El impacto de la censura en Arco obliga a PP y PSOE a tomar partido

La censura suele acarrear malas digestiones. Cuando la galerista Helga de Alvear descolgó el miércoles de su estand de Arco la obra Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, que incluye a independentistas catalanes como Oriol Junqueras, ante la petición de Clemente González, presidente ejecutivo de Ifema, estallaron de inmediato las denuncias de censura política. Entonces, el PP se puso de lado e intentó desentenderse del asunto, si bien su representante en el comité de la feria madrileña había apoyado la retirada de la obra. El PSOE, por su parte, se mostró tibio y contradictorio. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de Ahora Madrid, exhibió un contundente rechazo públicamente y en el seno del comité de Ifema a la censura y defendió la libertad de expresión. También el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, fue firme en su condena. Mientras tanto, la obra se ha convertido en un símbolo para el independentismo y ayer se agotaron los 500 folletos informativos de la pieza de Sierra, vendidos a 10 euros cada ejemplar

Tras el aluvión de críticas y el impacto nacional e internacional de la censura en una feria de arte contemporáneo, las cosas cambiaron algo ayer. Ifema pidió disculpas, aunque no propuso reponer la obra, el PP intentó matizar su posición con proclamas por la libertad de expresión pero sin condenar el veto y primeras espadas del PSOE se sumaron al coro liderado por Podemos y Ciudadanos de rechazo a la decisión de retirar la obra.

El Gobierno de Mariano Rajoy y la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, no obstante, se mantuvieron ayer de perfil y negaron toda responsabilidad. Cifuentes insistió en que Ifema actuó “de común acuerdo” con la galería. “Si los que han tomado la decisión lo hicieron para evitar la polémica han provocado lo contrario”, se desmarcó el portavoz del Gobierno y ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que justificó el respeto a la libertad de expresión “porque nos gusta”. “[La decisión] ha sido adoptada por una entidad privada y en ese seno se tiene que evaluar”, sostuvo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que también dijo defender la libertad de expresión. El accionariado de la feria se lo reparten la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Madrid (31% cada institución) y la Fundación Montemadrid (el 7%), que también se opuso a la retirada.

La portavoz parlamentaria en el Congreso, Margarita Robles, pasó de afirmar el miércoles que “todo los que ayude a bajar la tensión hay que valorarlo positivamente” a rectificar: “Dije que me parece bien con carácter general cualquier planteamiento, no ese especifico, que ayude a rebajar la tensión, pero la libertad de expresión evidentemente está siempre por encima de todo”. En el PSOE reconocen que el posicionamiento inicial de Robles les condicionó. A los intentos del responsable de cultura de la ejecutiva, Ibán García, se sumaron ayer con contundencia distintos miembros del PSOE, entre ellos el secretario general, Pedro Sánchez.

Podemos y Ciudadanos, por el contrario, han mantenido el mismo discurso. La alcaldesa de Madrid decidió no acudir ayer a la inauguración de Arco para expresar su “disconformidad”, e Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, aprovechó para exigir la derogación de la ley mordaza.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, consideró que la retirada es un error porque “al final el arte es provocación”. “El arte es libre y nosotros no hubiéramos tomado esta decisión”, afirmó Inés Arrimadas, líder de esta formación en Cataluña.

Mientras tanto, la tormenta continuaba también dentro de Arco. A las nueve de la mañana, el comité ejecutivo de Ifema celebró una reunión de urgencia para buscar cómo suavizar los efectos de ser la primera de sus 37 ediciones de Arco con una obra retirada.

Las instituciones presentes debatieron sobre la conveniencia de que el público general que a partir de hoy tiene acceso a la feria pueda ver la serie de 24 retratos pixelados de Sierra. La resolución llegó en modo de comunicado a las dos de la tarde, con un texto en el que se pedían disculpas, se negaba la censura y desaparecía la opción de recuperar la obra, como se barajaba en un principio.

Helga de Alvear recibía las noticias de los periodistas. Se mostraba dispuesta a volver a colocar la serie. “Si me lo piden, las volveré a poner, siempre que se ocupe de ello Ifema. Creo que ya todos hemos hecho bastante el ridículo y, sobre todo, yo”.

Destinado a la comunidad artística, el comunicado dice: “(...) lamentamos y pedimos sinceras disculpas ante la controversia que se ha producido consecuencia de la petición a una galería para la retirada de una obra, que en ningún caso perseguía ejercer ninguna censura a la creación, aun cuando la percepción pública haya sido ésta. No hubo mala fe en esta acción, y aceptamos las críticas recibidas, comprendiendo que debemos evitar en el futuro cualquier circunstancia de esta naturaleza”.

Pero, pese a que la feria siguió a su ritmo y, según algunos galeristas, no disminuyeron las ventas, el descontento era evidente. Elba Benítez calificaba lo ocurrido de desastre para la imagen de la feria mostraba dos espectaculares fotografías de Ibon Aranberri vendidas por 16.000 euros. La directora de la galería parisina Michel Rein, Violeta Blasco, resumía su opinión en una palabra: vergüenza. “No lo he visto nunca en una feria". En cuanto al negocio estaba satisfecha. Acababa de vender una instalación del chileno Enrique Ramirez por 25.000 euros. La responsable de la galería Marlborough, Mercedes Roig, señalaba que ya ha vendieron dos obras de Antonio López por 315.000 y 90.000 euros.

Entre los visitantes se encontraba Jesús Silva, embajador de España en Caracas hasta la reciente orden de expulsión de Nicolás Maduro. Miembro del equipo de Cultura de Miguel Ángel Cortés que llevó en 2003 a Sierra a la Bienal de Venecia, recordó. “La relación con el artista fue excelente, y seguimos en contacto. Frente a las críticas que siempre surgen ante obras de arte político, siempre dijimos lo mismo: el límite es el Código Penal y el presupuesto”.