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La justicia europea obliga al Valencia a devolver 23 millones a la Generalitat

Bruselas había declarado ilegal un aval del Gobierno valenciano de 2009

Lluís Pellicer
Obras del Nuevo Mestalla, en 2011.
Obras del Nuevo Mestalla, en 2011.JORDI VICENT

El Valencia CF deberá devolver a la Generalitat valenciana 23,2 millones de euros por un préstamo que Bruselas consideró que constituía una ayuda de Estado ilegal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó este viernes la suspensión cautelar del retorno de esa cantidad al considerar que el club cuenta con recursos suficientes para afrontar los pagos. En concreto, la Corte de Luxemburgo considera que el Valencia cuenta con líneas de crédito que suman 54 millones de euros y el apoyo financiero de su principal accionista. En cambio, los jueces de la UE sí estimaron la petición de suspensión provisional del Hércules, que debía retornar 6,9 millones de euros.

La cantidad a la que alude la sentencia fue inyectada en 2009. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dependiente de la Generalitat, concedió un aval a la Fundación Valencia CF para lograr un préstamo de 75 millones de euros que usó para adquirir la mayoría accionarial del club en una ampliación de capital. La Comisión Europea investigó esa operación y en 2016 concluyó que se trataba de ayudas de Estado ilegales que debían ser retornadas con intereses a la Administración. El IVF considera que ese aval no constituye ninguna ventaja pública irregular y ha mostrado su "respaldo" al club, aunque mantendrá conversaciones con Bruselas para saber cómo proceder.

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En total, el Valencia debe ingresar a las arcas públicas valencianas 20,3 millones de euros por el aval recibido del IVF y otros 2,9 millones en intereses. El club, presidido por Peter Lim, ha recurrido en las instancias europeas para no tener que afrontar esa sanción. A pesar de que el Tribunal de Justicia de la UE no se ha pronunciado todavía sobre el fondo de la cuestión, Bruselas indicó a la Generalitat valenciana que debía reclamar el dinero. Así lo hizo a comienzos de año, pero el club también recurrió esa decisión y consiguió prolongar la devolución del dinero.

Tregua al Hércules

Sin embargo, la Corte de Luxemburgo ha acabado respaldando la tesis de la Comisión Europea y el club deberá ingresar esa cantidad sin esperar a la sentencia definitiva. El Valencia alegó que la decisión de Bruselas dañaba la imagen a un club centenario y lo perjudicaba en las competiciones deportivas. Sin embargo, el tribunal de la UE considera que tiene recursos suficientes para afrontar esa cantidad al disponer de una línea de crédito de 54 millones de euros y del apoyo financiero de Peter Lim, su principal accionista. Es decir, la devolución del dinero público no pone en riesgo la viabilidad financiera de la entidad.

Los jueces europeos, en cambio, sí han considerado que el Hércules puede esperar a ingresar 6,9 millones de euros a las arcas del banco público valenciano, que también lo avaló en 2010 para que consiguiera un préstamo. En este caso, el tribunal en junio le había negado la suspensión cautelar señalando que su presidente se había comprometido a cubrir con aportaciones de particulares el déficit derivado de que las nóminas de los jugadores sobrepasaban los ingresos del club. Sin embargo, los jueces creen que esas aportaciones no se pueden considerar procedentes de sociedades vinculadas directamente con la entidad que, recuerda, juega en la Segunda División B.

El Instituto Valenciano de Finanzas ha afirmado en un comunicado que en las próximas semanas mantendrá contactos con la Comisión Bruselas para "valorar la situación actual" y conocer "los pasos a seguir" tras la resolución judicial. Además, mantendrá conversaciones con el Valencia CF para "garantizar la seguridad jurídica del club".

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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