La dirección de la SGAE destituye a Pilar Jurado de la presidencia

La Junta Directiva de la SGAE ha puesto esta tarde punto final al mandato de Pilar Jurado, presidenta de la entidad de gestión de derechos de autor más importante del país durante 15 meses. En una sesión extraordinaria, celebrada telemáticamente en plena crisis sanitaria por la Covid-19, la presidenta recibió 22 en contra de su permanencia y solo 13 a favor. La cifra de votos negativos coincide con la de quienes habían presentado la moción de censura dos días antes.

Jurado, cantante, compositora y directora de orquesta, fue la primera mujer en presidir la SGAE, donde sucedió al músico asturiano José Ángel Hevia, también destituido mediante una moción de censura similar a la de ayer. Ahora se abre un mes para elegir al nuevo mandatario. Una vez pase este plazo, la Junta Directiva se volverá a reunir y votará a su máximo representante. En esta transición, el presidente en funciones será Fermín Cabal, dado que es el miembro más veterano de la Junta Directiva.

El pasado lunes, a última hora de la tarde, la moción echó a rodar con la firma de 22 miembros de la Junta Directiva. Los firmantes alegaron un “personalismo derivado en autoritarismo”, y una “falta de transparencia en la gestión de la casa”. Anteayer, en un intento de frenar la moción, Jurado envió una carta a los miembros de la Junta Directiva en la que reconocía el error del cambio de organigrama —nombró subdirector general a Clifton Williams— sin permiso del Ministerio de Cultura y prometía rectificar la decisión si permanecía en el cargo. “Es posible que algunas de las muchísimas decisiones que se han tomado hayan podido ser desacertadas o no las más apropiadas en el momento, pero cuando eso ha ocurrido no he tenido problema alguno en reconocerlo y encontrar la manera de reconducirlo”, escribía Jurado el martes.

El intento resultó inútil. Por si fuera poco, el Consejo de Dirección también había aprobado a primeros de abril —ignorando de nuevo al Ministerio de Cultura— anticipos “excepcionales” por un importe cercano a 1,5 millones de euros, cuyos beneficiarios eran parte de los propios consejeros de la entidad. Los destinatarios de esta medida cobrarán esta semana las cantidades, en medio de la crisis sanitaria y del parón cultural. Una emergencia que también se traducirá en pérdidas económicas para la SGAE: Pilar Jurado estimó que tendrían 75 millones de euros de pérdidas por la Covid-19, frente a los 290 millones de euros que recaudaron en 2019.

Jurado se marcha con el logro de la aprobación del 85% de los socios de la reforma estatutaria (imprescindible para adecuarse a la Ley de Propiedad Intelectual y la directiva europea). Los estatutos siguen, cuatro meses después, a la espera de que el Ministerio de Cultura los dé por válidos. Sin embargo, Jurado no ha sido capaz de dar carpetazo al escándalo de la rueda, ni de acabar con el enfrentamiento con el Ministerio de Cultura ni hacer una entidad más transparente. Tampoco ha logrado frenar la fuga de grandes cuentas como la de Almodóvar, Bayona, Perales o Julio Iglesias, entre otras. Bajo su mandato también se produjo la expulsión de la SGAE de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) en mayo de 2019 por “el trato discriminatorio de los titulares de derechos y las prácticas desleales relacionadas con el reparto de derechos”.

Este organismo internacional debería revisar en mayo su decisión de excluir a la entidad española. En una carta remitida por la CISAC a Pilar Jurado, el pasado 9 de abril, se afirma que la reforma estatutaria fue importante, pero “no es suficiente para remediar muchas de las cuestiones destacadas por la CISAC que violan las reglas profesionales de la confederación”. De hecho, la organización aplaudía en la misiva la creación de una comisión de supervisión de la propia entidad, pero censuró el hecho de que este órgano estuviese conformado por ex miembros de la Junta Directiva: “Plantea serias preocupaciones con respecto al conflicto de intereses”, señalaba Gadi Oron, director general de la organización.

La CISAC se mostraba “extremadamente preocupada” porque los procesos de toma de decisiones en la SGAE eran “defectuosos” y “no involucran a la gran mayoría de las partes afectadas”. “Muchas decisiones son tomadas por un pequeño grupo de personas que no son suficientemente representativas” de los intereses administrados por la SGAE, rezaba la carta. Y concluye tajante: “Esto plantea serias preocupaciones con respecto a la credibilidad de las decisiones”. Para la CISAC la única manera de restablecer la confianza en la SGAE es convocar “lo antes posible” elecciones a la Junta Directiva para “establecer una representación justa y equilibrada”. La CISAC ha reclamado a la SGAE que los beneficios de la música nocturna no superen el 15% de la recaudación, pero la organización internacional advierte que la entidad española sigue aplicando el 20%, el máximo permitido por la ley española. “Esperamos que el problema del límite de reparto se aborde nuevamente tan pronto como se hayan celebrado unas elecciones”, apuntan.