La ley refuerza los derechos de autor y combate la piratería
Las webs que alojen contenidos sin permiso podrán ser cerradas sin intervención judicial por un órgano nombrado por el Gobierno
El Congreso aprobó este martes la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que propone medidas contra la piratería en Internet, consolida el modelo para fijar tarifas por usar contenidos sujetos a derechos de autor y refuerza la transparencia de las entidades de gestión. El texto, respaldado por unanimidad en la Comisión de Cultura, irá ahora al Senado y podrá estar aprobado para final de año.
La norma, que adapta a la legislación española dos directivas de la UE, refuerza la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital y permite el cierre de páginas web sin que sea necesaria la autorización judicial. Con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, se regresa así al modelo establecido por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ya que estas competencias recaerán en la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, bautizada entonces como comisión Sinde, por la ministra de Cultura de ese Ejecutivo Ángeles González-Sinde.
Combatida por Google y otros gigantes digitales, la ley se propone frenar las descargas en Internet sin permiso de contenidos protegidos por derechos de autor. El cierre de las webs ya no requerirá un procedimiento judicial, que era muy garantista, pero resultaba poco operativo. A partir de ahora, asumirá esta tarea un órgano cuyos miembros serán nombrados por el Ejecutivo.
Fijar las tarifas
La reforma ha atendido algunas de las demandas de los usuarios, entre los que figuran las cadenas de radio y televisión —quienes más dinero aportan a las entidades de gestión—, universidades, hosteleros o empresas de telecomunicaciones. Así, se mantienen los siete principios establecidos para fijar las tarifas que se abonan a las entidades de gestión por usar su repertorio. Igualmente, se regula el régimen transitorio en caso de conflicto entre un usuario y las entidades de gestión: hasta que se resuelva la discrepancia, el usuario pagará a cuenta el 100% de la última tarifa general acordada antes del conflicto o el 50% de la nueva. La enmienda que inicialmente pactaron PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos situaba ese porcentaje en el 70%.
Las televisiones solo han conseguido que el retorno económico de la música que emiten en horario con "ausencia de audiencia significativa" (de madrugada) suponga como máximo el 20% del total de su facturación, si bien la enmienda inicial fijaba el tope en el 15%. Este ha sido uno de los puntos más conflictivos. Durante el debate, el PP planteó que el límite del 20% solo se aplicara a la recaudación de las editoriales musicales, sin afectar a los autores. Esta fórmula de retorno —conocida como la rueda— ha estado en el ojo del huracán por un escándalo fraudulento en el cobro de derechos de autor. Según el texto aprobado, las entidades de gestión adoptarán las medidas necesarias para evitar que determinadas obras reciban cantidades desproporcionadas respecto al rendimiento comercial o de audiencia durante su explotación.
La ley revalida las cesiones de edición musical de los autores durante toda su vida y hasta 80 años tras su muerte. Unidos Podemos planteaba reformar este aspecto, pero su propuesta para suprimir lo que se considera "contratos de esclavitud" no prosperó. La ley elude el espinoso asunto de la "reciprocidad material", una reclamación de los usuarios para evitar el pago de derechos no reconocidos en otros países.
Mayor control sobre las recaudaciones
La Ley de Propiedad Intelectual establece mayores controles a las entidades de gestión de derechos e impone medidas para que operen de una forma más transparente. A partir de ahora, aquellas entidades de gestión que recauden más de 100 millones de euros al año -solo la SGAE alcanza esa cifra en España- tendrán que nombrar "como miembros del órgano de control interno a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano". Además, se exige la trazabilidad de las cuentas para conocer con todo detalle el origen de los ingresos o la procedencia de la recaudación.
