La conservación del patrimonio peligra por la desaparición de los especialistas

“No podemos soportar una rebaja del 91% en la conservación de las catedrales. Es terrible el descenso de las inversiones para la conservación”. La voz une a asociaciones e instituciones que se dedican a proteger y conservar el patrimonio español ante las Administraciones, pero las comillas son de Antonio Coronel, presidente de la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico (Arespa). El experto formó parte de la docena de especialistas y responsables políticos que participaron este lunes en el debate Patrimonio y política, organizado por la Universidad Alfonso X el Sabio en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

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Coronel fue el más contundente de los ponentes al exponer las necesidades del patrimonio ante las inminentes elecciones generales. Alertó de las consecuencias de la reforma de 2017 de la ley de contratación, que priorizó las bajas económicas en la intervención de los monumentos. “¿A quién ha beneficiado la falta de especialización en contratos por debajo de 500.000 euros, cuando todos sabemos que la mayoría de las obras de restauración están por debajo? No lo sé, pero a quien sí ha perjudicado es al monumento, porque hay malas prácticas en la restauración y son daños irrecuperables”, señaló el responsable de Arespa.

En este sentido, coincidió con el representante de VOX, Lucio Rivas, quien pidió una reforma de la ley de contratación para evitar que la oferta económica más favorable no sea perniciosa para el patrimonio. “No es lo mismo conservar un monumento que hacer un túnel. El acceso a los contratos públicos debe variar en función del mismo”, añadió Rivas, cuyo partido no ha dedicado ni una línea en su programa a la defensa del patrimonio. Tampoco el PP. Desde Podemos y Ciudadanos también reclaman la necesidad de recuperar la categoría de especialización para intervenir en los hitos y evitar fallos irreparables.

Una reforma urgente

“La ley de contratos es una bomba de relojería que dejó el Gobierno anterior, hay que dejarlo claro. Esa ley es una barbaridad, éramos conscientes de ello, pero no nos ha dado tiempo a reformarla”, ha dicho Javier García Fernández, subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte. "Esa ley está pensada para que la Administración no pueda hacer nada y si el PSOE vuelve a gobernar será una de las principales tareas a acometer", ha añadido.

“La ley de contratación nos está asfixiando. En cualquier otro país se está pagando 20 veces más por nuestro trabajo. Las grandes constructoras se están llevando los concursos y están acabando con el tejido de empresas y especialistas. Nos estamos extinguiendo porque no tenemos acceso a esos contratos. Es insufrible. Los oficios se están perdiendo, el patrimonio está en peligro”, ha advertido Macarena Sanz Lucas, restauradora. En ese sentido, desde el COAM se denuncia que “no se puede calificar a Dragados como una empresa restauradora”. “Necesitamos proteger a nuestros restauradores”, puntualiza el representante de Ciudadanos, Mariano Fuentes.

A favor de la ciudadanía

García Fernández, mano derecha del ministro de Cultura, José Guirao, cree que la defensa del patrimonio histórico necesita a la ciudadanía y a sus asociaciones. En sus planes de Gobierno había previsto un incremento de la dotación económica para ayudar a estas iniciativas.

“Cuanto más se fortalezca la sociedad civil, más protegido estará el patrimonio. Debemos incitar a las asociaciones a que trabajen más y a que tengan más medios”, ha añadido García Fernández. "El compromiso con los ciudadanos es más dinero en los presupuestos, porque el patrimonio es de todos, por eso debemos comprometernos con un diálogo continuo con las asociaciones”, ha añadido.

Desde Ciudadanos, apuestan por regular la participación a través de la ley de mecenazgo y generar instrumentos de debate para que los políticos entiendan lo que quiere la sociedad. Alicia Torija, arqueóloga y vocal de Podemos, ha reclamado la colaboración de la ciudadanía y el apoyo de las Administraciones a las asociaciones que se dedican al control de la protección. “La sociedad civil debe estar más involucrada y apoyada”, ha afirmado. “Debemos crear una metodología participativa y articularla en una ley. En el Consejo de Patrimonio de la Comunidad de Madrid la ciudadanía no está presente”, ha explicado Torija.

También ha quedado pendiente de desarrollo la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, con la incorporación del patrimonio inmaterial, el industrial y el paisaje, siempre respetando las competencias de las comunidades autónomas. “Teníamos un borrador de la reforma, pero se ha parado con la convocatoria de las elecciones”, cuenta.

Turismo, pero con cuidado

Otra de las fuentes de tensión en la conservación del patrimonio es su explotación sostenible. El máximo responsable del Gobierno ha aclarado con contundencia que “el patrimonio es una fuente de identidad y de cultura y eso es compatible con una explotación sostenible, pero no podemos caer en el mito que todo el turismo sirve, porque es incompatible”. “El turismo que va a la playa no es el mismo que disfruta del patrimonio: la conservación es la prioridad. El Museo del Prado no puede estar abierto las 24 horas”, ha añadido.

Mientras que Paloma Sobrini, representante del PP y directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado más flexible en la reconversión de los monumentos para otros usos, "porque el cáncer del patrimonio es el desuso”. Mientras que la vocal de Patrimonio del COAM, Mercedes Díaz, ha asegurado que “no solo hay que conservar, sino también permitir la transformación del patrimonio, algo que las leyes actuales no facilitan”. Alicia Castillo, presidenta de Icomos España, ha alertado sobre este aspecto: “Los intereses privados se están imponiendo a los públicos” y ha señalado el peligro por el que atraviesa el Palacio Bellas Artes de San Sebastián.