de amplísima base y dilatado censo.
Es preciso, por tanto -y además de modo rápido- rebasar la atomización a que durante cuarenta años fue sometido el pensamiento político disidente. La Oposición no puede seguir aferrada a considerar sus grupos como partidos, sin unificar jefaturas, fundir organizaciones y aglutinar ramas afines, por no llegar a comprender que un partido político se define por unos principios muy amplios, dentro de los cuales caben una serie de matices, posturas y grados, que juegan en las Asambleas internas; pero que no deterioran la unidad de la Organización.
El formar grandes partidos ha de constituir, indudablemente, la meta más directa e inmediata de la Oposición. Sólo con grandes cifras pueden presentarse candidaturas, cuando se dice que presentar un candidato a diputado costaría en España una cantidad del orden de los 10.000.000 de pesetas y que mantener cincuenta círculos políticos en España -uno por provincia- supondría sólo de alquiler de locales algo así como dos o tres millones de pesetas al mes. Ello sin contar con que un partido necesita propaganda, funcionarios, desplazamientos y estudios costosísimos.
De aquí que haya que señalar la tremenda responsabilidad que la Declaración del Gobierno -consciente o no- hace recaer sobre la Oposición: la responsabilidad de unificar los partidos. Convertir las «cabezas de ratón» en « colas de león».
El desarrollo constituyente, función soberana
El muy avisado -y politizado- lector se estará ya diciendo:
Si en un primer pasaje se habla de un pacto destinado a estructurar nuevas instituciones y a continuación se señala la responsabilidad histórica de la Oposición en orden
Pasa a la página 7.
Declaracilón del Gobierno y Pacto Democrático
Viene de la página 6.
a la necesidad de promover inmediatos partidos eficientes, es evidente que se da por supuesto que nos hallamos ya en un período constituyente.
Evidente:
El presidente Suárez y su Gobierno, quiéranlo o no, han abierto el periodo constituyente con un giro copernicano, erradicando la soberanía del Estado y sus instituciones para reconocérsela al Pueblo de modo exclusivo y excluyente.
De ahí el grave riesgo del Gobierno:
Querer gobernar demasiado.
Y debe entenderse aquí por «querer gobernar demasiado» el sustituir la Soberanía popular por una Democracia otorgada al rebasar todo lo que no sea estrictamente « reconocer y garantizar el ejercicio de las libertades públicas», «asegurar el ejercicio responsable de la libertad de expresión», y lo que es fundamental, facilitar la aglutinación de los grandes partidos políticos promoviendo la rectificación de las máculas de la Ley de Asociaciones políticas, que el Gobierno ha de rectificar con criterio democrático y constituyente en el curso de un rápido proceso, cuya culminación ha de tener lugar en unas Cortes de este carácter, únicas legitimadas para configurar la futura estructura política del país.
Dos puntos quedan al margen de las coordenadas del propósito gubernativo:
La amnistía, hoy concedida y que explícitamente se anunció amplia, aunque con cierta imprecisión, y el «referéndum», del que no habla explícitamente la Declaración; pero que puede estar implícito en la ambigüedad con que el Gobierno ofrece «someter a la decisión de la nación las cuestiones relativas a la reforma constitucional».
Pretender a través de un «referéndum» someter al Pueblo una reforma constitucional, por modesta que se pretenda, y aun circunscrita a una o a algunas instituciones concretas, no será considerado como un paso democrático, y si el paso es prudente -que ha de serlo- será juzgado, indefectiblemente, como tímido y vacilante, si es que no se juzga como un retroceso.
Otra cosa distinta sería una consulta popular o plebiscito, para exonerar de compromisos y de preocupaciones al propio Régimen, obligado a pasar, por imperativo clamoroso, de una Dictadura a una Democracia.
Pero esto es todo otro tema ajeno a la glosa de un documento que puede convertir al presidente Suárez en interlocutor válido para la ruptura democrática. Una ruptura que en buena Política debe ser fruto de un Pacto auténticamente nacional.
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