Radios y televisiones autonómicas se suman a las críticas a los cambios previstos en la Ley de Propiedad Intelectual

Si las grandes emisoras de radio y televisiones privadas de España ya manifestaron hace unas semanas su rechazo a los cambios que se están preparando en el Congreso de los Diputados en la Ley de Propiedad Intelectual, ayer fueron los entes públicos autonómicos los que manifestaron su preocupación. "Las enmiendas planteadas a la ley podrían tener consecuencias impredecibles”, ya que podrían "modificar, otra vez, la actual situación tarifaria y generar más confusión e inestabilidad en el sector", dice una nota difundida por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta). 

La federación se queja de que los esfuerzos hechos por el organismo "mediante la suscripción de acuerdos específicos" con las entidades de gestión de derechos de autor (como la SGAE, AIE o AGEDI) para el uso de sus repertorios por medio de pagos a cuenta podrían ahora verse socavados con los cambios. La nota no especifica cuáles son, pero los puntos más polémicos de las enmiendas introducidas en el Congreso al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual tienen que ver con la composición de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI), el organismo encargado de arbitrar las diferencias y fijar las tarifas en caso de conflicto, que sumaría un miembro más, el quinto, rompiendo los equilibrios alcanzados hasta ahora, según fuentes de sector. Además, otra de las enmiendas propone que, en caso de desacuerdo entre emisoras y televisiones y derechos de gestión a la hora de fijar los precios, deberán abonar el 70% de la tarifa impuesta antes de que se resuelva en conflicto, reforzando, en opinión de las mismas fuentes, la facultad de las entidades de gestión de subir de forma unilateral los precios. 

Así, la Forta defiende en su nota la actual legislación, que cuenta "con suficientes criterios objetivos y de equidad para la adecuada elaboración de las tarifas" y que, tras los ajustes hechos en los últimos años, ha dotado "de un mayor equilibrio a la posición dominante que las entidades de gestión han mantenido históricamente a la hora de determinar de forma unilateral, no pactada, sus tarifas". Y añade: "Estos criterios ya incorporados a la actual normativa establecen medidas que avalan el 'pago por uso efectuado' y pretenden garantizar que la tarifa a abonar se corresponda con 'el valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida, (…) buscando el justo equilibrio entre las partes”. 

Se refieren a la postura que las radios y televisiones vienen años defendiendo para empezar a pagar en función del uso efectivo del valor que los contenidos aportan a los usuarios, y no tener que abonar, como hasta ahora, una especie de tarifa plana, es decir, un porcentaje de sus ingresos, que les permite acceder a todo el catálogo. Sobre el SPCPI, la nota defiende su labor y su composición, pues está conformada "por relevantes miembros con experiencia tanto en el ámbito de la propiedad intelectual como en el de los mercados y la competencia, preservando el equilibrio necesario entre el pago por el uso de derechos gestionados por las entidades de gestión y el acomodo de estas tarifas y pagos a los criterios del mercado", señala la Forta.

De ese modo, la federación concluye su comunicado insistiendo: "Resulta preocupante que todo el esfuerzo y trabajo puedan perjudicarse por la incorporación de novedades en el texto que introduzcan nuevos parámetros o escenarios cuyo resultado sea nuevamente impredecible".