El fiscal pide cuatro años de cárcel para Jaime Botín por contrabando de un ‘picasso’
Por intentar sacar de España la obra sin permiso y reclama una multa de 100 millones
El fiscal pide una pena de cuatro años de cárcel y multa de 100 millones para Jaime Botín por delito de contrabando, relacionado con la salida de aguas jurisdiccionales españolas del cuadro de Picasso Cabeza de mujer joven, valorado en 26,2 millones de euros, del que le acusa el Ministerio de Educación, según el escrito del fiscal delegado de Medio Ambiente, César Estirado, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Pozuelo (Madrid), Enrique Presa, acordó recientemente la apertura de un procedimiento abreviado por presunto contrabando contra el expresidente de Bankinter en el que archivó la causa contra el patrón del velero Adix, en el que estaba la obra cuando fue intervenida en el puerto de Calvi, en Córcega (Francia). El barco es propiedad de Euroshipping Charter Company, cuyo principal accionista es Botín, y en la embarcación navega el exbanquero y su familia por todo el mundo desde hace años. Además del picasso, el velero aloja en sus camarotes otras importantes pinturas y obras de arte de su colección privada.
El fiscal rechaza en su escrito de acusación todas las pruebas que la defensa de Botín ha presentado durante el proceso de instrucción, que se inició hace dos años, cuando el cuadro fue intervenido por agentes de la Gendarmería francesa que seguían instrucciones del Ministerio del Interior español. Además de la petición de cárcel y multa solicita que la obra se declare “de dominio público español”, en aplicación del artículo 29 de la Ley de Patrimonio Histórico. El abogado del Estado personado en la causa en representación de la Administración todavía no se ha pronunciado. Cabeza de mujer joven fue trasladado al Museo Reina Sofía el 12 de agosto de 2015. El óleo quedará en custodia en el museo hasta que culmine la investigación sobre su supuesta exportación ilícita.
El juez de Pozuelo, término municipal en el que reside Botín, puede ahora declarar el sobreseimiento de la causa o dictar un auto de apertura de juicio oral, en el que deberá determinar si el empresario cometió o no un delito de contrabando. La defensa del expresidente de Bankinter señaló ayer que este y sus asesores entendieron que “navegar por el Mediterráneo dentro de aguas de la Unión Europea con el cuadro a bordo no infringía la prohibición de exportar”, e incidió en que la obra nunca “salió de su círculo privado”. “Nunca pensamos que esa circunstancia iba a constituir un contrabando”, destaca el letrado que defiende a Botín.
La acusación pide que la obra se declare de "dominio público español"
El caso arrancó en 2012, con la petición de la firma de subastas Christie's Ibérica a la Secretaria de Estado de Cultura para poder exportar la obra a Londres. Entonces, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español rechazó la autorización, “por no existir una obra semejante en el territorio español”. Botín alegó entonces que el “cuadro fue pintado en el extranjero, se compró en el extranjero y allí había tenido siempre su domicilio permanente”.
La obra estuvo en colecciones privadas extranjeras hasta que lo compró Botín en 1977. La defensa del empresario ha argumentado en sus escritos que la pieza estuvo de forma permanente a bordo del barco de nacionalidad británica, " territorio extranjero a todos los efectos incluso cuando toca puertos españoles". El fiscal de Medio Ambiente señala en su escrito que el empresario conocía la prohibición administrativa de exportabilidad del cuadro cuando lo trasladó al velero Adix mientras estaba atracado en el puerto de Valencia.
Medios jurídicos consultados destacan la dificultad de demostrar en un caso como este el dolo o intencionalidad en un delito de contrabando, en especial con el perfil del acusado. El juez, según estos medios, no archivará la causa y dictará la apertura de juicio oral por lo que previsiblemente Botín será juzgado. El caso podría recaer en alguno de los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla.
Por la vía contencioso administrativa, el 20 de mayo de 2015, hubo una sentencia favorable a la Administración que fue recurrida por la defensa del exbanquero. La decisión de este tribunal ha quedado suspendida hasta que se resuelva la vía penal.
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