Dopaje en el deporte, investigaciones encalladas y sanciones por aplicar años después de la sentencia: así busca España desatascar las operaciones estancadas

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y todas sus subsidiarias (ITA, AIU) y organismos nacionales creados en los últimos 20 años reconocen sin cesar que solo las grandes operaciones de inteligencia e investigaciones policiales son eficaces en unos tiempos en los que el porcentaje de positivos en los laboratorios se queda en menos del 3% de las muestras analizadas. La advertencia no es necesaria en España, país en el que tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como la policía y los Mossos han llevado a cabo grandes operaciones desde hace 20 años.

Puerto, Cursa, Grial, Galgo, Skype, Ílex… Grandes investigaciones policiales contra el dopaje, espectaculares detenciones, requisiciones, descubrimientos, nombres, Eufemiano, Marta Domínguez, Valverde, titulares explosivos en los periódicos, y la misma sensación de frustración y desencanto final, tanto en los investigadores como en la población. Ni sanciones para los deportistas implicados, ni condenas penales para los organizadores, incitadores y proveedores de las tramas de dopaje, como si ni la justicia penal ni las administraciones sancionadoras supieran cómo aplicar la ley española que penaliza el dopaje, aprobada en noviembre de 2006.

El pesado pasado parecía olvidado el miércoles nevado en una sala madrileña del ministerio del Interior en la que dos secretarios de Estado del Gobierno, el de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes (también presidente de la agencia antidopaje española, CELAD), y la de Seguridad, Aína Calvo, firmaron un nuevo convenio de colaboración “para establecer mecanismos coordinados de actuación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. Para la foto acudieron un comisario general de Policía Judicial y el general Blanes, de la Guardia Civil, precisamente en un momento en el que la unidad antidopaje de la UCO no ha presentado aún un nuevo responsable después de que el último dejara el puesto, cansado precisamente de que sus investigaciones acabaran en un callejón sin salida.

Gracias a los descubrimientos de una de sus operaciones, la Ílex, llevada a cabo en 2022, la Unión Ciclista Internacional (UCI) sancionó al ciclista colombiano Miguel Ángel Supermán López con cuatro años de suspensión en mayo de 2024, pero la CELAD aún no ha castigado al médico Marcos Maynar, su presunto incitador y proveedor, ni al masajista que le administró el producto prohibido. Pese a la petición de la Fiscalía en 2024 de casi cuatro años de prisión para Maynar, la jueza de Cáceres que lleva el caso aún no ha cerrado el sumario y convocado el juicio.

“Bueno, estamos en los procedimientos. Cuando hay delito penal, el procedimiento del secreto judicial obliga a ir más lentos hasta que no llegue la orden judicial a la CELAD”, reconoció Carlos Peralta, director de la agencia española, que también asistió a la ceremonia de la firma. “Intentamos aclarar cuándo podemos llevar al campo administrativo un delito penal e intentamos adelantarlo lo más posible. Hemos aclarado el circuito que tiene que ser y eso nos facilitará hacerlo más rápido. Eso es uno de los objetivos del convenio, poder agilizar tanto la sanción administrativa como el juicio penal”.

Otras investigaciones de la UCO encalladas en el limbo del derecho administrativo de los expedientes implican a ciclistas españoles a los que descubrieron su relación profesional con un preparador sancionado. Según el Código Mundial Antidopaje, seguir relacionándose con personal sancionado equivale a un positivo y debería ser sancionado como tal. “Estamos justamente cerrando algunos casos que eran anteriores”, prometió Peralta, que lamentó, en cierta forma, que las numerosas investigaciones crean “un embudo” en el que se pueden atascar los casos. “Y estamos también con nuevas operaciones que no podemos decir por confidencialidad”.

El séptimo director con que cuenta la agencia tras su fundación en 2006 tras Javier Martín del Burgo, Ana Muñoz, Manuel Quintanar, Enrique Bastida, José Luis Terreros y Silvia Calzón, y tercero con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, mostró, sin embargo, un orgullo legítimo al resaltar sus logros y un optimismo inquebrantable al hablar del futuro. Resaltó el aumento de número de controles antidopaje en el último año, unos 5.000 en lugar de los 4.000 del año anterior, lo que motivó que recibiera la felicitación de la Agencia Mundial Antidopaje. Anunció que volvería a crearse estructuralmente el puesto de director de Inteligencia para, justamente, coordinarse con los cuerpos y fuerzas de seguridad y seguir los chivatazos que llegan al buzón de denuncias anónimas.

Y previó, además, que por primera vez en la historia la adecuación de la ley antidopaje española a los cambios periódicos del código mundial —el próximo, ya aprobado, entra en vigor el 1 de enero de 2027— se hará a tiempo para evitar por fin que España entre en la lista de vigilancia o de incumplimiento de la AMA. “Estos días vendrá a Madrid la gente de AMA para seguir trabajando en el borrador que ya les enviamos”, dijo Peralta sobre un procedimiento en el que el regular motivo de roce es la práctica sumisión absoluta que exige la AMA al texto del código, basado en el derecho anglosajón, que choca con la tradición jurídica española.