La familia de Muñoz Ramonet reclama las 474 obras requisadas por la Guardia Civil

La respuesta de la familia del industrial Julio Muñoz Ramonet no se ha hecho esperar. Después de que el pasado viernes el Ayuntamiento de Barcelona anunciara la recuperación en febrero y marzo de 474 obras de arte en nueve actuaciones de la Guarda Civil (cinco viviendas y cuatro almacenes de Madrid, Barcelona y Alicante) la familia ha dado a conocer un comunicado (el segundo durante este largo proceso que dura casi 25 años) en el que pide que se le devuelvan todas las obras requisadas y asegura que ha “recurrido la entrada y registro declarado secreto por el Juzgado de Instrucción”.

Según afirman en una breve nota, las obras incautadas “no pertenecen al legado otorgado por D. Julio Muñoz Ramonet, por lo que deben ser restituidas a la familia”. Y afirman: “Las obras intervenidas se encontraban depositadas en España en dos almacenes especializados, a nombre de sociedades familiares y en sus domicilios particulares”. Por eso, mantienen: “Nada estaba escondido y todo pertenece a la intimidad familiar que el Ayuntamiento no ha respetado”.

La familia asegura en el comunicado que “ha recurrido la entrada y registro declarado secreto por el Juzgado de Instrucción, pues se han incautado de multitud de obras que el Juez de Primera Instancia de Barcelona ha ordenado por auto de 22 de octubre de 2018 que no pertenecen al legado en favor de la Fundación Muñoz Ramonet”.

El único recurso que consta a los abogados de esta fundación, que desde 1995 lucha en los tribunales por el legado que dejó a Barcelona el industrial, es el que presentó el 3 de marzo Manuel Castelo, hijo de Isabel Muñoz y nieto de Julio Muñoz el mismo día en el que se estaba llevando a cabo el registro en su vivienda de Madrid. Ese recurso no está resuelto y en todo caso, aseguran los abogados de los intereses barceloneses, no va a representar la devolución de las obras a la familia, sino que se tendrá en cuenta en el momento del juicio.

Los Muñoz alegan que: "La práctica totalidad del legado se entregó judicialmente en el año 2013 salvo un inventario de 1971, que no había sido identificado por la Fundación en su demanda”. No tienen en cuenta que las actuaciones judiciales que han acabado con la incautación de las obras son como consecuencia de la demanda penal que se presentó y se aceptó por el juez en junio de 2014 por "sustracción y falta de entrega de la mayor parte del legado pictórico que Muñoz Ramonet constituyó a favor de su fundación y en beneficio de la ciudad de Barcelona”. Una querella que tenía una segunda parte por estafa procesal “que habrían cometido las hermanas tras la presentación como prueba de un documento falso con la intención de llevar a error al juez, en grado de tentativa”.

Para la familia de Muñoz Ramonet “no existe ninguna resolución judicial que determine que las obras intervenidas por la Guardia Civil formen parte del legado otorgado por D. Julio Muñoz Ramonet. Por consiguiente, el Ayuntamiento de Barcelona no solo ha revelado el contenido de unas diligencias secretas —de las que no se había dado traslado a la familia cuando ha dado la rueda de prensa—, sino que ha comunicado información de forma precipitada y errónea”.

El pasado viernes, cuando el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Subirats, el abogado Marc Molins y el teniente de la Guardia Civil, Juan José Águila, responsable de la Unidad Central Operativa de Delitos Contra el Patrimonio, dieron a conocer los primeros datos de la operación hacía más de dos meses que se había levantado el secreto de sumario. De hecho, el Ayuntamiento y la fundación tuvieron noticia de estas actuaciones a finales de julio, cuando el juez los llamó para comunicárselas, una vez levantado el secreto de sumario.

Y es que, pese a lo que puede parecer, nadie del Ayuntamiento ni de la Fundación Julio Muñoz Ramonet ha podido ver las 376 pinturas y dibujos, las 87 miniaturas pictóricas, las cuatro esculturas, cuatro marfiles y tres tapices incautados, ni tampoco los inventarios que también se han localizado, determinantes para esclarecer el número total de obras legadas y cuáles son. De las piezas depositadas en Madrid, en dos casas de almacenaje y en el Instituto del Patrimonio Cultural de España y en Barcelona, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, solo se tiene constancia por la información facilitada por el juzgado.

Es por eso que, desde el Ayuntamiento y la Fundación han pedido al juez poder verlas en Madrid o, mejor, después de trasladarlas a Barcelona, para poder llevar a cabo un “catálogo razonado” que permita cotejar las piezas con los inventarios. El Ayuntamiento y la Guardia Civil reconocen que puede haber obras incautadas que no formen parte de la herencia, pero eso solo se podrá determinar con el punteo, una a una, de estas 474 piezas.

El comunicado de los Muñoz termina diciendo: “La familia fue obligada a pagar la cantidad de 3.083.654 euros, después de las oportunas valoraciones realizadas por los peritos de las partes y por un perito independiente designado por el Juzgado. Dicha cantidad está depositada en el Juzgado civil y está a disposición de la Fundación desde hace meses”. Esta cantidad está en depósito del juez que lleva a cabo la ejecución de la causa civil que enfrenta a la familia de Muñoz Ramonet con el Ayuntamiento desde 1995. Los abogados de la Fundación han recurrido este peritaje de las obras llevadas a cabo por un experto. Para ellos es evidente “una desviación a la baja de millones de euros, que el perito ha obrado de mala fe o con prevaricación”. Los abogados apelaron la decisión de aceptar este peritaje a la Audiencia Provincial, que todavía no ha resuelto.