El escándalo se extiende por América Latina

El escándalo de la corrupción en la FIFA está cebándose sobre todo con Latinoamérica. Once de los 18 imputados en el caso por la fiscal general de EE UU, Loretta Lynch, son latinoamericanos. Uno de ellos, José Maria Marin, arrestado el miércoles en Suiza, fue apartado ayer de su cargo como vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Otros tres de ellos están siendo buscados por la justicia de Argentina para su detención y posterior extradición a EEUU. Y, además, los dirigentes que presidían las diez asociaciones nacionales que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) han sido acusados en forma paralela por la fiscal Lynch de recibir sobornos por un contrato de derechos comerciales de las próximas cuatro ediciones de la Copa América.

La denuncia de la fiscal general de EE UU señala que la empresa de mercadotecnia deportiva Datisa, propiedad de los argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y su hijo Mariano y el norteamericano Aaron Davidson, “acordó el pago de 100 millones de dólares [92 millones de euros] en sobornos a los funcionarios de la Conmebol, todos ellos también dirigentes de la FIFA, por el contrato en 2013 de la Copa América: 20 millones por la firma y 20 millones por cada una de las cuatro ediciones”. Aquel convenio se refería a las copas de Chile del mes próximo, de EEUU en 2016 —que se celebrará de manera extraordinaria por el centenario del torneo—, de Brasil en 2019 y de Ecuador en 2023.

De dicha cifra, unos 15 millones habría recibido el entonces presidente de la Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo, otro de los siete arrestados el miércoles en Zúrich por orden de EE UU por supuestos sobornos en las votaciones para elegir las sedes de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Una cifra idéntica cobraron supuestamente los entonces líderes de la CFB, Marin, y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el fallecido Julio Grondona, quien dirigió esa entidad durante 35 años y fue vicepresidente de la FIFA. Además, se habrían embolsado 7,5 millones cada uno los entonces jefes de las asociaciones del fútbol de Paraguay, Juan Ángel Napout, y de Perú, Manuel Burga; y los actuales responsables de Bolivia, Carlos Alberto Chávez; Chile, Sergio Jadue; Ecuador, Luis Chiriboga; Colombia, Luis Bedoya, y Venezuela, Rafael Esquivel, otro de los siete encarcelados. Jadue se defendió diciendo que el dinero fue depositado en la cuenta de la federación de su país, y no en una propia. También la asociación argentina dijo que los fondos que supuestamente se pagaron a Grondona fueron a las arcas de esa entidad.

La Confederación Brasileña reaccionó al encarcelamiento de Marin con la destitución de su cargo actual de vicepresidente. Marin, de 83 años, fue elegido en 1982 al mismo tiempo como gobernador del Estado de São Paulo todavía bajo la dictadura militar (1964-1985) y presidente de la Federación Paulista de Fútbol. Como gobernador duró un año; como dirigente del fútbol, seis. Entre los años 2012 y 2015 presidió la CBF.

En Argentina, mientras tanto, un magistrado ha aceptado la petición de la justicia norteamericana de captura y extradición de Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis. Una vez que sean arrestados, el juez argentino deberá decidir si autoriza o no su entrega a Estados Unidos.