Oposición de los viticultores valencianos a la política de la Administración

Trescientas cincuenta personas, vinculadas a cooperativas vinícolas, se reunieron en la Coperativa agrícola de Utiel el domingo por la mañana. La asamblea, convocada por la Unión Territorial. de Cooperativas (UTECO) de Valencia, presidida por Luis Font de Mora tenía como finalidad estudiar el cauce, que se debe dar a un escrito que cuenta con más de doce mil firmas de labradores, que refleja el precio total desacuerdo con los marcados por la Administración a sus productos.«Estamos muy cansados de que se nos diga en los Ministerios -manifestó el señor Font de Mora-, que no es tema de su incumbencia. Por esto hemos optado por dirigirio, al presidente del Gobierno.»

La situación de malestar en este sector de la economía valenciana es crónico. El escrito lo deja bien claro al exponer «su total desacuerdo con la política vitivinícola en materia de precios así como la disconformidad con la entrega vínica obligatoria tal y como se realiza. en la actualidad». Acusa la falta de representatividad agrícola del Sindicato de la Vid, Cervezas y Bebidas Alcohólicas «el cual defiende, en general, intereses ajenos viticultor». Finalmente, muestra el descontento por,«la la desproporción irritante que existe. entre los precios que tiene que satisfacer, con el beneplácito, del propio Gobierno (insecticidas, abonos, maquinaria, combustible impuestos)» y los precios que se perciben por los productos.

Las propuestas por parte de este recién estrenado movimiento reivindicativo vitivinícola son muy concretas: los precios de garantía e intervención deben ser de 95 pesetas y 115 pesetas hectógrado, respectivamente. Se propone que se estipule en base al precio que rija en el mercado del alcohol con el fin de eliminar todo. impuesto solapado al agricultor. Solicitan la separación en el sindicato anteriormente mencionado, «de aquellas actividades que contraponen sus intereses a los del viticultor». Por otro lado, los precios de producción han de ser revisados en relación con el aumento de gastos e incremento del coste de la vida.

La última propuesta del escrito dice textualmente: «Sin pretender exigir los precios, que percibe el agricultor del Mercado Común, pese a suministros más económicos que los nuestros, se propone la equiparación del reglamento del FORPPA al del FEOGGA, eliminando el precio de protección y permitiendo que los contratos de inmovilización sean presentados a través de las cajas rurales con la concesión de más del 80 por 100 de su valor a un interés político.»

El sector más dinámico de la asamblea apoyó que el escrito fuese el primer motivo para iniciar una postura de fuerza, contra la Administración. Entre otras cosas se dijo: «si somos débiles es porque estamos desorganizados», «se está ignorando el problema de miles de personas con la poca atención que se« presta a la agricultura», «las Hermandades no han hecho nada por el agricultor», «con 12.000 firmas no nos pueden cerrar las puertas ni el Rey ni el Gobierno», «si los alcaldes no nos representan, tenemos que movernos los agricultores». Esta última afirmación iba relacionada con la postura del alcalde de Requena, ciudad de la zona a poco más de 10 kilómetros, que había hecho oídos sordos a la solicitud de celebrar la mencionada reunión.