Ganan puntos los inmovilistas en las Cortes

Las últimas Cortes de Franco dieron ayer su aprobación, a duras penas, a las modificación de los artículos del Código Penal relativos a los delitos de reunión, manifestación, propaganda y asociación, así como a la creación de uno nuevo: el de piquetes de huelga. Tres votaciones nominales sacaron adelante -por sólo 70 votos de diferencia- el proyecto de ley, al tiempo que fue rechazada una sugerencia progresiva de la Comisión de Justicia y no se tomó en consideración el intento de declarar ilícito de modo expreso al Partido Comunista. Las tensiones del Pleno de la Cámara y las resistencias a la reforma, hacen prever dificultades mayores para la reforma constitucional, que requiere la aprobación de dos tercios de las Cortes.

Durante la sesión plenaria, que originó muchos momentos de confusión y mostró las tensiones existentes entre los sectores de la Cámara partidarios de una liberalización de la vida política española y los reductos conservadores que albergan a numerosos procuradores, el tema conflictivo fue el punto quinto del artículo que finalmente se aprobé, tal y como lo decidió el propio Pleno el pasado 9 de junio. La diferencia fue que, en aquella ocasión, los votos adversos fueron 64, mientras que ayer llegaron a 175.Con todo, para el Gobierno Suárez -que se abstuvo en el tema del polémico punto quinto y votó a favor del dictamen sobre la reforma del Código Penal-, el Pleno de ayer debió ser aleccionador, por cuanto pudo calcular las dificultades que un proyecto de reforma constitucional encontrará seguramente en la Cámara.

El intento de cuatro grupos parlamentarios de someter al Pleno la declaración de ilícitud expresa contra el Partido Comunista, naufragó contra la aplicación del Reglamento por parte del señor Fernández-Miranda. Al término de la sesión, unos sesenta procuradores suscribieron una proposición de ley en igual sentido para hacer viable su pretensión.

En nombre del Gobierno, Landelino Lavilla defendió con moderación y espíritu conciliador el dictamen de la Comisión de Justicia. En nombre de ésta, el ponente, Escrivá de Romaní, se esforzó en convencer a los procuradores de que la exclusión del Partido Comunista estaba asegurada por varios conductos y no resultaba técnicamente aceptable tipificar el nombre concreto de un partido que, por otra parte, era más fácil de escamotear que las conductas concretas.

El empeño de los partidarios de la condena, más política que jurídica, del PC, fracasaron finalmente en su intento, aunque poco faltó -setenta votos- para que lograran sus propósitos, con la curiosa complicidad de algunos de los pro - curadores más progresistas de la Cámara, que votaron en contra de la totalidad del dictamen, en el que no lograron incluir, en sustitución de la alusión a los totalitarismos de disciplina internacional, la sugerencia de la Comisión de Justicia por la que se declararían ¡lícitas las asociaciones contrarias al pluralismo.

Sobre la calidad jurídica del proyecto de ley aprobado, tres destacados penalistas, los profesores García Valdés, Rodríguez Mourullo y Stampa Braum, han declarado a EL PAIS que, aun cuando el nuevo texto mejora la regulación anterior, la redacción del artículo 172, en concreto, resulta muy defectuosa e incorrecta, en especial en lo que se refiere al punto quinto del artículo citado.

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Editorial, pág. 8