Los 40 años "anti-partidos" condicionan el proyecto de ley

El importante avance, en términos relativos, de la proyectada regulación de las asociaciones políticas sobre la legislación vigente en la materia es una muestra más del bajo nivel político del que se parte cara a una homologación democrática. Con ser grande la distancia que separa el proyecto de ley español de las normas europeas sobre partidos y de los propios deseos de amplios sectores de la oposición, e incluso del reformismo, resulta aleccionador comprobar qué grado de dificultades han operado, durante cuarenta años frente a un mínimo resquicio al ejercicio del derecho de asociación. Sólo fue posible el Estatuto de 1974; ahora radicalmente superado por un proyecto de norma que continúa siendo insuficiente.

Los largos años en que no ha existido juego político en nuestro país, que no se pueden considerar plenamente cancelados el 20 de noviembre, último, han dejado huellas suficientes como para hacer muy dificil que la política regrese a los ciudadanos. No sólo la legislación del franquismo, sino los hábitos sociales, la mentalización popular, la propaganda política insistente y sistemática, constituyen obstáculos importantes al advenimiento de unas normas jurídicas sobre partidos, normalizadas y ho mologables, cuando sobreviven los sectores que programaron y usufructuaron aquella apatía política y permanecen en puestos claves quienes aceptaron con entusiasmo toda la etapa anterior.Los partidos, el demonio

No se trata ahora de ahondar demasiado en la radical oposición del fundador del régimen, Francisco Franco, a la organización de los partidos, no contestada durante decenios por la clase política, y asumida complacidamente incluso por personalidades tenidas por modernas y proclamadamente democráticas.

No importa tanto que el presidente Carrero aceptara desde siempre la tesis franquista de incluir a los partidos políticos, -como a la masonería y al comunismo-, entre los demonios familiares, que los españoles debíamos rehuir; ofrece más interés presente que una personalidad política como Laureano López Rodó Ilegara a afirmar, en vida de Franco, desde luego, que concebir las asociaciones políticas era semejante a estimar verosímil una mano con seis dedos.

No es asombroso que los pasajes contra los partidos en los discursos de Franco motivaran encendidos aplausos a cargo de unos procuradores dispuestos siempre a entonar el amén, resulta, en cambio, preocupante recordar hoy que una personalidad como Torcuato Fernández-Miranda -con amplias responsabilidades legislativas en la reformista hora presente- utilizara sus habilidades dialécticas para hurtar, en plenos años 70, a los sectores más aperturistas un modestísimo intento de legalización asociacionista, haciendo famosos en aquel entonces argumentos como el de la trampa saducea.

Puede aceptarse como normal que quienes profesaban ideologías netamente totalitarias y casi confesadamente fascistas se mostraran contrarios, con uñas y dientes, a una eventual aceptación de los partidos y es coherente que muchos de ellos, Piñar por ejemplo, se expresen con claridad ahora en el mismo sentido-; hace pensar en la debilidad de los intentos reformistas conocer hoy de buena tinta que cuando se planteó la posibilidad de votar en un consejo de ministros presidido por Franco sobre la regulación del derecho de asociación, un ministro entonces y vice intención de hacerlo a favor, si el votó era secreto, y en contra, si se hacía a la vista del general Franco.

Basten estas muestras sintomáticas para que puedan entenderse en todo su significado no sólo las dificultades que se presentan a la regulación de los Partidos, sino los frágiles cimientos sobre los que se asienta un tal intento -como los restantes proyectos reformistas- cuando no ha sido precedido de una renovación a fondo, respaldada por el pueblo, de los detentadores de las máximas responsabilidades políticas.

El Estatuto, un símbolo

Tras las frustraciones de varios proyectos asociacionistas -el de Solís y el de Fernández-Miranda, los más notables- y el despertar de unos intentos aperturistas que dividieron a la cIase política del régimen en arriesgados partidarios de las asociaciones (algún enfant terrible comoTarragona, se atrevería a decir partidos) y ortodoxos enemigos de las mismas, el estatuto de 1974 dio lá medida de lo máximo que cabía esperar de este régimen sin resquebrajarlo.

Cuando el presidente Arias presentó el estatuto a los españoles, a través de la televisión, lo calificó de Una importante consolidación del proceso democrático de la nación, de nuestra España de ahora y del futuro. Pero el Estatuto de 1974 había sido objeto de intensas críticas por parte de sectores del propio régimen, que estimaron inadmisible el proyecto, e incluso hubo consejeros nacionales -Garicano, Cruylles, Oreja que manifestaron su oposición a un texto que desde la cúspide del Gobierno, de entonces y de ahora, se estimaba como el paso preciso que debe darse en el momento presente.

La corrección de los errores que contenía el estatuto, de diciembre de 1974, ampliamente superado por el proyecto de ley pendiente de debate en las Cortes, importa menos que el convencimiento, de que la reforma política está en Ias mismas manos de quienes valoraron muy positivamente aquella desfasada regulación, moribunda desde su nacimiento. .Con todo, hay que reconocer que si fue muy criticado el marco del Movimiento Nacional como unico posible para las asociaciones políticas, el Proyecto de ley las saca de ese marco, al tiempo que las asociaciones dejan de ser «medios complementarios para la participación de los españoles en las tareas políticas a través de las entidades naturales.- », y se les atribuyen auténticos fines políticos.

Las asociaciones del estatuto de 74 se derivaban de todas las Leyes Fundamentales, globalmente consideradas, mientras que ahora se trata de desarrollar el derecho reconocido en el artículo 16 del Fuero de los Españoles.

El muy criticado control político, a cargo del Consejo -Nacional sobre las asociaciones, lo sustituyó el Gobierno con la creación de Tribunal de Garantías, si bien en este punto subsistieron las críticas dada la configuración del mismo no enteramente jurisdiccional, y la propia ponencia ha transformado el citado atípico Tribunal en un Sala del Supremo.

Asimismo, las exigencias mínimas de miembros y de extensión territorial 25.000 asociados en al menos, quince provincias desaparecen en el proyecto dependiente de debate.

Estas y otras mejoras de la nueva regulación -en cuyo preámbulo se produce el salto, sin precedentes en la literatura oficial, de considerar como de uso legal el término partidos políticos- no evitan, sin embargo, dos objeciones básicas: el proyecto de ley sobre el derecho de asociación política -al margen de las dificultades con que todavía ha de enfrentarse en las Cortes- no es homologable con la regulación europea occidental y el propósito, democratizador que con esta regulación se pretende no ofrece garantías.