El informe con “graves deficiencias” del bufete Clifford Chance que despejó el camino a Arabia Saudí como sede del Mundial 2034

El sportswashing de Arabia Saudí, un régimen autocrático que vulnera los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+, que amordaza cualquier atisbo de oposición y ejerce la pena de muerte, tiene como piedra angular el fútbol. En su vasta operación de lavado de imagen mediante la influencia que le reporta el deporte de élite —tiene al menos 910 contratos activos con profesionales o entidades deportivas, según la investigación de la organización danesa Play the Game que ha publicado en exclusiva EL PAÍS— ha sido fundamental su acercamiento a la FIFA, el órgano que rige el fútbol en todo el planeta, para hacerse con el Mundial masculino de 2034, el mayor evento futbolístico del mundo.

Riad, que es la única candidatura para acoger el torneo, tiene un interés crucial en el deporte para remodelar la imagen exterior de la monarquía absoluta de los Saud y diversificar su economía —que sufre una dependencia casi absoluta del petróleo— mediante la atracción de inversiones y turistas pese a su fama de dictadura represora de derechos humanos. La FIFA dio el visto bueno a Arabia Saudí —el 11 de diciembre será designada de forma oficial— después de que el país presentara un informe preceptivo e independiente sobre derechos humanos, realizado por la oficina en Riad del bufete londinense Clifford Chance, para acoger la Copa del Mundo de 2034 que estaba lleno de “graves deficiencias”, según denunciaron en octubre Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch, el grupo de derechos humanos saudí en el exilio ALQST y otras ocho organizaciones.

Steve Cockburn, director de Derechos Laborales y Deporte de AI, manifestó entonces: “Si no se acometen amplias reformas, se detendrá a quienes tengan actitudes críticas, se discriminará a mujeres y personas LGBTI y se explotará a trabajadores a escala masiva”. Y añadió: “Con la elaboración de un informe escandalosamente pobre, AS&H Clifford Chance, parte de uno de los mayores bufetes del mundo que da gran importancia a su especialización en derechos humanos, ha contribuido a eliminar un obstáculo final clave [para que el país se haga con el Mundial]”.

La FIFA publicó el pasado viernes el informe en el que da luz verde a Riad y en el que pasa por alto las vulneraciones de derechos humanos después de que el estudio de Clifford Chance también lo hiciera y le allanara el camino a la organización presidida por Gianni Infantino. “El considerable trabajo realizado por la candidata con vistas a elaborar las propuestas relacionadas con los derechos humanos, así como los compromisos concretos que ha asumido, proporcionan una base sobre la que todas las partes pueden colaborar de forma constructiva a fin de desarrollar mecanismos que mitiguen estos riesgos”, dice el texto de la FIFA, cuyos estatutos rezan que está “comprometida a respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y a esforzarse para promover la protección de los mismos”.

La investigación de Play the Game desvela, además, que en Clifford Chance trabaja Fahad Abuhimed, que ocupó puestos de alto rango en organismos gubernamentales y empresas estatales saudíes. Fue miembro de la junta directiva de la Compañía de Aeropuertos de Riad —propiedad del Gobierno—, viceministro de Leyes y Regulaciones y asesor del poderoso fondo soberano del país —el Public Investment Fund (PIF)— y de Neom, el proyecto megalómano del príncipe heredero y primer ministro, Mohamed Bin Salmán, para construir una megaciudad futurista en la provincia de Tabuk (noroeste) que ha provocado desalojos forzosos y sentencias de pena de muerte denunciadas por la ONU. Esta preocupación de Naciones Unidas, por ejemplo, está completamente obviada en el estudio del bufete.

Para Carlos de las Heras, especialista en el país árabe de AI, lo más flagrante del informe de Clifford Chance es que no incluye ningún análisis de fondo sobre los abusos de derechos humanos que se cometen en Arabia Saudí: “Como todo lo que tiene que ver con ejecuciones de la pena de muerte, torturas, desapariciones forzosas, libertad de expresión, cuestiones relacionadas con la discriminación del colectivo LGTBIQ+ o el sistema de tutela masculina [que deja en manos del hombre tutor libertades y derechos de ellas, como elegir con quién casarse]”, explica. “Tampoco profundiza en un gravísimo problema que hay en Arabia Saudí, que es el sistema de kafala [patrocinio], muy similar al que vimos en Qatar en el Mundial 2022. Es bastante preocupante. Nosotros tenemos dos sospechas: una, que Clifford Chance no haya añadido todo este análisis más profundo porque Arabia Saudí no es parte de tratados internacionales de derechos humanos y de tratados laborales; y dos, que la Federación saudí haya presionado al bufete para no incluir estas cuestiones relacionadas con derechos humanos y que van más allá de la celebración de la Copa del Mundo”, apunta.

El sistema de kafala es el que regula la contratación de migrantes que trabajan en Arabia Saudí, muchos de los cuales van ya con contratos firmados en sus países de origen, especialmente estados del sudeste asiático. Para las organizaciones en defensa de los derechos humanos, las grandes preocupaciones de este modelo es que no garantiza un salario mínimo, prohíbe la unión de los trabajadores —no se pueden sindicar— y deja en manos de los empleadores una autoridad casi absoluta —incluso para dejar el puesto— que a veces deriva en jornadas maratonianas que alcanzan las 20 horas. “Las cuestiones laborales son muy similares a las que nos encontramos en su momento en Qatar”, insiste Carlos de las Heras, cuya organización estima que el 80% de los empleados de Arabia Saudí son mano de obra extranjera.

La FIFA, sin embargo, otorgó el viernes a Riad una calificación de riesgo “medio” en materia de derechos humanos y le dio la mayor puntuación global otorgada nunca —4,2 sobre 5, la misma que recibió la propuesta conjunta de España, Portugal y Marruecos para 2030— en el informe en el que aprobó su candidatura para la Copa del Mundo 2034.

Ese mismo día, la organización dirigida por Infantino hizo público otro estudio independiente que encargó y que concluye que la propia FIFA —junto con otros actores— tiene la responsabilidad de garantizar la reparación a los trabajadores de Qatar 2022, donde según Hassan Al Thawadi, el responsable de organización del Mundial, murieron unos 500 empleados en la construcción de estadios —The Guardian cifró en 6.500 los fallecidos en todas las infraestructuras en una investigación propia—. Las organizaciones de derechos humanos calculan que cientos de miles de migrantes sufrieron abusos en la Copa del Mundo de hace dos años. El fondo que han lanzado conjuntamente la FIFA y Qatar, por valor de unos 47,6 millones de euros destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Acnur —la agencia de la ONU para los refugiados—, no incluye ningún tipo de indemnización para los empleados afectados.

Además de organizar el Mundial 2034, Arabia Saudí, a través de su empresa estatal Aramco, la mayor petrolera del mundo, firmó en abril un “acuerdo global” con la FIFA para convertirse en un “socio mundial principal” hasta finales de 2027 junto a firmas como Coca Cola, Adidas, Visa, Qatar Airways o Hyundai-Kia. El contrato provocó que más de un centenar de jugadoras —entre ellas, algunas de las mejores del mundo— escribieran en octubre una carta a Infantino para pedirle que rompiera con Aramco al ser una compañía de un régimen que vulnera los derechos humanos, además de contribuir sobremanera al cambio climático. La FIFA alegó que el dinero del contrato —90 millones de euros anuales, según The Times— ayuda al desarrollo del fútbol jugado por mujeres y que no es la única organización que recibe billetes de la monarquía absoluta de los Saud.