Múltiples irregularidades en un centro subvencionado

Los profesores del colegio se preguntan cómo un centro, subvencionado al 100 por 100 por el Ministerio, puede registrar múltiples irregularidades docentes y laborales. Hasta el momento, han conseguido que no se cobren cuotas superiores a las legales, como se venía haciendo. Muchas de sus gestiones ante los organismos competentes han resultado infructuosas. Ahora, el delegado provincial de Educación ha prometido investigar los hechos.

El pasado 3 de mayo, un grupo de profesores del colegio San Vicente, situado en la Colonia Hogar del Taxista, en la carretera de Vicálvaro, hacía un escrito al delegado provincial de Educación y Ciencia de Madrid en el que exponían lo que consideraban irregularidades del centro; entre otras, las cuotas cobradas a los alumnos por encima de lo legal en un colegio subvencionado al 100 por 100, el funcionamiento de un aula menos de las subvencionadas, con lo cual se ignoraba el paradero de 410.000 pesetas que el Ministerio concede por aula en funcionamiento, aunque en otra de las aulas llegara a haber 53 alumnos; la impartición de dos niveles de enseñanza distintos (3.º y 4.º de EGB) en la misma aula; el cobro a los padres de actividades extraescolares que no se impartían; la existencia de profesores sin titulación, con utilización, incluso, de títulos de personal docente que había trabajado allí.«Siguiendo la línea que regula la distribución de subvenciones, -decían los profesores- ponemos en su conocimiento que en este colegio, durante el curso pasado, no había ningún profesor que percibiera trienios por antigüedad, siendo en éste tan sólo dos los que los perciben. Esto, unido a qué consideramos que, en concepto de mantenimiento, la inversión del propietario ha alcanzado el capítulo que la subvención destina ( ... ) nos lleva a ponerlo en su conocimiento, por si estos fondos no hubieran sido reintegrados al Tesoro.»

El escrito terminaba pidiendo al delegado provincial de Educación y Ciencia una visita de inspección, para que en todo momento quede garantizada la adecuada enseñanza y educación de los alumnos de este centro, e iba firmado por doce de los 32 profesores con que cuenta el colegio San Vicente, dos de los cuales son el director, Andrés León Gormaz, y su mujer.

Las acusaciones de que se habían estado cobrando a los alumnos cuotas superiores a las normales se basaban en que los estudiantes habían pagado 500 pesetas, mientras tendrían que haber pagado 262 hasta diciembre de 1975, según lo establecido por el Ministerio. A partir de enero del año en curso, el colegio quiso cobrar 600 pesetas, lo que motivó la intervención del presidente de la Asociación de Padres de Alumnos, señor Rosso, hasta conseguir que la cuota quedara en 425 pesetas, cantidad establecida legalmente desde enero pasado. Se da la circunstancia de que, a raíz de esta intervención del señor Rosso, el director del colegio negó las plazas para el curso 76-77 a sus dos hijas, aunque el delegado provincial de Educación y Ciencia ha prometido que se solucionará este asunto.

La forma en que el director del colegio San Vicente organizaba el cobro de cantidades superiores a las estipuladas se la expusieron los profesores al delegado provincial el pasado 2 de julio. Según aquéllos, el señor León Gormaz «intentó escudarse en la Asociación de padres que estaba forjándose, amparándose detrás de un documento firmado por padres pertenecientes a la misma, mediante el cual quedaría autorizado a percibir de los padres una cantidad mensual extra, de la que una pequeña porción iría destinada a la gratificación del profesorado y el resto, supuestamente, se dedicaría a realizar mejoras en el colegio. Teniendo en cuenta que las disposiciones ministeriales a este respecto para centros subvencionados son tajantes; que entre los padres existe una gran confusión al respecto, al creer que las cantidades extras van destinadas a los profesores y que éstos no ven por ninguna parte que el grueso de este dinero repercuta en mejoras del centro, empiezan a hacer la idea de poner este hecho en conocimiento de la autoridad competente, dado que únicamente repercute en el negocio del señor director».

Según los profesores, además de las irregularidades docentes se han producido también otras de tipo laboral y deterioro de las relaciones humanas, sobre todo a partir de enero de este año, cuando la huelga de la enseñanza.

Poco después, tras lograr que se llevaran a cabo elecciones sindicales, los profesores denunciaron ante la Delegación Provincial de Trabajo ciertos retrasos que se daban en sus fechas de afiliación a la Seguridad Social, retrasos que llegaban a casos extremos en el caso de dos compañeras (año y medio y ocho meses, respectivamente). Además, -dicen- algunos trabajadores del colegio no han sido dados de alta en la Seguridad Social hasta la fecha.

Tras la paralización de todas las denuncias, en la que ha tenido gran parte, según los afectados, la inspectora de zona, Adelaida Pérez, el delegado provincial de Educación, Lucio Soto, ha prometido una investigación de las irregularidades del centro, al igual que les han dicho en la Inspección de Trabajo.