Un fiscal de la República italiana, asesinado por los neofascistas

El fiscal adjunto de la República de Roma, Vittorio Occorsio, fue asesinado ayer por la mañana a tiros de metralleta, cuando en automóvil se dirigía a su despacho oficial. Según unas octavillas que la policía encontró en el interior del coche, la paternidad del asesinato es reivindicada por la organización neofascista «Orden Nuevo», que una semana antes de las elecciones del 20 de junio pasado fue declarada ilegal por el Gobierno.Según las primeras impresiones de la policía, dos jóvenes que conducían un automóvil robado hace veinte días, tras cruzarse con el coche del magistrado le dispararon desde diversos ángulos 27 proyectiles, 16 de los cuales alcanzaron el vehículo y una docena al juez, que murió en el acto.

Occorsio, que tenía cuarenta y siete años y era padre de dos hijos ingresó en la Magistratura en 1955 e hizo siempre su carrera en Roma. En tres ocasiones, durante estos últimos años, se había ocupado de procesos contra la organización terrorista de extrema derecha. había intervenido en la primera fase del proceso de plaza Fontana de Milán, en que una bomba colocada en el Banco de Agricultura provocó 17 muertos y 60 heridos. Todavía no se ha cerrado el sumario sobre posibles responsabilidades del servicio secreto. Occorsio estaba preparando para otoño próximo otro proceso contra cuarenta militantes de «Orden Nuevo», cuyo líder, Clemente Graziani, escapó al exterior, tras ser condenado en 1973.

Occorsio había sido acusado por los neofascistas de «Orden Nuevo» de oportunismo de carrera y de haber servido a la dictadura democrática, persiguiendo a los militantes de «Orden Nuevo» y a las ideas de que son portadores». Según el mensaje, «la justicia burguesa se detiene en la cadena perpetua, la justicia revolucionaria va más allá». «También los verdugos mueren», precisa el mensaje, que termina responsabilizando a Occorsio y a otros jueces de disolver su movimiento, y encarcelar y procesar «ante tribunales del sistema burgués» a decenas de militantes.

El jefe de la brigada antiterrorista Emilio Santillo declaró que no existen dudas sobre la autenticidad del mensaje, pero la policía y los carabineros, que desplegaron inmediatamente en toda Roma y sus alrededores un minucioso aparato de control, incluso con helicópteros, no descartan ninguna pista.

El ministro del Interior, Francesco Cossiga, que se trasladó inmediatamente al lugar del asesinato declaró que en la lucha contra el terrorismo se cuenta con la colaboración de todos los ministros del Interior de la Comunidad Económica Europea, porque no hay que excluir la posible participación de centrales extranjeras. De estas conexiones sobre todo con el extremismo de la República Federal Alemana, Cossiga había hablado recientemente en entrevistas periodísticas. Cuando días antes de las elecciones fueron asesinados el fiscal de Génova Francesco Cocco y su chófer y guardaespaldas también se avanzó la hipótesis de posibles relaciones con los servicios secretos checoslovacos y con el inencontrable terrorista venezolano Carlos.

El presidente de la República, Giovanni Leone, que era amigo personal del Magistrado, declaró que «se trata de una víctima más de la vil y torva criminalidad política que opera con absurdas represalias contra magistrados que cumplen con firmeza y coraje su deber». Todo el país se ha sumado a esta condena: la opinión pública en general, líderes políticos y sindicales con telegramas a la viuda Occorsio y declaraciones oficiales han condenado este nuevo episodio de violencia contra un juez, el cuarto asesinato de un magistrado en estos últimos años. Occorsio había recibido cartas amenazadoras, la última en su mismo despacho, días pasados, en la que se le exigía la libertad provisional de algunos de los imputados sobre los que indagaba. Al parecer, los terroristas, al arrojar dentro del automóvil del juez las «octavillas-manifiesto», se apoderaron de una cartera con documentos.

El hombre de la calle quiere remedios eficaces sobre la oleada de criminalidad política de extrema derecha y de extrema izquierda que estos últimos años se ha hecho endémica y que los políticos denominan «estrategia de la tensión» para mantener inmóvil el sistema político, cuya degeneración tratan de contener los sinceros demócratas para que el país no descienda «a niveles latinoamericanos», según una expresión que se ha hecho común en el lenguaje político.

Un grupo de estos demócratas ha pedido ya en el Parlamento urgentes medidas para proteger la justicia y sus representantes contra toda clase de criminalidad política. Incluso el secretario político del Movimiento Social Italiano-Derecha Nacional, padre putativo por lo menos de tales organizaciones terroristas, estaría dispuesto a pedir la legalización de la pena de muerte, dado que «los ejecutores del magistrado Vittorio Occorsio y los que ordenaron su asesinato son enemigos del Estado y éste debe defender a sus servidores con toda energía». El diputado socialista Loris Fortuna por su parte declaró que es tiempo de saber «qué organizaciones extranjeras protegen y subvencionan al terrorismo rojo o negro. cuáles son los intereses de esas organizaciones».

Se tiene noticia a última hora de otro atentado en Bolonia contra el domicilio del fiscal Domenico Bonfiglio. Una bomba incendiaria fue lanzada contra el interior de la vivienda desde la calle, causando sólo ligeros daños.