El Gobierno boliviano declara "zona militar" las minas en huelga

El Gobierno boliviano declaró ayer zona militar todas las minas en huelga y, simultáneamente, dispuso un aumento salarial para los obreros del sector estatal de la minería, en un esfuerzo para neutralizar la crisis político-social que afecta al país.

Cinco minas se encuentran bajo control militar desde el miércoles pasado. El pasado lunes, la Federación Sindical de Mineros decretó la huelga general indefinida de toda la minería, exigiendo la retirada de las tropas de las minas de Catavi, Siglo XX, Haununi, Corocoro, Quechisla y Colquiri, además de la libertad de los dirigentes detenidos la semana pasada. La consigna de huelga general fue seguida por la mayor parte de las minas.

El conflicto se agravó en la noche del lunes por la declaración de huelga general indefinida en las universidades de La Paz, Cochabamba, Oruró y Potosí.

El Gobierno insistió en que tanto la huelga minera como la un¡versitaria responden a un esquema subversivo alentado por la extrema izquierda.

Por su parte, la jerarquía de la Iglesia Católica se vio sorprendida por la aparición de un documento en que se afirma que la Conferencia Episcopal boliviana apoya la huelga minera y condena la intervención militar. En nombre de los obispos, monseñor Genaro Prata negó validez al documento y rechazó que tales criterios respondiesen a la opinión de la jerarquía católica.

El cadáver del general Torres

La presente crisis comenzó el pasado día 7, cuando los mineros decidieron detener su trabajo por espacio de 24 horas en protesta contra la decisión gubernamental de repatriar a Bolivia el cuerpo del ex presidente, Juan José Torres. El mismo día también estallaron manifestaciones en las universidades del país.Los universitarios no solamente protestaron por el problema de los restos del general Torres, sino también contra la supresión de las facilidades que hasta ahora tuvieron para realizar su servicio militar. Hubo graves incidentes en el enfrentamiento de estudiantes y fuerzas del orden, y fueron cerradas tres universidades de provincia.En lo relativo a los mineros, el Gobierno del general Banzer actuó anteriormente con más prudencia de la mostrada en la presente situación. Los 30.000 mineros bolivianos son el núcleo de la protesta revolucionaria en el país. Aunque todos los sindicatos bolivianos fuesen disueltos en el año 1974, los mineros conservaron sus organizaciones que, en la clandestinidad, siguen siendo muy operativas.