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Editorial:

La intervención USA en España

LA COMISION de Asuntos Exteriores de las Cortes, después de deliberar sobre la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos, aprobó una moción contra la injerencia del Senado norteamericano en los asuntos internos españoles a propuesta de dos representantes de la derecha autoritaria: Fernández de la Mora y el Marqués de Valdeiglesias. El tratado, cuya ratificación recomendó finalmente la Comisión de Cortes, que objeto de una resolución del Senado estadounidense por la que se manifestaba el deseo de que el nuevo convenio hispano-norteamericano sirviese «para promover y apoyar la marcha de España hacia instituciones libres y la participación de dicho país en las instituciones europeas de cooperación política y económica».Resulta un tanto paradójica la actitud de los procuradores de la Comisión de Asuntos Exteriores, especialmente la de los dos más arriba citados, franquistas de vocación, si se tiene en cuenta que el Régimen de Franco debe, en buena medida, su larga supervivencia a la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos españoles y a la permanente subordinación de nuestra política exterior a los propósitos norteamericanos. El cese del ministro Castiella, al que el Gobierno USA de entonces no fue del todo ajeno, constituyó, en su día, ejemplo revelador.

Pero lo que más llama la atención en todo esto es el trasnochado, pintoresco e interesado nacionalismo de estos ilustres mandatarios de la reacción. Nadie pone en duda su patriotismo. Unicamente creemos que es algo sectario. Calificar de injerencia, de una parte, la expresión del deseo de ver a España encaminarse hacia la democracia, y de otro lado, guardar un discreto silencio cuando la Embajada de los Estados Unidos se pronuncia abierta y recientemente por la prohibición del Partido Comunista -por ejemplo-, o cuando las multinacionales norteamericanas -con frecuencia intermediarias de la política de su Gobierno- ejercen soterradas presiones o practican el soborno, implica no solamente hacer gala de una conducta contradictoria, sino también utilizar una ideología nacionalista para encubrir intereses partidistas y puede que también inconfesables.

Nadie tiene el monopolio del patriotismo, y es evidente que, por principio, debe rechazarse cualquier tentativa de intromisIón extranjera en nuestros asuntos domésticos. Pero nos gustaría que el patriotismo que despliega la derecha autoritaria se extendiese a la denuncia, clara y tajante, de otras injerencias más directas o de otros hechos tan antipatrióticos como la evasión de capitales, la aceptación del cohecho, la percepción de comisiones o la apertura de cuentas corrientes en Suiza. Porque todo ello es notablemente más perjudicial para la comunidad nacional que la mera expresión de un deseo de democratización.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de julio de 1976