Muchos problemas sin resolver

El Gobierno ha decidido en el último Consejo de Ministros remitir a las Cortes un proyecto de ley que modifica la actual Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, ley que viene siendo exigida no solo por las industrias culturales sino por muchos sectores de la sociedad española.

Sin embargo se trata de una reforma parcial, que deja muchos de los problemas sin resolver, como por ejemplo cómo hacer efectiva la compensación remuneratoria de la excepción educativa, con una excesiva remisión a futuros desarrollos reglamentarios.

No obstante, el texto resuelve tres problemas: la piratería, las entidades de gestión y la copia privada.

Posiblemente, el más urgente es el de la piratería, a la luz de la penosa situación que se vive en España en las prácticas digitales. En este sentido, el proyecto, a mi juicio, avanza propuestas razonables pero que necesitan ser perfeccionadas en el trámite parlamentario. Solo se considera infracción las desviaciones más significativas, pero infracciones son todas las que la ley señale sean o no significativas, aunque se deban de perseguir prioritariamente las más importantes.

La única medida eficaz es el bloqueo de las páginas piratas, y este se deja a la discrecionalidad de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano que devendrá clave en el funcionamiento y aplicación de la nueva ley y en la creación de un mercado digital ordenado, pero que si no se le dota de las suficientes garantías técnicas y de medios materiales y personales adecuados, que hoy por hoy no tiene, convertiría en agua de borrajas todas las medidas que el proyecto plantea.

Es necesario que las páginas de enlace y los buscadores sean responsables. No es riguroso ni jurídicamente correcto alegar: “no sabía que esos contenidos eran ilegales”. La ley debe establecer su responsabilidad. Si estos aspectos mejoran en el trámite parlamentario, seguro que empezaremos a reducir la piratería.

El proyecto de ley hace un meritorio esfuerzo en mejorar y procurar la trasparencia entre las entidades de gestión. Me gustaría que ese esfuerzo, justo y necesario, se trasladara a otros sectores productivos. Sin embargo el proyecto no establece criterios mínimos para que se puedan establecer políticas tarifarias coherentes y razonables, sin grandes desviaciones de precios y no se establece un arbitraje obligatorio ante la Comisión de Propiedad Intelectual, por lo que puede ocurrir que tengamos mayor trasparencia en la organización de las entidades de gestión pero sin embargo se tengan políticas tarifarias opacas.

Por lo que se refiere a la copia privada, me parece negativo el alejamiento del modelo europeo y que sea el contribuyente y no el mercado el que deba pagar, debiendo reflexionarse sobre esta medida que solo favorece a la industria tecnológica.

Antonio María Ávila es director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España.