Sofocada una rebelión militar en el Perú

El Gobierno revolucionario del Perú superó en la madrugada de ayer una de las más graves crisis castrenses de los últimos ocho años al controlar la rebelión del comandante del Centro de Instrucción Militar (CIMP), general Carlos Bobbio Centurión.La rebelión fue sofocada sin que se produjeran incidentes y sin que aumentara sensiblemente el patrullaje en el centro de Lima. El movimiento de tanques y de tropas en las proximidades del CIMP dio lugar a rumores en la capital peruana, pero ninguno de ellos pudo ser confirmado, y la radio y la televisión, en sus emisiones finales del viernes, no dieron el menor indicio de que algo estuviese ocurriendo.

El general Bobbio Centurión fue destituido por la Junta Militar que integran los ministros de Marina, Guerra Y Aire. El hecho de que actualmente esté en vigor el estado de emergencia y el más estricto toque de queda en Lima y El Callao, hizo pensar que el movimiento de tanques pudiera estar vinculado con él.

El estado de emergencia fue impuesto después de que las severas medidas decididas por el Gobierno para enfrentar una de las más graves crisis económicas por las que atraviesa Perú, produjeran una importante conmoción social.

Durante todo el día de ayer el Gobierno del presidente Francisco Morales Bermúdez recibió los testimonios de adhesión de las cinco regiones militares del país que reiteraron su apoyo al proceso revolucionario iniciado en 1968.

El ministro del Interior general Luis Cisneros Vizquerra declaró por su parte que las fuerzas policiales respaldan la continuidad del proceso revolucionario actual bajo la dirección de Morales Bermúdez.

Sin mucha información sobre los motivos de esta rebeldía militar, y sus probables consecuencias, se trata ahora de desentrañar los posibles matices de las declaraciones de adhesión de los jefes de las regiones militares, que con la Junta Militar, son las figuras más significativas del proceso revolucionario peruano.

La cuestión central que divide cada vez más al Gobierno es cómo resolver la crisis económica que conoce el país. El programa de reformas estructurales elaborado durante la «primera fase» revolucionaria está en un punto muerto. Los conservadores dentro del ejército, muy en particular en la Marina, oponían su veto a toda nueva nacionalización.

Haciendo concesiones a la derecha, el presidente Morales Bermúdez intentaba equilibrar las tendencias militares cada vez más antagónicas. La izquierda permanecía silenciosa convencida del fracaso de la estrategia neo-capitalista y sus consecuencias sociales.

Las medidas económicas draconianas fueron tomadas en los primeros días de julio, después de treinta horas de discusión en el Consejo de Ministros. La estrategia propuesta por el ministro de Economía, Luis Barua, fue muy combatida por ciertos ministros que veían en ella concesiones a los medios financieros norteamericanos destinadas a obtener préstamos que estaban en negociación.