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La Diputación de Vizcaya, contra las ponencias para el régimen especial

Las cinco ponencias elaboradas hasta el momento para el establecimiento de un régimen administrativo especial en Vizcaya y Guipúzcoa, suponen un paso atrás en opinión del presidente de la Corporación vizcaína, Pedro Arístegui.

En una de sus intervenciones ante el pleno de la comisión que estudia el tema, resumió así su actitud: «La Diputación de Vizcaya rechaza totalmente las posiciones concretas de los distintos informes recibidos hasta la fecha, salvo aspectos escasísimos y marginales, por otra parte, sin influencia esencial, porque lo redactado no es un régimen administrativo especial.»Con estas palabras, el señor Arístegui rechazaba de plano las cinco ponencias presentadas sobre Presidencia, Obras Públicas, Trabajo y Vivienda, Educación y Ciencia e Información y Turismo. Sólo falta por conocerse los informes de Hacienda y Gobernación, aunque las noticias que se tienen del primero de ellos aseguran que en su redacción se han seguido, también, criterios fuertemente restrictivos.« Nuestras tradiciones -continúa el señor Arístegui-, nuestra buena forma de entender la cosa pública, nuestra historia y nuestras aspiraciones, no son privilegios: queremos orden en nuestras peculiaridades, que se tengan en cuenta las características de nuestra tierra y que se establezca un régimen administrativo justificado por nuestra historia, en el que se respete la buena manera de Vizcaya y Guipúzcoa para gobernar y administrar, y no sólo en el aspecto de los servicios, sino, también, en el de la gestión tributaria»

En algunos medios ha extrañado esta firme postura del presidente de la Diputación de Vizcaya, pero esto puede revelar, de alguna manera, el alto índice de insatisfacción existente entre los representantes de las dos provincias que negocian en Madrid el régimen administrativo especial.

La impresión es que las ponencias no han renunciado a su sentimiento centralista y, de este modo, poco o nada puede conseguirse en este primer y tímido intento descentralizador. La satisfacción que produjo en noviembre el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se anunciaba este régimen especial, se ha ido enfriando con el paso de los meses. Muchos opinaron que los miembros de la comisión carecían de la necesaria representatividad y, ahora, incluso estos interlocutores, presumiblemente cómodos, opinan que las ponencias se han que dado excesivamente cortas.

Frente al Estatuto de autonomía que reclaman la casi totalidad de los grupos de oposición, un régimen especial que ni siquiera satisface a sus defensores, sólo puede agravar las actuales tensiones existentes en el País Vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de mayo de 1976

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