La tortura

LAS DECLARACIONES del ministro de Justicia en Bruselas sobre la postura gubernamental contra la tortura, y la carta pastoral de los obispos de San Sebastián, en la que condenan abiertamente estos métodos, ponen tristemente de actualidad un tema espinoso pero urgente de abordar en la construcción de una sociedad democrática: los posibles casos de malos tratos a detenidos, que han originado algunas denuncias y querellas de abogados e informaciones de prensa en los últimos días.La declaración de «materia reservada» para las actuaciones judiciales referentes a este tema nos parece un error. Pensamos, con la Asociación de la Prensa de Barcelona, que «la información sobre posibles vulneraciones de los derechos humanos, sean quienes sean sus autores, es una contribución a esa sociedad más justa a la que aspira la inmensa mayoría de los españoles».

La puntualización del ministro Garrigues acerca de que serán hechos públicos los resultados de las investigaciones en curso, resulta por eso de lo más acertada. También sus palabras en torno a la necesidad de distinguir los casos aislados del comportamiento genérico de los cuerpos dedicados a la salvaguarda del orden público. «En el caso de que esos hecho se hayan producido -dijo- lo que no puede hacerse es una acusación global contra los cuerpos de seguridad.» Es evidente que no se puede juzgar a la policía por la actitud de uno o un pequeño grupo de sus miembros. Pero es también evidente que precisamente por ello, deben ser los cuerpos señalados los que pongan mayor interés en el descubrimiento y castigo de los culpables de los hechos.

La democracia necesita una policía no sólo temida. El respeto, tantas veces demostrado, de nuestro pueblo a las Fuerzas de Orden Público y la ejemplaridad con que vienen cumpliendo su tarea no debe ser empañado por rumores vagos o silencios que puedan alimentar la duda. Es obligación de la prensa no hacer sensacionalismo barato de los casos incontrolados de malos tratos que hayan podido darse. Pero también lo es la denuncia de esas situaciones, para que nunca más vuelvan a ocurrir entre nosotros. Y al hacerlo, honesta, sencilla y serenamente, solicitamos también a la justicia celeridad en la resolución de los casos planteados. La actitud diáfana del ministro del departamento es para nosotros la mejor garantía de que el ruego no caerá en el vacío.