Las entidades de gestión piden la retirada de la Ley de Propiedad Intelectual

Un grito se oye. Dos, claro, resuenan más. Pero si las voces llegan a ser decenas, todas protestando a la vez, el volumen aumenta considerablemente. Por ello, y para que el eco llegue hasta los oídos del Gobierno, las ocho entidades de gestión de España, así como varios artistas y creadores del mundo cultural, se han juntado esta mañana en el madrileño Círculo de Bellas Artes para dejar claro su mensaje: “No a la Ley Lassalle [como se conoce a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, por el apellido del secretario de Estado para Cultura]”.

De hecho, el acto terminó con público y representantes en el escenario aplaudiéndose mutuamente y coreando su oposición a la ley que, tras su aprobación en el Congreso, está siendo debatida en el Senado. Antes, se habían repetido las reivindicaciones y los ataques que las entidades de gestión llevan disparando contra el Gobierno y la normativa desde que se puso en marcha sin preguntarles qué opinaban, al menos según ellos. Hubo, eso sí, una novedad: tras recomendar modificaciones de la ley, ahora la apuesta sube. “Pedimos la retirada del anteproyecto, ya que el texto aprobado en el Congreso es regresivo”, defiende el manifiesto consensuado que leyó al final José Luis Acosta, presidente –interino, desde que se viera obligado a convocar elecciones en la entidad- de la SGAE.

El principal caballo de batalla de las entidades es el mismo que ya atacó el Consejo de Estado y sobre el que el Tribunal Supremo expresó sus dudas la semana pasada: la compensación por copia privada. Porque, para sustituir al enterrado canon digital, el Gobierno acuñó un sistema con cargo a los Presupuestos del Estado que redujo la recaudación para las entidades de 115 a cinco millones. Así, España aporta el 0,8% de la compensación equitativa de 600 millones que se genera anualmente en la UE, según un documento entregado en el encuentro. “Es increíble que un canon que pagaban los fabricantes tecnológicos, en su mayoría extranjeros, haya acabado recayendo sobre la gente”, defendía Enrique Cerezo, presidente de EGEDA (y del Atlético de Madrid).

El sistema, de hecho, no convence al Alto Tribunal que ha enviado dos preguntas a Bruselas para entender su compatibilidad con las directivas europeas: el Supremo quiere saber si es aceptable que la cantidad proceda de los Presupuestos del Estado y que su cuantía esté vinculada al dinero que tengan las arcas públicas para ese año. Aun así, el Gobierno ya ha asegurado que la tramitación de la ley sigue adelante y que cuenta con aprobarla en el Senado entre finales de octubre y principios de noviembre.

“El Ministerio nos está dando largas desde hace dos años. Aseguraron que recogerían nuestras propuestas, pero no adoptaron ni una sola de las enmiendas nuestras o de la oposición. ¿Cómo explicamos a nuestros colegas internacionales que en España se cuestiona una y otra vez que se deba pagar por la música, el cine, la literatura?”, afirmó en su intervención Luis Cobos, presidente de la Sociedad de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE). En un repaso que citó a la Revolución Francesa, recordó que la Cultura emplea a casi 500.000 trabajadores y genera un 3,5% del PIB y calificó de “aberrante” y “demencial” la normativa, Cobos contó también que el Ministerio de Cultura les comunicó que no lograba “convencer a ministerios más potentes”.

Por tanto, el punto tercero del manifiesto pide directamente a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que se implique en el proyecto. No se debe, aseguran las entidades, a su especial sensibilidad cultural sino a razones más prácticas: “Un vicepresidente a veces en situaciones complejas es la figura que asume la coordinación entre los ministerios y hace de intermediario”. Básicamente confían en que la mediación de Soraya lleve sobre todo Hacienda a sacar más de sus bolsillos.

Escondidos tras la gran batalla por la copia privada, el encuentro citó de paso los otros problemas que afronta la industria: la piratería, la promesa incumplida de una Ley de Mecenazgo, la reducción de las inversiones y el IVA cultural al 21%. Sin embargo para algunos creadores, como la cantante Pasión Vega, es este último el asunto más problemático: “Nos hace la vida imposible. No conozco un solo artista que pueda subsistir con esto”.

La creadora malagueña subió al escenario del evento junto con otros 21 creadores y los presidentes de las ocho entidades para sellar idealmente la unión de espíritu del sector. Algo quizás necesario teniendo en cuenta la imagen negativa que la opinión pública tiene de estos organismos, sobre todo desde el escándalo que afectó en 2011 a la SGAE. Así, varios artistas, de Benito Zambrano a Pepe Viyuela, se fueron levantando uno tras otro y explicando su oposición personal a la Ley Lassalle. Y el actor recordó que en Holanda el IVA al 21% duró cuatro meses, el espacio suficiente como para el Gobierno se diera cuenta del error. Aunque, como contaba el actor Carlos Bardem, en España la situación es distinta: “No es torpeza sino ideología. Tienen interés en tener a la cultura arrasada, ya que el pueblo inculto es más manejable”.

Entre tantos ataques y exigencias, algunas de las entidades afrontan a su vez críticas por sus tarifas, “abusivas” según la Asociación Española de las Radios Comerciales (AERC) que interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Sin embargo, las entidades se reafirman en su posición y consideran, en palabras de Acosta, que se les dice que bajen las tarifas sin entregarles “ningún informe que demuestre que son altas o justifique en qué porcentaje habría que reducirlas”. En definitiva, otro No.