Los consumidores, sin representación

Los recursos contra las subidas de las tarifas eléctricas y el proyecto presentado por OCU al nuevo presidente del Consejo Nacional de Consumidores, han sido los principales temas tratados en la rueda de prensa celebrada ayer en Madrid en la sede de la Organización de Consumidores y Usuarios.En el transcurso de la reunión se dio a conocer la desestimación del Consejo de Ministros reunido el 21 de mayo pasado, que propuso el titular de Industria, al recurso de reposición interpuesto contra la segunda subida de las tarifas eléctricas del 14 de noviembre de 1975.

Contra esta resolución sólo cabe ahora la vía contencioso-administrativa mediante un recurso que deberá ser presentado antes del 12 de agosto al cual el señor García Pablos, presidente de OCU, se piensa acoger.

En cuanto al recurso contra la primera subida de las tarifas eléctricas de 24 de enero del año 1975, como ya informó en su día el presidente de OCU a EL PAIS, la sala tercera del Tribunal Supremo ha solicitado a la Presidencia del Gobierno que manifieste si el proyecto de decreto fue o no distribuido a los señores ministros, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración.

Sin embargo, la actualidad para las organizaciones de consumidores está ahora centrada en las consultas que sobre el nuevo decreto realiza el nuevo presidente del Consejo de los Consumidores, señor Ruiz Navarro. Las propuestas; que la OCU ha hecho se basan principalmente en los ejemplos que ya existen en Francia y otros países del Mercado Común. Como primer punto, la OCU pide que se reconozcan los cinco derechos fundamentales de los consumidores recogidos en la carta magna del consejo de Europa. Se pide asimismo, que sea la Presidencia del Gobierno la que redacte el decreto sobre el Consejo Nacional de Consumidores y que, a ser posible, le dé rango de decreto-ley.

Terminan las peticiones con la creación de un Ministerio del Consumo cuya plataforma de lanzamiento podría ser la dirección General de Consumidores. Para esta petición, el señor García Pablos, reconocía «que se había perdido una buena oportunidad ante la creación del nuevo Gobierno».

En cuanto a los errores que este nuevo decreto -del que se desconocen sus autores- la OCU destaca la mezcla que se hace de dos organismo tan distintos como son el Consejo de Consumidores y el Instituto Nacional del Consumo. El señor García Pablos manifestó que mientras el primero debería ser un órgano público controlado por los consumidres, el segundo se debería limitar a sus funciones de tipo técnico dependiendo exclusivamente del Ministerio de Comercio. El otro error es el poder que la Administración se retiene para sí, desde el momento en que se guarda la prerrogativa de elegir los cargos directivos de un organismo que en teoría está para defender a los consumidores, los cuales sólo cuentan con quince votos en el consejo contra otros quince de carácter oficial. La propuesta de OCU es que los quince componentes de organismos oficiales tengan un voto consultivo, pero no deliberativo.

Por último se pide que el decreto sea revisado y que se margine de él todo lo referente al Consejo de Consumidores.