Juicio al albacea de Carlos Cano por sustraer fondos a sus herederos

La fiscalía pide dos años de cárcel para un abogado por desviar 480.000 euros

El cantautor granadino Carlos Cano.
El cantautor granadino Carlos Cano.JUAN FERRERAS

Tras fallecer el cantautor Carlos Cano en el año 2000, su herencia comenzó a menguar de manera vertiginosa. Los derechos de autor y el canon por la venta de discos, pero también sus propiedades, se fueron esfumando en una espiral que sus herederos frenaron solo un lustro después. De 1,2 millones, la sociedad que gestionaba sus bienes pasó a contar con solo 3.000 euros en caja.

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Ahora, tras siete años de investigación judicial el albacea del cantautor, José María Rosales, se sentará en el banquillo dentro de dos semanas acusado de sustraer 480.563 euros a los herederos, su exesposa y sus dos hijas. La fiscalía pide dos años de cárcel por apropiación indebida para el exabogado del artista, que falleció de forma prematura a los 54 años. La familia del cantautor, que denunció en 2010 el supuesto desvío de fondos, eleva su petición hasta los cinco años y medio de prisión para “la única persona autorizada para operar con sus cuentas bancarias”, subraya el fiscal. Sin embargo, además de mano derecha de Cano, Rosales fue decano del Colegio de Abogados de Granada y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Es decir, el representante de los 43.000 abogados andaluces.

Tras vender una casa, el coche y un fondo de inversión, el letrado pagó deudas, impuestos y salarios de músicos, pero también cargó supuestamente viajes privados a Roma, hoteles y restaurantes por 9.746 euros a las cuentas de la sociedad Dalur, creada por el artista para gestionar sus bienes. Lo hizo de espaldas a su familia, según el relato del fiscal: “480.563 euros no justificados los cuales, el acusado, con ánimo de ilícito beneficio, hizo suyos ilegítimamente”, reza el escrito del ministerio público.

Pese al demoledor informe del perito judicial que analizó el agujero contable, Rosales, de 65 años, defiende su inocencia y sostiene que todo se debe a una confusión. “No hay nada de lo que se me acusa. La familia puso directamente una querella pese a que le entregué toda la documentación (...) El juicio no es un plato de buen gusto, es un daño tremendo”, admite.

El compositor y gran renovador de la copla tenía una fe ciega en su abogado. Sin embargo, tras la muerte de Cano su letrado se aprovechó supuestamente de esta confianza y dio evasivas a los requerimientos de transparencia que le hacía la familia. A una de las hijas le dijo que debía abandonar los estudios, y esta se puso a trabajar ante la supuesta insolvencia. “El proceso fue muy doloroso. Sus hijas y esposa pasaron una temporada terrible porque Rosales era una persona muy poderosa en Granada. Hasta que no les quedó más remedio que acudir a la justicia”, recuerda el abogado demandante Eliseo M. Martínez, que censura el modo manu militari del letrado ante la petición de explicaciones. Tanto las hijas como la esposa han declinado opinar para este reportaje.

El antiguo mánager del artista, Antonio Peña, extrajo de la cuenta bancaria de Dalur 11.722 euros entre 2001 y 2001. “Fueron pagos a facturas para músicos y arreglistas, que cobraban en efectivo pero con recibos, están las liquidaciones aprobadas”, asegura. “Todo lo mío lo tengo más que justificado. No he visto nada raro hasta ahora que empieza el juicio”, añade Peña, que declarará en sala como testigo.

De momento, antes del juicio la instructora María Ángeles Jiménez ha obligado a dos compañías aseguradoras a consignar 600.000 euros en el juzgado para asegurar el hipotético pago por responsabilidad civil del exdecano de los abogados. “Sin prejuzgar nada, si el fiscal ha acusado es porque hay buenos indicios. Pero es una cuestión personal a pesar de su trayectoria institucional”, subraya el actual presidente del Consejo Andaluz de los abogados, José Pozo.

En 2005 las herederas de Carlos Cano destituyeron a Rosales como consejero delegado de Dalur tras evitar presentar las cuentas de la sociedad entre 2001 y 2004. Fue después de una supuesta apropiación indebida que la Audiencia de Granada juzgará en 15 días.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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